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¿Se forma un nuevo partido? Cumbre de Schiaretti, Morales, Frigerio, Monzó, Urtubey, Randazzo y Javkin en San Isidro

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Peronistas anti-K y radicales del interior están en tratativas de formar una nueva coalición que tenga peso en el Congreso y pueda presentar una candidatura propia en 2023. ¿Dónde entra Larreta en todo esto?

Mientras Larreta busca posicionarse como el líder de Juntos por el Cambio y Alberto Fernández pelea por llegar a una reelección, varios pesos pesados de la pseudo-oposición mantuvieron una cumbre en San Isidro donde se habló de las posibilidades de armar una nueva fuerza.

La reunión fue convocada por el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien recibió en su casa de San Isidro al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, al intendente de Rosario Pablo Javkin, al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, al ex gobernador de Chaco Ángel Rozas, al diputado por Entre Ríos Rogelio Frigerio, y a los diputados por Buenos Aires Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Graciela Camaño.

Esta reunión fue la “primera de muchas”, según contaron fuentes consultadas, y los dirigentes de distintos sectores y distintos partidos están en tratativas de formar una nueva coalición nacional de cara al 2023, que reúna a peronistas no kirchneristas, radicales del interior, socialistas y ex PRO.

Apuntan a cerrar la grieta“, dijo una fuente consultada. Quien aclaró que si bien se tiene como objetivo las elecciones del 2023, se habló mucho de “acuerdos políticos” en el Congreso, y crear una fuerza que pueda presionar leyes por fuera de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Otro de los temas centrales que se habló fue la idea de incluir a Sergio Massa, algo que propuso el propio Gerardo Morales, pero que otros rechazaron ya que saben que Massa en un grupo así sería el líder natural y el candidato a presidente indiscutido.

Nadie lo dice abiertamente pero todas las figuras mencionadas quieren ser el candidato a presidente por este espacio de “centro” en 2023, algo por lo que ya habían coqueteado en 2019 antes que vuelva Cristina Kirchner. Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti estaban preparando una “alianza peronista” para enfrentar a Macri, hasta que apareció Cristina con Alberto, y todos salieron a alinearse de un lado o del otro.

Es probable que de concretarse un espacio así, tanto Morales como Schiaretti y Randazzo compitan en unas PASO por la candidatura. Aunque hay otro trasfondo que podría ser más relevante.

Monzó, una de las figuras más fuertes en esta reunión, está actualmente negociando convertirse en el jefe de campaña de Larreta para 2023. Se cree que para Monzó esta cumbre no fue más que “probar las aguas” para ver si se podría generar una fuerza de “centro” que respalde una candidatura presidencial de Larreta, tanto dentro como fuera de Juntos por el Cambio.

Todas estas figuras están negociando ingresar a Juntos por el Cambio (o en algunos casos, no irse), pero también se habla mucho de qué va a hacer Larreta si Mauricio Macri decide presentarse como candidato en 2023.

El libro “Primer Tiempo” de Macri señala una clara intencionalidad de volver a intentar llegar a la presidencia, y la reciente foto con Donald Trump en Florida no es casualidad. La pregunta viene a ser: si Macri se presenta, ¿Larreta le compite en unas PASO?

Desde el PRO aseguran que “una candidatura de Macri mata todo“, y que no sería sensato hacerle unas primarias a un ex presidente que en los papeles sigue siendo el líder de la coalición.

En este escenario, Larreta no descarta abrirse de Juntos por el Cambio y formar esta gran alianza de radicales y peronistas de centro, un “botón rojo” que habría planteado Emilio Monzó en una reunión con el jefe de Gobierno porteño.

En ese escenario, Macri quedaría muy debilitado: perdería apoyo de la UCR en el interior, la columna vertebral del macrismo en las últimas dos elecciones, el PRO se partiría al medio y la Coalición Cívica podría caer de un lado o del otro.

Es poco probable que esta situación se termine dando, pero contemplando que existe la posibilidad de esta ruptura, desde el larretismo tratan de convencer a Macri que no se presente. Sea por donde lo mires, Larreta tiene sus ojos puestos en 2023 y no va a permitir que nadie se lo saque.

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Un funcionario K se “olvidó” de apelar un fallo de la Justicia y ahora el Ejército deberá entregar tierras a los mapuches en Bariloche

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Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. La Justicia perita computadores y celulares en busca de pistas para determinar si fue error humano o intencional.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema por un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas que actualmente pertenecen al Estado Nacional, a una comunidad mapuche.

El predio en cuestión funcionaba como una academia de entrenamineto militar en San Carlos de Bariloche, pero hace algunos años, una parte fue tomada por terroristas mapuches, y desde entonces se desarrolla una batalla judicial entre los representantes indígenas y el Ministerio de Defensa argentino.

Insólitamente, el propio Estado argentino perdió la causa luego de que por alguna razón misteriosa, el Gobierno “se olvidó” de apelar la decisión judicial, que según fuentes familiarizadas con la causa, hubiera fácilmente ganado en la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien reivindica la causa mapuche. Diputados de la oposición habían presentado una denuncia penal contra ella por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, tras una rápida investigación, determinó que el responsable fue en realidad Gastón Haveladirector de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.

Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.

Stornelli ordenó allanar las oficinas de Havela, y entre el material secuestrado se encontró una nota elaborada por Luis Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, el coronel Walter Horacio Faneco.

Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.

Havela fue notificado el miércoles 2 de febrero a las 12:11, y él es quien debería haber presentado la apelación en tiempo y forma. Tenía 48 horas para hacerlo, pero lo presentó recién el viernes 4 de febrero a las 15:09, cuando el plazo venció ese mismo día a las 12 del mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca tuviera que rechazar el reclamo por la demora en apelar.

La justicia investiga si la irregularidad en la presentación fue un error humano de Havela, lo cual fuentes cercanas al Ministerio descartan porque tiene una larga carrera como funcionario público, o si lo hizo a propósito con el objetivo de boicotear los intereses judiciales del Gobierno, y socavar las posibilidades de salvar el terreno.

Terrenos donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, que ahora deberán ser entregados a los mapuches.

Havela tuvo una llamativa escalada jerárquica. Se desempeñió como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ubicado allí por el kirchnerismo porteño a pesar de ser chaqueño, y luego en 2020, cuando el Frente de Todos llegó al poder, fue nombrado en el Ministerio que en ese momento comandaba Agustín Rossi.

El juez Daniel Rafecas ordenó el análisis de todos los documentos encontrados en el allanamiento, además del peritaje de computadoras y teléfonos celulares, para determinar si Havela cometió un error o su decisión fue intencional.

Incluso se busca determinar si no hubo una colaboración de Havela con los mapuches, quienes han intentado en el pasado convencer a funcionarios del Estado para avanzar en su agenda separatista.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reclamada por la comunidad Millalonco Ranquehue.

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Alberto busca lanzar su campaña para la reelección en octubre: Asegura que la inflación caerá a la mitad

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Su círculo íntimo le dice que no alcanza con una mejora económica y que tiene que trabajar en un armado político.

Alberto Fernández está convencido que una mejora de la economía para el último trimestre del año le permitirá lanzar su campaña por la reelección, mientras en su entorno le aconsejan que tenga un armado político propio por las diferencias con Cristina.

El presidente cree que para septiembre y octubre la inflación bajará a la mitad respecto de los últimos dos meses, en los que no bajó del 6%. Y que eso sumado a la mejora en el resto de los indicadores le dará aire para volver a anunciar su intención de reelección.

El propio Alberto insinuó la semana pasada desde Europa que buscará otro mandato pero se desdijo luego de que el peronismo hiciera un silencio espeso. Quedó otra vez en evidencia que el presidente no tiene una estructura propia, que es lo que le exige su entorno para soñar con un segundo mandato en medio del asedio del kirchnerismo.

Hoy el “albertismo” está comprendido por un sector muy magro del peronismo, pero con mucho poder. Alberto Fernández tiene el apoyo de los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Santiago Cafiero y Juan Zabaleta.

Además cuenta con el apoyo del “Grupo Callao“, entre ellos Cecilia Todesca, Sabina Frederic, Alejandro Grimson, y Victoria Tolosa Paz; el movimiento alfonsinista, del cual se destacan figuras como Leandro Santoro y Ricardo Alfonsín, y el peso pesado: la CGT.

Los líderes sindicales de la CGT se han parado incondicionalmente al lado de Alberto Fernández, y hoy es su principal garante de gobernabilidad. Los gremialistas recuerdan cómo Cristina intentó a lo largo de su gobierno llenarle los sindicatos de militantes camporistas, y están muy a gusto con el actual minsitro de Trabajo, Claudio Moroni.

No es casualidad que Claudio Moroni es el único ministro albertista además de Guzmán y Kulfas que no han sido removidos de sus cargos por Cristina.

Moroni es uno de los ministros que no cede ante las presiones sistemáticas que existen desde la política para romper un modelo sindical argentino“, arengó Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad.

Y lo diferenció de sus antecesores del macrismo y el kirchnerismo: “Tenían la debilidad que ante cualquier embate político se generaban sindicatos paralelos, se rompía la unicidad del movimiento obrero“.

La Cámpora y la CGT vienen haciendo demostraciones de fuerza en las calles hace algunos meses ya. Los sindicalistas tomaron las calles el pasado Día de la Lealtad, el 17 de octubre del año pasado, cuando recién comenzaban los cruces. Los camporistas respondieron con una masiva movilización el 24 de marzo por el Día de la Memoria, cuando no le dieron el micrófono al presidente.

Incluso otras vertientes dentro del Frente de Todos aprovechan la interna, y pulsean las calles. El Polo Obrero, Barrios de Pie y demás movilizaciones que responden a Pérsico y Grabois también han tomado la 9 de julio en los últimos meses. Ellos particularmente piden un ministerio propio.

La calle la perdimos cuando nos robaron el atril“, se sinceró Gerardo Martínez, de la UOCRA, quien se encuentra preparando un acto con 20 mil personas para apoyar al presidente aunque dijo que los sindicatos se quieren movilizar para exigir un plan antiinflacionario. Un apoyo híbrido como el que recibió el Gobierno el Día del Trabajador.

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$1,6 millones para salvarse de un delito: La Justicia aceptó que Alberto Fernández pague para cerrar la causa del Olivos Gate

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El presidente quedó exonerado de su delito por celebrar un cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, dictaminó este lunes a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a su novia, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 que él mismo había decretado al celebrar un cumpleaños clandetino en la Quinta de Olivos en julio del 2020.

Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Además, Yáñez se comprometió a pagar 1,4 millones de su propio bolsillo.

Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para que pueda hacerse efectivo el pago. Lo irónico es a dónde será destinado este dinero: irá a “fortalecer el sistema sanitario de los hospitales públicos dedicados a atender la crisis sanitaria derivada de la pandemia“.

Cabe recordar que el 14 de julio del 2020, en el marco del cumpleaños número 39 de Fabiola Yáñez, el mandatario llevó a cabo una celebración en plena cuarentena en los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Fernández organizó una fiesta en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, donde se registraron fotos y videos del encuentro publicadas por varios medios.

Todos llegaron al lugar en auto, lo cual no estaba permitido, estuvieron en un espacio cerrado sin ventanas abiertas ni barbijo, lo cual era ilegal, y no cumplieron con el distanciamiento social. Mientras pasaba esto, familias enteras llevaban meses sin verse, sin festejar cumpleaños ni asistir a velorios, por un decreto inconstitucional del propio presidente.

En el evento participaron nueve personas, incluidas amigas de Yañez, sus empleados, la modelo Sofía Pacchi y Emmanuel López, quien fuera su asesor.

Alberto Fernández y otros tres imputados primero intentaron establecer la “inexistencia de delito”, contradiciendo su propio decreto que lleva su propia firma. Pero finalmente la Cámara Federal de San Martín desestimó el planteo y afirmó que había necesidad de involucrar a la Justicia.

A partir de ese momento, el abogado Juan Pablo Fioribello diseño una estrategia para que el presidente no vaya a juicio, y trató, con éxito, resolver la cuestión en audiencia conciliatoria. Lo logró con todos los imputados. Alberto Fernández pagará $1,6 millones, Fabiola $1,4 millones; Emmanuel López $250.000; y Santiago Basavilbaso y Fernando Consagra $220.000 cada uno.

La donación propuesta es un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Este polémico mecanismo permite la extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Según el mandatario, pedirá un préstamo al Banco Nación para pagar la conciliación, ya que no cuenta con el dinero para hacer el pago. Según su declaración patrimonial de 2021, Alberto Fernández cuenta con un patrimonio total de 5,7 millones de pesos, pero no todos están líquidos.

La gran mayoría de su patrimonio en blanco está en un departamento en la Av. Callao donde solía tener su estudio jurídico, que luego convirtió en sede de campaña en 2019. Esta propiedad está valuada en poco más de 2 millones de pesos.

Después asegura tener créditos (dinero que otras personas le deben pero no ha podido cobrar) por otros casi 2 millones de pesos. Por último, tiene un Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2019, valuado en $1.455.000, y menos de $350.000 en bienes, acciones, y efectivo.

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