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Crece la tensión en CABA: con decenas de bloqueos en todo el país, sigue el paro de transportistas

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Con el acto principal en el Obelisco, la Policía corta los accesos de los camiones en los ingresos a la Capital y empieza a escalar el clima. Cómo está la situación en el resto del país.

Una nueva jornada de protestas se vivirá en todo el país ante la falta de gasoil que se detectó en 23 jurisdiccionesdesde que comenzó la escasez. En ese marco, se realizará un paro en todo el país con cortes en diferentes puntos, con un acto principal en el Obelisco, que concentrará la mayor movilización.

En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los transportistas se concentrarán en 9 de julio y Diagonal Norte, que tendrá un acto durante el mediodía. La movilización la integrarán Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra).

En las primeras horas de la marcha, la Policía de la Ciudad cortó el acceso para los camiones en el Puente Pueyrredón para evitar que los vehículos de gran porte ingresen a la 9 de julio, donde podrían causar aún más un caos de tráfico. Mientras tanto, los manifestantes están en el lugar y la tensión empieza a subir.

Las medidas de fuerza se concentrará en “la falta de respuestas de las autoridades competentes”, donde se espera que haya duras críticas al Gobierno y a la gestión de Alexis Guerrera, quien prometió que en 15 días se regularizará la situación.

No solo está dentro del reclamo la normalización del abastecimiento, sino que reclamarán el valor de los fletes. Piden que el Gobierno intervenga en un ajuste del valor de referencia por kilómetro, pero en el Ministerio de Transporte afirman que no hacerlo porque se trata de contratos entre privados.

Por su parte, la escasez de combustible hace que los precios oficiales no sean los que se ven reflejado en los surtidores y que la fijación de los precios sea según la situación de cada plaza. La dispersión en los precios queda a la vista gracias al relevamiento de precios que hizo FADEEAC por medio de las 44 Cámaras de transporte que nuclea.

En total, hay seis provincias que venden el litro de gasoil por encima de los 250 pesos, marcando una diferencia con los precios que se venden en otras jurisdicciones como Buenos Aires o con la Patagonia, que alcanza a tener una difernecia de cien pesos.

Tierra del Fuego, la única provincia que tiene gasoil

La falta de gasoil empieza a afectar a todo el país y cada vez se agudiza aún más. En las últimas horas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) relevó la situación entre el miércoles 15 y el sábado 25 de este mes.

En ese marco, el único distrito de la Argentina en el que los transportistas no informaron problemas para acceder al combustible es en Tierra del Fuego.

El mapa muestra: 16 distritos “en rojo” (Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, Mendoza, La Rioja y La Pampa); 4 provincias “en naranja”, que identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad, entre las que se encuentran San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, y Santa Cruz.

Un poco menos complicados están los dos distritos coloreados “en amarillo” (Neuquén y Río Negro), color que refiere a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros. En tanto que en Chubut se verificaron cupos de carga de entre 51 y 100 litros por unidad, por lo cual el mapa se pintó allí de “verde claro”, con tono amarillento como símbolo de las dificultades.

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Funcionarios K de la Secretaría de Trabajo trituraron documentos clave cuando se enteraron de que los iban a echar

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En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.

Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.

Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.

Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.

La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.

Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.

Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.

Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.

Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.

El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.

Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.

Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.

Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.

Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.

El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.

Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.

El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.

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El Gobierno de Milei rebaja aranceles para heladeras, lavarropas y neumáticos: Los lleva al valor más bajo que permite el Mercosur

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El Ministerio de Economía está lanzando una masiva reducción de aranceles para aplacar los precios locales, aunque las rígidas regulaciones del Mercosur impiden una liberación total.

En línea con el plan de liberalización del comercio de Javier Milei, el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada una rebaja de aranceles a insumos para las automotrices y la apertura total para importar alimentos.

Ahora, la Secretaría de Comercio profundizó el plan de apertura y anunció este sábado una reducción de los cargos que pagan heladeras, lavarropas, productos plásticos y neumáticos importados, llevando el valor del arancel a lo más bajo que permite la alianza del Mercosur. 

Esta reducción impactará inmediatamente en el nivel de precios, llevando no solo a una caída de los precios de productos importados, si no que generará más competencia y producirá una caída de todos los precios del mercado interno.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red X, quien aseguró que estas rebajas también beneficiarán a los fabricantes locales, ya que podrán acceder a insumos más baratos.

"El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación", escribió. Las rebajas abarcan:

  • Heladeras y lavarropas: el arancel pasará del actual 35% al 20%. "Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur", dijo el portavoz.
  • Neumáticos: el arancel bajará del 35% al 16%. Según explicó Adorni, "esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas".
  • Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. "Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)", explicó el funcionario.

La rebaja de aranceles implicará "mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", según explicó el vocero.

Para conocer los detalles de los nuevos valores de importación, las empresas deberán esperar hasta el lunes, cuando salga el decreto publicado en el Boletín Oficial con las especificaciones técnicas de las posiciones arancelarias que alcanza la medida.

De todos modos, al disminuir el costo de importación tanto de bienes terminados como de insumos para la producción, el Gobierno busca que bajen los precios y beneficiar a los consumidores, que llegan a pagar por los electrodomésticos valores más altos que en el resto del mundo, por las tasas de importación insólitas que tenía Argentina.

El objetivo oficial es que los precios internos converjan con los internacionales, al menos, los de los países vecinos. Esto, especialmente para insumos y determinados bienes que tenían valores muy desfasados. Por caso, era común escuchar de argentinos que aprovechaban viajes en auto a Chile o Paraguay para cambiar los neumáticos por la diferencia de precios que había en la delirante economía que había dejado Sergio Massa.

Algo de esa idea se está viendo en algunos alimentos tras el ingreso de productos importados en los últimos días. En atún, manteca o café en cápsulas ya se ven descuentos de hasta 35% en los artículos nacionales y los precios ya están igualando con el extranjero.

Desde el Gobierno prometen que seguirán trabajando en medidas similares sobre otros insumos o productos. Sin embargo, aseguran que las rebajas no serán tan fuertes como les gustaría ya que la rigidez del Mercosur hace que no haya tanto espacio para bajar aranceles.

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Milei restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto Fernández le había cedido a grupos mapuches

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Se trata de dos hectáreas que están ubicadas a orillas del lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que Alberto Fernández le entregó a un piquetero de Grabois que se las cedió a pseudo-mapuches.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas a comunidades mapuches por el gobierno de Alberto Fernández en el año 2021.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien puntualizó que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por un dirigente piquetero cercano a Juan Grabois que inmediatamente se las dio a grupos mapuches.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, puntualizó Adorni.

El portavoz recordó que durante el último gobierno kirchnerista, se cedieron cientos de tierras a movimientos sociales K para luego dárselas a los pseudo-mapuches. "A lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias", contó.

Y en esa línea, apuntó: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.

El recientemente designado Presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, subió un video a sus redes sociales explicando con mayor detalle la decisión y asegurando que nunca más va a flamear una bandera que no sea la Argentina en un parque nacional.

Se trata de dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche. La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, bajo el acuerdo de comodato.

El último lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras. Con su denuncia, Stornelli quiere saber si hubo auditorías que controlaran las entregas de tierras, bajo la sospecha de fraude a la administración pública.

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