Algunos de los grupos que más protestan contra Biden y contra Israel obtienen financiación de los nombres más importantes de los círculos de donantes demócratas.

Un informe del medio POLITICO reveló que la ola de manifestantes pro-Palestina que está azotando a los Estados Unidos en las últimas semanas, que llevó incluso a estudiantes de extrema izquierda a tomar el campus de algunas universidades y expulsar a alumnos judíos, está siendo financiada por los mismos grupos que donan recurrentemente al Partido Demócrata.

En la lista que el medio confeccionó a partir de una rigurosa investigación, aparecen algunos de los más importantes donantes de los círculos demócratas: Bill Gates, George Soros, la familia Rockefeller y la familia Pritzker, entre otros.

Insólitamente, algunos de estos donantes son de ascendencia judía, que parecen no tener problema en destinar una parte de su fortuna en financiar a las organizaciones detrás de las protestas anti-semitas que defienden el accionar del grupo terrorista Hamás, que asesinó a más de 1.500 judíos el pasado 7 de octubre en un atroz atentado genocida.

Los nombres detrás de las protestas

Dos de los organizadores de las protestas en la Universidad de Columbia son Jewish Voice for Peace y la agrupación IfNotNow. Ambos cuentan con el apoyo público de la Fundación Tides, fundada por el megadonante demócrata George Soros, así como por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Otro donante demócrata notable cuya filantropía ha ayudado a financiar el movimiento de protesta es David Rockefeller Jr., miembro de la junta directiva del Fondo de los Hermanos Rockefeller. En 2022, el fondo donó 300.000 dólares a la Fundación Tides.

Según los formularios de impuestos de organizaciones sin fines de lucro, Tides ha donado casi 500.000 dólares en los últimos cinco años a Jewish Voice for Peace, que se describe explícitamente como una organización anti-sionista y pro-Palestina.

Este grupo, que ha tomado varias universidades en todo el país, ha declarado que los ataques del 7 de octubre fueron culpa de Estados Unidos y de Israel: “La fuente de toda esta violencia es el apartheid y las ocupaciones israelíes, además de la complicidad de Estados Unidos en esa opresión”.

Estos grupos también están respaldados por una fundación de Susan y Nick Pritzker, herederos del imperio del hotel Hyatt, y asesores de Biden. Los Pritzker han donado millones a numerosas campañas demócratas, incluidos miles de dólares para el Fondo de Victoria de Biden hace unos meses y más de US$ 300.000 dólares por mes durante la campaña 2020.

Otra de las organizaciones que reciben dinero de los Pritzker es Solidaire Action, un grupo de acción política de extrema izquierda que defiende el terrorismo palestino. Su portavoz, Barni Qaasim, también ha celebrado el ataque del 7 de octubre.

Solidaire ha recibido apoyo financiero de los Pritzker, a través de la Fundación Libra, que financia todos los meses a Solidaire Action, supuestamente por sus acciones respectivas al medio ambiente y la justicia de género.

Entre otros ejemplos, la Fundación Libra financia mensualmente a la Alianza por la Justicia Climática, que participó en marchas pro palestinas con carteles que leen la frase “Joe Genocida”. Mientras tanto, Bla Organización por el Liderazgo y la Dignidad Negra, otro grupo respaldado por la Fundación Libra, muestra en su sitio web la participación en múltiples de estas marchas.

A su vez, el Proyecto de Defensa de Inmigrantes, financiado por los Pritzker, fue parte de una protesta en Washington en la que 13 activistas fueron arrestados por la policía del Capitolio después de exigir un alto el fuego permanente en Gaza destruyendo comercios y atacando agentes de seguridad.

La Fundación Tides, financiada por los Prizkers, también ha apoyado el Proyecto de Justicia Adalah, que también ha formado parte de las protestas en la Universidad de Columbia. El grupo escribió en X, que “las universidades son fondos de cobertura, profundamente arraigados en los fabricantes de armas”.

Tides también apoya a Palestina Legal, un fondo de defensa legal que ofrece asistencia legal a “estudiantes que se movilizan contra el genocidio”.

En la propia Casa Blanca se preguntan por qué los mismos donantes demócratas están financiando a estos manifestantes, que incluso han protestado contra Biden. Jewish Voice for Peace ha liderado protestas perturbadoras contra Biden, incluido la bochornosa interrupción de su ostentoso acto de recaudación de fondos en el Radio City Music Hall de Nueva York en marzo.

"Estamos escuchando a personas que quieren asegurarse de que sus dólares no apoyen a personas que apoyan a Hamas y gritan cosas antisemitas", dijo Daniel Goldwin, director ejecutivo de asuntos públicos del Fondo Judío Unido en Chicago, que otorga subvenciones a pequeñas organizaciones sociales que cada vez se están vinculando más con los manifestantes pro-Palestina.

Entrevistado en el informe de POLITICO, Goldwin aseguró que insta a los donantes que quieran seguir donando a las causas demócratas sin que el dinero le llegue a estos grupos que defienden el terrorismo que llamen a las organizaciones y les "expresen sus inquietudes". "Algunos donantes pueden aprovechar este momento para reevaluar adónde va su dinero", completó.

El presidente demócrata amplió el Obamacare a los extranjeros ilegales inscritos en el programa DACA, un costo adicional de casi 3 mil millones de dólares para el Gobierno Nacional.

Este viernes, Biden emitió un decreto para extender los servicios de salud pública del Obamacare y de Medicaid a los inmigrantes ilegales que estén inscriptos en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que otorga derechos especiales de ciudadanía a casi un millón de extranjeros.

Obama creó por primera vez el programa DACA mediante una orden ejecutiva en 2012, protegiendo a más de 800.000 extranjeros ilegales para que no sean deportados a lo largo de los años, apodados por los demócratas como "soñadores", quienes por estudiar o tener un trabajo podían quedarse en el país a pesar de no tener documentos, aunque con el pasar de los años, se descubrió que no todos cumplían con esos requerimientos.

En este contexto, los investigadores del Centro de Estudios de Inmigración estimaron que el costo de abrir las listas de Obamacare y Medicaid a los extranjeros ilegales costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de US$ 4.600 por inmigrante.

A ese ritmo, el decreto de Biden tiene el potencial de costarle a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente US$ 2.800 millones de dólares cada año. Esto mientras más de 25 millones de estadounidenses al día de hoy no tienen acceso a los beneficios del Obamacare o Medicaid.

En la justificación de la medida, Biden expresó: "Hace casi doce años, el presidente Obama y yo anunciamos el programa DACA para permitir que nuestros jóvenes vivan y trabajen en el único país al que han llamado hogar. Desde entonces, DACA ha brindado a más de 800,000 Dreamers la capacidad de trabajar legalmente, obtener una educación y contribuir con sus inmensos talentos para hacer que nuestras comunidades sean mejores y más fuertes".

"Estoy orgulloso de las contribuciones de los Soñadores a nuestro país y comprometido a brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito. Es por eso que anteriormente ordené al Departamento de Seguridad Nacional que tomara todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA", continuó.

"Y es por eso que hoy estamos dando este paso histórico para garantizar que los beneficiarios de DACA tengan el mismo acceso a la atención médica a través de la Ley de Atención Médica Asequible que sus vecinos.

Biden había anunciado por primera vez la iniciativa para obtener exenciones fiscales para extranjeros ilegales de DACA a través de Obamacare en abril del año pasado. En ese momento, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, elogió la medida, dando una señal para que más inmigrantes intenten ingresar a Estados Unidos y obtener estos beneficios.

Los senadores republicanos JD Vance y Josh Hawley, así como varios diputados conservadores de la Cámara Baja, habían presionado a Biden para que abandonara el plan el año pasado, pero la administración siguió adelante de todos modos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2012, Obama prometió a los estadounidenses que los extranjeros ilegales no serían elegibles para Obamacare, pero más de una década después, su sucesor, Biden, tiene la determinación de completar la destrucción del país.

El gobierno de Biden está manteniendo reuniones con ONGs para conseguir movilizar a la población carcelaria para que voten en las elecciones nacionales.

En marzo de 2021, el recientemente asumido presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva titulada “Promoción del acceso al voto”, que presentó como un esfuerzo “no partidista” de todo el gobierno para lograr expandir las maneras de sufragar de los ciudadanos, de manera de “ampliar las oportunidades de los ciudadanos de registrarse para votar y obtener información y participar en el proceso electoral”.

Luego de la firma del decreto, la administración Biden celebró una “sesión de escucha” con varias ONGs para poner en funcionamiento el decreto, el cual, entre otras cosas, faculta a las organizaciones sin fines de lucro a realizar campañas de afiliación y de votación en lugares donde "hay bajos niveles de acceso al voto".

Según una investigación del Oversight Project, que accedió a notas de dicha reunión, los funcionarios hablaron principalmente sobre registrar a los convictos para votar y crear una masa de votantes masiva.

Cabe aclarar que hay más de 5 millones de personas arrestadas o detenidas en Estados Unidos, lo que implica casi un 2% del padrón electoral, que de votar, certeramente lo haría por el Partido Demócrata, que tiene entre sus propuestas reducir las penas y ser más laxo con el crimen.

En una nota particular, un funcionario del Sentencing Project mencionó la importancia de que la Oficina de Prisiones notifique a los “votantes recién elegibles sobre su derecho a votar”. Ese funcionario también sugirió que “la privación del derecho al voto por un delito grave es supresión de votantes”.

Otro funcionario del Campaign Legal Center dijo que quieren que la Oficina de Prisiones implemente un sistema de registro de votantes que informe a los convictos sobre su derecho a votar después de salir de prisión.

Otras notas de la sesión de escucha se centraron en facilitar que los inmigrantes, presumiblemente ciudadanos recién naturalizados, ingresen en las listas de votantes del país.

Cabe aclarar que en Estados Unidos los presos tienen derecho al voto, pero como el sufragio no es obligatorio, la gran mayoría de los reos no lo hacen, y los niveles de participación electoral de la población carcelaria en el país es ínfima.

Un funcionario de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) dijo: “Inmigrantes y no ciudadanos: apoyamos los esfuerzos de registro de votantes. Queremos asegurarnos de que se hagan con cuidado. Todos los empleados federales deben recibir capacitación en esto. Hay que promover la necesidad de confiar en que las personas actúan dentro de los límites de la ley. Especialmente cuando hay problemas de idioma”.

Otro funcionario de Asian Americans Advancing Justice dijo que la “información de registro de votantes debería ser obligatoria en las ceremonias de naturalización” y que el sitio web oficial del gobierno para el registro de votantes debería traducirse a muchos idiomas.

El informe que reveló estas reuniones, calificó la medida de Biden como “un esfuerzo partidista de movilización de votantes” que busca “influir en el resultado de futuras elecciones mediante el uso de recursos, infraestructura y alcance federales”.