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Punto por punto, el plan de Trump para reabrir Estados Unidos

La Casa Blanca publicó una guía detallada para que los estados puedan definir su proceso de reapertura económica, en base a resultados y en 3 frases escalonadas. La difícil tarea de "abrir nuevamente los Estados Unidos".

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La pandemia de COVID-19 que azota al mundo no sólo debe ser analizada desde el punto de vista sanitario, sino también y, quizá más importante aún, el económico
El impacto de las prolongadas cuarentenas en cada país ha sido devastador, generando históricas caídas en las bolsas y un incremento en el desempleo sin precedentes. Particularmente, en los Estados Unidos, esta crisis ha logrado deshacer muchos de los logros de la gestión del Presidente, Donald Trump, en materia económica, incluyendo un índice de desempleo históricamente bajo y valores récord en las bolsas norteamericanas.
Para aplacar los efectos de la crisis, el gobierno de Trump propuso un plan de rescate y estímulo de 2,2 billones de dólares, que fue aprobado por el Congreso y se encuentra actualmente en ejecución. Pero no es la intención del mandatario estadounidense sostener la economía de su país en base a rescates estatales y, tanto él como su equipo económico, tienen claro que la solución comenzará a verse cuando finalicen las cuarentenas y el país vuelva a operar comercialmente.
Es por eso que, el pasado jueves 16 de abril, Trump presentó junto a su vicepresidente, Mike Pence, y a miembros de la Comisión Especial de la Casa Blanca sobre el Coronavirus, el plan para volver al trabajo, titulado "Opening Up America Again", o "Abriendo Nuevamente a los Estados Unidos", elaborado por dicha Comisión Especial en conjunto con el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. 

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Este plan no solo pone sobre la mesa la prioridad de retomar las actividades normales que componen la principal economía del mundo lo antes posible, si no que resuelve una cuestión que había generado muchas discusiones en el nivel federal: la autonomía de los estados. 

Trump había considerado una estrategia unificada a nivel nacional para reabrir el país, pero había recibido críticas de gobernadores que buscaban asegurarse el legítimo derecho de tomar sus propias decisiones sobre sus propios estados, uno de los principales sostenes del federalismo estadounidense desde el fin de la Guerra Civil en 1865. 
En respuesta, Trump afirmó su autoridad para proceder unilateralmente en casos de emergencia y de crisis nacional (como, por ejemplo, en una guerra), pero finalmente decidió ceder a cada gobernador la ejecución de la reapertura económica en su propio estado.
En consecuencia, el plan presentado no es un conjunto de órdenes o medidas federales impuestas desde la presidencia hacia los gobernadores; en cambio, el plan está formulado como una guía de criterios y pasos a seguir, dispuestos a lo largo de 3 fases, que trazan un camino desde la situación actual de cada estado hasta su reapertura completa. 
El avance (o retroceso) entre fases estará basado en los resultados observados en base a ciertos "criterios de entrada" que la misma guía define.
Según la Casa Blanca, los beneficios de este diseño basado en fases incluyen: la capacidad de responder a la información actualizada diariamente sobre los casos de coronavirus, un reducido riesgo de rebrotes y un enfoque en proteger a los grupos de riesgo y aquellos determinados como "vulnerables". Entiéndase por vulnerables a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, aquellas de avanzada edad, o que cuenten con condiciones médicas severas pre-existentes, principalmente de índole respiratoria e inmunológica.

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A continuación, el detalle punto a punto del plan de Trump para "abrir nuevamente los Estados Unidos" en el futuro inmediato:

Criterios: ¿quiénes pueden reabrir su economía?

El inicio del plan determina, ante todo, los "criterios de entrada" que los estados deben utilizar para determinar si pueden comenzar su reapertura. 
Estos criterios están agrupados en 3 grandes grupos: síntomas, casos y hospitales. Aunque cada estado tiene la potestad de ajustar las mediciones según su circunstancia local, la guía presentada por Trump y Pence propone que sólo los estados que cumplan los criterios a continuación comiencen a reabrir sus economías:
  • Sobre los síntomas, la guía recomienda que un estado que se disponga a reabrir debe presentar una trayectoria descendiente de enfermedades similares a gripe ("influenza-like illnesses") y de cualquier otro diagnóstico similar al COVID-19 en los últimos 14 días.
  • Similarmente y en ese mismo período de tiempo, debe presentar una trayectoria descendiente de casos confirmados de coronavirus, así como también del porcentaje de tests realizados que resultan positivos, más allá de que la cantidad de tests aumente o se mantenga estable.
  • Finalmente, sobre los hospitales, la guía indica que sólo pueden comenzar a reabrir los estados cuya capacidad hospitalaria permita que todos los pacientes sean tratados mediante la infraestructura tradicional, sin "cuidados de crisis" como puedan ser carpas ambulatorias u hospitales temporales. Y sobre el testeo de casos, la guía exige un "robusto programa de testeo" para los especialistas de salud en mayor riesgo.

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Preparación: ¿Qué se necesita para reabrir la economía?

El segundo punto del plan para reabrir los Estados Unidos plantea los requisitos logísticos y de infraestructura que los estados deben asegurarse de tener a disposición antes de decidir emprender una reapertura de sus economías. Estos requisitos también están agrupados en 3 secciones: testeo y seguimiento de contactos, capacidad del sistema de salud, y planificación.
  • Respecto al testeo de casos y el seguimiento del contacto de las personas afectadas, la guía federal establece que un estado dispuesto a reabrir debe contar con la habilidad de organizar de forma segura y eficiente sitios dedicados al testeo para casos sintomáticos, incluyendo un seguimiento de los contactos de dichos individuos. De la misma forma, sobre los casos asintomáticos, deben contar con la capacidad de detectarlos de manera temprana, particularmente en la población vulnerable.
  • En lo que corresponde a la capacidad del sistema de salud de cada estado dispuesto a reabrir, se recomienda que cuenten con suficiente equipamiento protector (máscaras, barbijos, batas médicas, guantes, etc.) y el equipamiento médico necesario para el tratamiento de los pacientes, incluyendo camas y respiradores. Asimismo, deben contar con la capacidad de aumentar su oferta de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) si la circunstancia lo requiriese.
  • Y finalmente, en lo que corresponde a planificación, se requiere que los estados candidatos a la reapertura comprendan y prevean la necesidad de proteger a los trabajadores de las industrias clave, las primeras que buscarán reabrir. Asimismo, deben velar por la salud de los trabajadores de mayor riesgo, incluyendo los de salud y los de cuidado de ancianos. Otros grupos a tener en cuenta son los empleados y usuarios de los sistemas de transporte masivo (buses, trenes, subterráneos.) Para todos estos grupos, y para todos los demás trabajadores, deben preverse lineamientos de distanciamiento social y de cobertura facial mediante barbijos o máscaras.
Los planes de cada estado ante una reapertura de su economía deben también prever la posibilidad no solo de avanzar de una fase a otra, sino de retroceder de una fase hacia otra, si la situación así lo requiriese. 

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Fases: ¿Cómo reabrir la economía?

El plan para volver a abrir la economía de los EE.UU. prevé 3 fases principales de evolución en el proceso de devolverle la normalidad a las distintas industrias y actividades sociales afectadas. La guía propone lineamientos generales que deben ser respetados a lo largo de las 3 fases, pero también plantea lineamientos específicos para cada fase, orientados a 3 grupos: individuos, empleadores en general, y empleadores de actividades específicas.
Los lineamientos generales que deben ser respetados a lo largo de todo el proceso de reapertura tienen como base principal la importancia de las indicaciones a nivel nacional (via el CDC), estatal y local respecto a salud pública en esta pandemia, "particularmente respecto a coberturas faciales." 
Además, para los individuos, el plan de reapertura diseñado por los expertos médicos de la Casa Blanca y el CDC recalca la importancia de la buena higiene, incluyendo el lavado de manos con agua y jabón, o en su defecto alcohol desinfectante. 
También recomienda "desinfectar frecuentemente" los objetos y las superficies más utilizadas. Otra recomendación es la de evitar tocarse la cara, y asegurarse de contener los estornudos en pañuelos, servilletas o el codo propio. Y aunque no plantea la obligatoriedad del uso de máscaras o barbijos en la vía pública, sí recomienda "considerar seriamente" utilizarlas, especialmente en medios de transporte masivos. 
Otro importante punto que destaca la guía es que, sin importar la fase en la que se encuentre cada estado, todos aquellos que se sientan enfermos deben quedarse en casa, evitar ir al trabajo o a la escuela, contactar a su proveedor médico de confianza y seguir sus instrucciones.
La guía insta a los empleadores a implementar políticas dentro de sus ambientes laborales que tengan en cuenta puntos clave como el distanciamiento social, el equipamiento protector (barbijos, máscaras, guantes), higiene adecuada, y desinfección frecuente de áreas comunes o de uso frecuente. 
También recomienda prever la toma frecuente de temperatura de los empleados y el monitoreo constante de síntomas, y emplear precaución a la hora de organizar viajes laborales de cualquier tipo. Y en el caso de la detección de un caso positivo de COVID-19, se urge a los empleadores contar con un sistema de rastreo de los contactos de la persona infectada en el ambiente laboral.

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A continuación se detallan los lineamientos específicos para cada una de las 3 fases principales de la reapertura económica:

Fase 1

Aquellos estados que cumplan con los criterios de entrada detallados anteriormente, pueden implementar los lineamientos de la fase 1.
Para los individuos, esta fase prevé que aquellos determinados "vulnerables" continúen en cuarentena en sus casas o donde se encuentren, y recomienda a los familiares de dichos individuos tomar las precauciones necesarias para evitar contagiarlos. 
Para aquellos que retomen sus actividades, tanto laborales como sociales, se recomienda maximizar la distancia física entre personas, y evitar conglomeraciones de más de 10 personas donde no pueda ser practicada la distancia social mínima, excepto que se prevean precauciones específicas al respecto. Asimismo, se sugiere evitar todos los viajes no esenciales.
Para los empleadores en general, esta fase prevé continuar priorizando el "teletrabajo" o trabajo a distancia, siempre que fuera posible. Sin embargo, también se prevé la posibilidad de comenzar a regresar a los puestos de trabajo, de forma ordenada
Se recomienda cerrar todo tipo de áreas comunes y continuar implementando el distanciamiento social dentro de los espacios de trabajo, y minimizar todos los viajes no esenciales. En el caso de que un empleado pertenezca al grupo de riesgo, y el mismo se presente a trabajar, la guía sugiere disponer de espacios especiales para él o ella.
Para los empleadores de actividades específicas, esta fase incluye los siguientes lineamientos:
  • Las escuelas y otras actividades infantiles o juveniles deben permanecer cerradas.
  • Los hogares de ancianos y hospitales deben continuar prohibiendo las visitas, y aquellos que trabajen en dichos ambientes deben continuar adhiriendo a los lineamientos generales respecto a la prevención e higiene.
  • Los grandes establecimientos como restaurantes, cines, estadios deportivos y lugares de culto pueden comenzar a operar bajo reglas estrictas de distanciamiento social e higiene.
  • Las cirugías electivas pueden resumir para los pacientes ambulatorios según sea "clínicamente apropiado."
  • Los gimnasios pueden abrir bajo reglas estrictas de distanciamiento social e higiene.
  • Los bares deben permanecer cerrados.

Fase 2

Aquellos estados que, tras la fase 1, no vean evidencias de un rebote en los casos y que, tras un determinado período de tiempo, vuelvan a satisfacer los criterios de entrada, pueden comenzar a implementar los lineamientos de la fase 2.
Para los individuos, esta fase prevé que los considerados "vulnerables" continúen sin salir de sus casas, y recomienda las mismas precauciones que en la fase 1 para aquellos con individuos vulnerables en sus familias. Para el resto de la población, se plantea ampliar a 50 el número de personas máximas para un contexto laboral o social, respetando la mayor distancia que sea practicable de forma realista. Asimismo, esta fase plantea que puedan resumirse los viajes no esenciales.
Para los empleadores en general, se recomienda en esta fase continuar enfatizando el trabajo a distancia donde sea posible, pero continuar regresando a los lugares de trabajo en forma ordenada, respetando los lineamientos generales respecto a distancia e higiene. El resto de los lineamientos de la fase 1 continúan en pie.
Para los empleadores de actividades específicas, se sugieren los siguientes lineamientos:
  • Las escuelas y otras actividades infantiles o juveniles pueden comenzar a reabrir.
  • Los hogares de ancianos y hospitales deben continuar prohibiendo las visitas, respetando los mismos lineamientos que en la fase 1.
  • Los grandes establecimientos como restaurantes, cines, estadios deportivos y lugares de culto pueden relajar moderadamente sus reglas de distanciamiento e higiene.
  • Las cirugías electivas pueden resumir para tanto pacientes ambulatorios como internados.
  • Los gimnasios pueden relajar moderadamente sus reglas de distanciamiento e higiene.
  • Los bares pueden comenzar a operar, con capacidad reducida para clientes de a pie en los casos donde aplique.

Fase 3

Aquellos estados que tras la fase 2 no vean evidencias de un rebote y que satisfagan los criterios de entrada una tercera vez, pueden comenzar a implementar los lineamientos de la tercera y última fase.
Para los individuos, esta fase prevé que aquellos considerados vulnerables vuelvan a las actividades públicas, practicando inicialmente los lineamientos generales de distanciamiento social e higiene. El resto de la población puede retomar las actividades de forma normal, intentando minimizar las interacciones que involucren a un número elevado de personas en un espacio reducido.
Para los empleadores en general, esta frase prevé que los lugares de trabajo puedan volver a ser ocupados en su totalidad, respetando los lineamientos generales de distancia e higiene.
Para los empleadores de actividades específicas, se proponen los siguientes lineamientos en esta fase final:
  • Los hogares de ancianos y hospitales pueden volver a permitir las visitas. Se recomienda que aquellos que realicen esas visitas continúen observando estándares elevados de higiene.
  • Los grandes establecimientos como restaurantes, cines, estadios deportivos y lugares de culto pueden operar con las reglas tradicionales de distanciamiento e higiene.
  • Los gimnasios pueden operar con sus reglas tradicionales de distanciamiento e higiene.
  • Los bares pueden aumentar su capacidad para clientes de a pie en los casos donde aplique.

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Tras el cumplimiento de las 3 fases, el siguiente paso es el regreso a la normalidad. A través de este enfoque escalonado y basado en resultados, el gobierno de Donald Trump plantea lograr el preciado equilibrio entre salud y economía que tanta discusión ha generado últimamente en torno a esta pandemia.
Sin embargo, como se detalló al inicio de esta nota, la puesta en escena de este plan no depende de la administración federal liderada por Trump, sino de cada estado. Restará por verse cuáles serán los estados que tomarán la iniciativa y comenzarán su proceso de reapertura. 
Sin dudas, una ejecución exitosa de este plan en los primeros estados que lo implementen generará un importante incentivo para imitar este accionar en otros estados. 
El presidente Trump dirigió múltiples mensajes en Twitter a los estados que su gobierno considera más aptos para comenzar su reapertura, Minnesota, Michigan y Virginia, bajo la consigna de su "liberación."
De la misma manera, pero a escala global, el potencial éxito de esta forma de encarar la pandemia por parte de los Estados Unidos podría generar una decisión de imitar la decisión de Trump en muchos otros países del mundo, especialmente aquellos cuya economía no puede continuar sobreviviendo bajo la premisa de "cuarentenas permanentes." En esa situación, hasta los gobiernos menos afines a Trump, entre ellos el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Alberto Fernández en Argentina, no tendrían otra opción que seguir los pasos del presidente norteamericano, ante su incapacidad propia para solucionar esta crisis.
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Estados Unidos

Un informe revela que los manifestantes pro-Palestina en Estados Unidos son financiados por los donantes del Partido Demócrata

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Algunos de los grupos que más protestan contra Biden y contra Israel obtienen financiación de los nombres más importantes de los círculos de donantes demócratas.

Un informe del medio POLITICO reveló que la ola de manifestantes pro-Palestina que está azotando a los Estados Unidos en las últimas semanas, que llevó incluso a estudiantes de extrema izquierda a tomar el campus de algunas universidades y expulsar a alumnos judíos, está siendo financiada por los mismos grupos que donan recurrentemente al Partido Demócrata.

En la lista que el medio confeccionó a partir de una rigurosa investigación, aparecen algunos de los más importantes donantes de los círculos demócratas: Bill Gates, George Soros, la familia Rockefeller y la familia Pritzker, entre otros.

Insólitamente, algunos de estos donantes son de ascendencia judía, que parecen no tener problema en destinar una parte de su fortuna en financiar a las organizaciones detrás de las protestas anti-semitas que defienden el accionar del grupo terrorista Hamás, que asesinó a más de 1.500 judíos el pasado 7 de octubre en un atroz atentado genocida.

Los nombres detrás de las protestas

Dos de los organizadores de las protestas en la Universidad de Columbia son Jewish Voice for Peace y la agrupación IfNotNow. Ambos cuentan con el apoyo público de la Fundación Tides, fundada por el megadonante demócrata George Soros, así como por la Fundación Bill y Melinda Gates.

Otro donante demócrata notable cuya filantropía ha ayudado a financiar el movimiento de protesta es David Rockefeller Jr., miembro de la junta directiva del Fondo de los Hermanos Rockefeller. En 2022, el fondo donó 300.000 dólares a la Fundación Tides.

Según los formularios de impuestos de organizaciones sin fines de lucro, Tides ha donado casi 500.000 dólares en los últimos cinco años a Jewish Voice for Peace, que se describe explícitamente como una organización anti-sionista y pro-Palestina.

Este grupo, que ha tomado varias universidades en todo el país, ha declarado que los ataques del 7 de octubre fueron culpa de Estados Unidos y de Israel: “La fuente de toda esta violencia es el apartheid y las ocupaciones israelíes, además de la complicidad de Estados Unidos en esa opresión”.

Estos grupos también están respaldados por una fundación de Susan y Nick Pritzker, herederos del imperio del hotel Hyatt, y asesores de Biden. Los Pritzker han donado millones a numerosas campañas demócratas, incluidos miles de dólares para el Fondo de Victoria de Biden hace unos meses y más de US$ 300.000 dólares por mes durante la campaña 2020.

Otra de las organizaciones que reciben dinero de los Pritzker es Solidaire Action, un grupo de acción política de extrema izquierda que defiende el terrorismo palestino. Su portavoz, Barni Qaasim, también ha celebrado el ataque del 7 de octubre.

Solidaire ha recibido apoyo financiero de los Pritzker, a través de la Fundación Libra, que financia todos los meses a Solidaire Action, supuestamente por sus acciones respectivas al medio ambiente y la justicia de género.

Entre otros ejemplos, la Fundación Libra financia mensualmente a la Alianza por la Justicia Climática, que participó en marchas pro palestinas con carteles que leen la frase “Joe Genocida”. Mientras tanto, Bla Organización por el Liderazgo y la Dignidad Negra, otro grupo respaldado por la Fundación Libra, muestra en su sitio web la participación en múltiples de estas marchas.

A su vez, el Proyecto de Defensa de Inmigrantes, financiado por los Pritzker, fue parte de una protesta en Washington en la que 13 activistas fueron arrestados por la policía del Capitolio después de exigir un alto el fuego permanente en Gaza destruyendo comercios y atacando agentes de seguridad.

La Fundación Tides, financiada por los Prizkers, también ha apoyado el Proyecto de Justicia Adalah, que también ha formado parte de las protestas en la Universidad de Columbia. El grupo escribió en X, que “las universidades son fondos de cobertura, profundamente arraigados en los fabricantes de armas”.

Tides también apoya a Palestina Legal, un fondo de defensa legal que ofrece asistencia legal a “estudiantes que se movilizan contra el genocidio”.

En la propia Casa Blanca se preguntan por qué los mismos donantes demócratas están financiando a estos manifestantes, que incluso han protestado contra Biden. Jewish Voice for Peace ha liderado protestas perturbadoras contra Biden, incluido la bochornosa interrupción de su ostentoso acto de recaudación de fondos en el Radio City Music Hall de Nueva York en marzo.

"Estamos escuchando a personas que quieren asegurarse de que sus dólares no apoyen a personas que apoyan a Hamas y gritan cosas antisemitas", dijo Daniel Goldwin, director ejecutivo de asuntos públicos del Fondo Judío Unido en Chicago, que otorga subvenciones a pequeñas organizaciones sociales que cada vez se están vinculando más con los manifestantes pro-Palestina.

Entrevistado en el informe de POLITICO, Goldwin aseguró que insta a los donantes que quieran seguir donando a las causas demócratas sin que el dinero le llegue a estos grupos que defienden el terrorismo que llamen a las organizaciones y les "expresen sus inquietudes". "Algunos donantes pueden aprovechar este momento para reevaluar adónde va su dinero", completó.

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Estados Unidos

Ley de Atención Médica: Biden extiende por decreto la salud pública del Obamacare a 1 millón de inmigrantes ilegales

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El presidente demócrata amplió el Obamacare a los extranjeros ilegales inscritos en el programa DACA, un costo adicional de casi 3 mil millones de dólares para el Gobierno Nacional.

Este viernes, Biden emitió un decreto para extender los servicios de salud pública del Obamacare y de Medicaid a los inmigrantes ilegales que estén inscriptos en el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que otorga derechos especiales de ciudadanía a casi un millón de extranjeros.

Obama creó por primera vez el programa DACA mediante una orden ejecutiva en 2012, protegiendo a más de 800.000 extranjeros ilegales para que no sean deportados a lo largo de los años, apodados por los demócratas como "soñadores", quienes por estudiar o tener un trabajo podían quedarse en el país a pesar de no tener documentos, aunque con el pasar de los años, se descubrió que no todos cumplían con esos requerimientos.

En este contexto, los investigadores del Centro de Estudios de Inmigración estimaron que el costo de abrir las listas de Obamacare y Medicaid a los extranjeros ilegales costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de US$ 4.600 por inmigrante.

A ese ritmo, el decreto de Biden tiene el potencial de costarle a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente US$ 2.800 millones de dólares cada año. Esto mientras más de 25 millones de estadounidenses al día de hoy no tienen acceso a los beneficios del Obamacare o Medicaid.

En la justificación de la medida, Biden expresó: "Hace casi doce años, el presidente Obama y yo anunciamos el programa DACA para permitir que nuestros jóvenes vivan y trabajen en el único país al que han llamado hogar. Desde entonces, DACA ha brindado a más de 800,000 Dreamers la capacidad de trabajar legalmente, obtener una educación y contribuir con sus inmensos talentos para hacer que nuestras comunidades sean mejores y más fuertes".

"Estoy orgulloso de las contribuciones de los Soñadores a nuestro país y comprometido a brindarles el apoyo que necesitan para tener éxito. Es por eso que anteriormente ordené al Departamento de Seguridad Nacional que tomara todas las medidas apropiadas para preservar y fortalecer DACA", continuó.

"Y es por eso que hoy estamos dando este paso histórico para garantizar que los beneficiarios de DACA tengan el mismo acceso a la atención médica a través de la Ley de Atención Médica Asequible que sus vecinos.

Biden había anunciado por primera vez la iniciativa para obtener exenciones fiscales para extranjeros ilegales de DACA a través de Obamacare en abril del año pasado. En ese momento, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkaselogió la medida, dando una señal para que más inmigrantes intenten ingresar a Estados Unidos y obtener estos beneficios.

Los senadores republicanos JD Vance y Josh Hawley, así como varios diputados conservadores de la Cámara Baja, habían presionado a Biden para que abandonara el plan el año pasado, pero la administración siguió adelante de todos modos.

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2012, Obama prometió a los estadounidenses que los extranjeros ilegales no serían elegibles para Obamacare, pero más de una década después, su sucesor, Biden, tiene la determinación de completar la destrucción del país.

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Estados Unidos

Biden firmó un decreto para promover el voto de los presos, que históricamente votan mayoritariamente por los demócratas

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El gobierno de Biden está manteniendo reuniones con ONGs para conseguir movilizar a la población carcelaria para que voten en las elecciones nacionales.

En marzo de 2021, el recientemente asumido presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva titulada “Promoción del acceso al voto”, que presentó como un esfuerzo “no partidista” de todo el gobierno para lograr expandir las maneras de sufragar de los ciudadanos, de manera de “ampliar las oportunidades de los ciudadanos de registrarse para votar y obtener información y participar en el proceso electoral”.

Luego de la firma del decreto, la administración Biden celebró una “sesión de escucha” con varias ONGs para poner en funcionamiento el decreto, el cual, entre otras cosas, faculta a las organizaciones sin fines de lucro a realizar campañas de afiliación y de votación en lugares donde "hay bajos niveles de acceso al voto".

Según una investigación del Oversight Project, que accedió a notas de dicha reunión, los funcionarios hablaron principalmente sobre registrar a los convictos para votar y crear una masa de votantes masiva.

Cabe aclarar que hay más de 5 millones de personas arrestadas o detenidas en Estados Unidos, lo que implica casi un 2% del padrón electoral, que de votar, certeramente lo haría por el Partido Demócrata, que tiene entre sus propuestas reducir las penas y ser más laxo con el crimen.

En una nota particular, un funcionario del Sentencing Project mencionó la importancia de que la Oficina de Prisiones notifique a los “votantes recién elegibles sobre su derecho a votar”. Ese funcionario también sugirió que “la privación del derecho al voto por un delito grave es supresión de votantes”.

Otro funcionario del Campaign Legal Center dijo que quieren que la Oficina de Prisiones implemente un sistema de registro de votantes que informe a los convictos sobre su derecho a votar después de salir de prisión.

Otras notas de la sesión de escucha se centraron en facilitar que los inmigrantes, presumiblemente ciudadanos recién naturalizados, ingresen en las listas de votantes del país.

Cabe aclarar que en Estados Unidos los presos tienen derecho al voto, pero como el sufragio no es obligatorio, la gran mayoría de los reos no lo hacen, y los niveles de participación electoral de la población carcelaria en el país es ínfima.

Un funcionario de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) dijo: “Inmigrantes y no ciudadanos: apoyamos los esfuerzos de registro de votantes. Queremos asegurarnos de que se hagan con cuidado. Todos los empleados federales deben recibir capacitación en esto. Hay que promover la necesidad de confiar en que las personas actúan dentro de los límites de la ley. Especialmente cuando hay problemas de idioma”.

Otro funcionario de Asian Americans Advancing Justice dijo que la “información de registro de votantes debería ser obligatoria en las ceremonias de naturalización” y que el sitio web oficial del gobierno para el registro de votantes debería traducirse a muchos idiomas.

El informe que reveló estas reuniones, calificó la medida de Biden como “un esfuerzo partidista de movilización de votantes” que busca “influir en el resultado de futuras elecciones mediante el uso de recursos, infraestructura y alcance federales”.

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