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Estados Unidos

¿El fin de la democracia en Estados Unidos? Obtuvo media sanción una reforma electoral que convierte todas las herramientas de fraude del 2020 en ley

La legislación pasó por la Cámara de Representantes por un estrecho margen, con tan sólo 1 diputado demócrata votando en contra. Esta ley ahora pasa al Senado, donde Biden tratará de abolir el filibuster para poder aprobarla.

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En la noche del miércoles, el Partido Demócrata hizo uso de su estrecha pero operativa mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que puede cambiar el destino del país en el corto y largo plazo. 

De nombre HR-1, la nueva Ley Electoral obtuvo media sanción por 220 votos afirmativos contra 210 negativos, con todo el Partido Republicano votando en contra y sólo 1 diputado demócrata oponiéndose.

Este proyecto transforma totalmente el sistema electoral estadounidense de una manera sin precedentes; le quita poder de acción a los Estados y se lo otorga a gobierno federal

De esta manera, quien ahora tendría el poder para dictar las reglas electorales que regirán en las próximas elecciones sería el mismo Joe Biden y el Partido Demócrata. En otras palabras, todo el sistema electoral estará centralizado bajo las disposiciones que dicte el gobierno federal, socavando así la legitimidad y funcionalidad del mismo.
Con este cambio, será el Presidente de turno quien decida las fechas de los comicios nacionales, los métodos de votación (presencial, por correo), y la forma de los distritos electorales de los diputados federales.

Esta iniciativa aprobada representa un gravísimo atentado contra el federalismo y la Constitución, puesto que éste busca descentralizar el sistema electoral y le otorga a las legislaturas de cada Estado la potestad para dictar las reglas que determinen cuándo, cómo y dónde sus ciudadanos pueden emitir su voto.

"Ley para la Gente", el nombre coloquial de la H.R.1 obtuvo la media sanción. Texto completo.

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Fuera del lado jurídico, la HR-1 también implementa extensos cambios a la hora de emitir el voto. Básicamente, todo lo que levantó sospechas y fue denunciado por el equipo legal de Trump en 2020, con esta ley quedará legalizado.

El proyecto de ley que ahora cuenta con media sanción, universaliza el voto por correo para todas las elecciones, no sólo federales si no que estatales y locales, para siempre. Cabe recordar que el voto por correo fue la principal arma electoral del Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales y la responsable de llevar a Joe Biden a la presidencia.

Pese a las inagotables denuncias de fraude que trajo esta modalidad de voto por su falta de seguridad el pasado año, los demócratas están intentado impulsarla a toda costa y posibilitando de que llegue a todo el país, doblegando así las resistencia de los gobernadores y legislaturas republicanas. 

Pero este proyecto no se queda ahí y es aún más ambicioso. Entre otras cosas, el mismo cuenta con postulados que: 

  • Obligan a los Estados a que abran las urnas 15 días antes del día de la votación para que sus residentes puedan votar de manera temprana, presencialmente o por correo. 
  • Ordenan a todos los Estados a que cuenten los votos por correo mandados incluso hasta 10 días después del día de la elección
  • Prohíbe que se le pida una identificación de identidad a los votantes en las mesas de votación. 
  • Permiten que los presos ya excarcelados puedan votar
  • Fuerzan a los distritos estatales a contar los votos emitidos provenientes de una jurisdicción equivocada
  • Prohíbe que las autoridades electorales puedan verificar la elegibilidad y validez de los votos por correo a través de una comparación de firmas. 
Este último punto va más allá, ya que en realidad la HR-1 elimina por completo el registro de votantes. En Estados Unidos, para poder figurar en el padrón y poder emitir su voto, los ciudadanos deben registrarse antes de la elección ya sea con una afiliación partidaria o de manera independiente. 
Eso ya no será requisito: todos los ciudadanos podrán votar y a todos se les enviará una boleta de voto por correo a sus domicilios.

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La media sanción de esta ley también erosiona completamente la actividad del Poder Judicial en los procesos electorales. Los tribunales y magistrados ya no podrán cumplir su labor de supervisar las elecciones y resolver los conflictos posteriores u anteriores a ella. 

Bajo el nuevo régimen electoral, se creará una Comisión Electoral que reemplace a este poder, el cual tendrá miembros designados por el Poder Ejecutivo.

Este tipo de comisiones electorales han probado ser altamente corruptas en otros países del continente americano. Hace menos de 2 años, en Bolivia, el Tribunal Electoral fue cómplice con el ex presidente Evo Morales y facilitó el fraude electoral que quiso cometer en sus intentos dictatoriales.

A última hora del miércoles, la diputada de extrema izquierda, Ayanna Pressley, intentó añadir al proyecto una última enmienda: bajar la edad mínima requerida para votar de los 18 a los 16 años, una iniciativa que se introdujo en los últimos años por gobiernos socialistas, como el kirchnerismo en Argentina.
Sin embargo, esta enmienda no logró el consenso de todo el bloque demócrata y fue denegada.

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Esta ley ahora será enviada para su voto en el Senado, donde transitará un camino más difícil pero no imposible. 

En 2019, la HR-1 fue aprobada por la Cámara de Representantes pero fue desestimada por el Senado, que en ese entonces se encontraba con amplia mayoría republicana. 

Ahora, la paridad reina en la Cámara Alta. Contando con 50 bancas demócratas y 50 republicanas, los demócratas mantienen una estrecha mayoría ya que la actual Vicepresidente, Kamala Harris, puede intervenir y emitir un voto decisivo que se requiere para quebrar el empate y aprobar una ley.  

Sin embargo, para que eso suceda se necesitará primero que la bancada demócrata se deshaga totalmente del llamado fillibuster, un tecnicismo parlamentario que existe en el Senado norteamericano que permite que ciertas leyes sean aprobadas por 60 votos afirmativos, en vez de 51. 

Tanto la HR-1 como la Ley George Floyd, debido a que fueron consideradas en Comisión como legislaciones de alta relevancia política, requieren de un consenso parlamentario de 60 votos, por lo que los demócratas deberían contar con 10 senadores republicanos dispuestos a votar en favor de las mismas. 

Los demócratas saben que es imposible conseguir los 60 votos en el Senado, y que incluso con los republicanos más izquierdistas del Congreso, como máximo llegan a 57. 

Es por esto que Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, la actual cúpula del Partido Demócrata, ahora ha puesto todos sus esfuerzos en abolir completamente el filibuster.

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Hasta el momento, ya consiguieron el apoyo de 48 senadores demócratas que están a favor de abolirlo para poder pasar cualquier legislación por 51 votos. Sin embargo, hay 2 senadores de su propio partido que se están negando: Joe Manchin, de West Virginia y Krysten Sinema, de Arizona.

Manchin y Sinema son los únicos dos senadores demócratas dialoguistas y moderados que están impidiendo que las ambiciones de extrema izquierda de su propio partido se concreten. Ambos se encuentran en Estados netamente conservadores y enfrentan su reelección en 2024, a sabiendas que un voto para abolir el filibuster puede terminar para siempre con sus aspiraciones electorales.

Los polémicos y sorprendentes resultados de la elección de 2020 han dejado el futuro del país y de estas dos leyes en manos de estos dos senadores demócratas. 
 Los senadores Sinema y Manchin.

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Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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