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Axel Kicillof quiere liberar hasta 6.000 presos en la provincia de Buenos Aires

Por el juez Violini, y con apoyo de Axel Kicillof, ya son 700 los presos liberados por el coronavirus, y pueden llegar hasta a más de 2.000. Estos hechos forman parte de un plan para liberar a 6.000 presos y convertir los penales en lugares de atención sanitaria.

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Utilizando de excusa los motines de los presos, que ya se volvieron un clásico de la cuarentena, el gobierno de Alberto Fernández parece decidido a continuar con la liberación de reclusos. 
El gobierno de Axel Kicillof asegura que las condiciones sanitarias de los presos no están garantizadas, y que se deben hacer obras para asegurar sus “derechos a una cárcel sana y limpia”. Además, piensan utilizar los penales para convertirlos en centros de atención sanitaria.
Existe un plan concreto del Ministerio de Salud bonaerense, liderado por David Gollán, para liberar al 15% de la población encarcelada de la provincia. Esta suma resulta en, aproximadamente, unos 40.000 reclusos, por lo que el plan prevé 6.000 excarcelaciones.
Esta información fue revelada por Clarín a través del periodista Héctor Gambini, en conversación con fuentes de la cartera de sanidad de Buenos Aires.
Este mecanismo de liberación de reclusos tiene objetivos claros y, según el gobierno, es una decisión judicial, política, sanitaria, y de seguridad.
Lo que desea Kicillof con este plan organizado es poner camillas en los penales, donde se pueda atender masivamente a pacientes cuando se llegue al pico de contagios en junio, revelando, a su vez, que el sistema de salud público argentino no está preparado para atender lo que se espera.

Habíamos pensado desalojar un Penal entero y transformarlo en hospital penitenciario directamente, pero en Salud no estuvieron de acuerdo. Nos dijeron que preferían uno o dos pabellones enteros con camas en cada cárcel en lugar de una cárcel completa y dejar a las otras con la infraestructura inútil que tienen ahora”, contó una fuente cercana al gobierno a Clarín.

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La primera etapa, conocida por conseguir la excarcelación de algo más de 2.000 presos, ya está en marcha. Esta semana, con un habeas corpus colectivo firmado por el juez de Casación Víctor Violini, se le dio prisión domiciliaria inmediata a 700 internos.

Victor Violini, juez de Casación responsable de la liberación de mas de 700 presos.

Entre estos 700 excarcelados habría delincuentes de todos los calibres, no sólo de delitos menores, como se quiso hacer creer en un primer momento. El pedido de Violini se enfocó en los reclusos que estaban en peores condiciones de hacinamiento y peligro de contagio de coronavirus o dengue, y no en sus delitos cometidos.
Sin embargo, esta mañana, el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, salió a desmentir estas cifras. Según él, las excarcelaciones “no llegan ni a 200”, pero sí admitió que se realizan no por delitos menores, sino por peligro de salud.

“No llegan ni a 200”, estimó Lugones y añadió: “nosotros verificamos que en cada caso que se pide la domiciliaria se cumplan las condiciones y supuestos que corresponden, que tengan alguna situación que justifique peligro de vida o de su salud“.


En la provincia de Misiones, donde por un brote de coronavirus quedaron en libertad una decena de presos, un recluso fue enviado a su casa por tener asma, a pesar de ser un violador con condena firme. Su ex-familia dice que vive con miedo y que este hombre los sigue acosando.

En Burzaco, otro violador quedó en libertad con prisión domiciliaria por el coronavirus, y ahora reside en la vivienda siguiente a la de su ex-mujer. Esto lo convierte en el vecino de la chica de 13 años que habría violado, la hija de su ex-mujer.

Estas terroríficas escenas son responsabilidad de un gobierno de izquierda que se dice ser feminista mientras pone en peligro constantemente a las mujeres víctimas sin ningún remordimiento.

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Alberto Fernández es uno de los principales promotores de esta liberación masiva, y  días atrás avaló la prisión domiciliaria para presos “comunes”.

“Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad”, defendió el Presidente.


En estos días, la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público de izquierda apologista de la delincuencia, está recorriendo penales instando a los presos a presentar recursos de amparo y habeas corpus alegando ser grupo de riesgo ante el virus o haber cometido delitos “leves” o “no graves”, para poder quedar en libertad en estos tiempos de incertidumbre con mayor facilidad.

El mecanismo de liberación de convictos, fue diseñado para atenuar la responsabilidad política directa del gobernador Kicillof en dicha tarea.

“Hay que encontrar una manera para hacerlo, pero donde la decisión final aparezca como de la Justicia”, comentó un allegado al ministro provincial Julio Alak.

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Si este plan se concreta, y 6.000 presos de todos los pasados posibles quedan en libertad, la provincia de Buenos Aires se convertirá en tierra de nadie, con una policía que no da abasto y con un gobierno que defiende al delincuente y no a la víctima.

En la localidad de San Miguel, el intendente, Jaime Méndez, aseguró que en su municipio liberaron presos por abuso sexual, secuestros y narcotráfico.

Por otra parte, desde diferentes partidos y agrupaciones, manifestaron su repudio ante estos sucesos.

La Unión Cívica Radical emitió un comunicado “rechazando” la liberación de presos.
También, la ex-ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su descontento en su cuenta de Twitter.

Irónicamente, el único del gobierno que se animó a expresarse en contra de la liberación de reclusos fue el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

“La verdad es que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”, manifestó Berni.

En las redes, muchos usuarios habían reclamado que el feminismo, movimiento que, por excelencia debería estar luchando para que los violadores con condena firme jamás queden en libertad, estaba haciendo silencio omiso de la situación, con el hashtag #DondeEstanLasFeministas.
Finalmente, hubo respuesta. También, dentro del kirchnerismo, el colectivo de Actrices Argentinas, que tuvo mucha fama por denunciar sin evidencia y con el respaldo de grandes ONG’s y de algunos políticos a distintas figuras famosas por abuso sexual, publicó su repudio a la decisión del juez Violini.

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Larreta y Moyano llegan a un acuerdo para mantener el acarreo porteño en manos del Estado

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El Gobierno de la Ciudad le pagará $4 millones de pesos a los 500 trabajadores de acarreos de Dakota y BRD, que pasarán a la órbita de la estatal SBASE.

Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas y elevara una ley para cambiar el régimen de acarreo, que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y se estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la vía pública, Larreta decidió “solucionar” el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado generó un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la “Ley Moyano“, que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Larreta asegura que “pronto se llamará a una licitación”, pero ya pasaron varios meses y no hay novedades. Este acuerdo con Moyano, negociado personalmente por la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, indica que el acarreo estatal durará un tiempo largo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones de pesos, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.

La llamada “Ley Moyano” es una exigencia que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998. Básicamente, implica que una empresa que ganó una concesión de servicios despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar para poder acceder a esa concesión, lo cual incluye al Estado cuando un servicio se estatiza.

Una investigación publicada en julio pasado en el medio Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos todos los días.

Los liberales, los kirchneristas y la Coalición Cívica en la Legislatura porteña se unieron en lo que fue llamado coloquialmente como el “frente antigrúas“, que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo.

Sin embargo, Larreta convenció a los cívicos de evitar esa votación con la estatización del sistema, que apoyaron en un primer momento, aunque ahora luego Lilita Carrió criticó duramente por este acuerdo con Moyano.

Por el momento, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo, además de esta insólita “indemnización“.

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Abrupto giro a la derecha en la Universidad Di Tella: Ambos partidos que disputan el Centro de Estudiantes se oponen al progresismo

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Tras varios años de hegemonía progresista, las listas más propensas a ganar el centro de estudiantes muestran signos de cambio de rumbo en su alumnado. La lista oficialista, anteriormente asociada al larretismo, presenta un candidato abiertamente hacia la derecha.

Vientos de cambio soplan en la Universidad Di Tella, que se convirtió en los últimos años en la institución típica del establishment. Mientras que las autoridades de la UTDT continúan impulsando una agenda progresista en materia de charlas e iniciativas académicas, son los alumnos quienes muestran su disconformidad por el rumbo que toma la universidad.

Actualmente dos listas principales disputan la presidencia del Centro de Estudiantes de Di Tella (CEDIT). La lista Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (M.E.N.E.M.), se perfila como la favorita a ganar la contienda electoral. En una nota previa de La Derecha Diario, consultamos a algunos de sus miembros sobre la impronta de su lista.

Se identifica en ellos un perfil de tinte liberal, y de carácter no tan ideológico como podría indicar su nombre. De acuerdo a los fundadores del espacio, su lista surge en respuesta a un CEDIT de poca utilidad para los alumnos y no como una reacción doctrinaria.

“El CEDIT no brinda suficientes herramientas de apoyo a los alumnos. Es como que actualmente se utiliza para hacer política personal. Buena parte de las charlas organizadas son con políticos, y rara vez sobre experiencia profesional o sobre adquisición de herramientas” afirma un estudiante de la agrupación M.E.N.E.M.

Por otro lado, está la lista ADN Di Tella, agrupación oficialista que lleva tres años al frente al CEDIT, pero que presenta este año un cambio rotundo de agenda en relación con años anteriores.

Probablemente en un intento de contener votos por derecha, la lista tiene por candidato a presidente a Valentino Díaz, quien públicamente ha manifestado sus preferencias ideológicas sin filtro.

En una crítica explícita a George Soros, Díaz, el candidato de ADN Di Tella, tuiteó “te quieren meter el aborto y sus 1025 géneros por la ventana” y cierra con “La doble moral de la sociedad abierta“, en una clara referencia a las fundaciones de Soros, Open Society.

Díaz en una declaración contra las Open Society Foundations

Valentino Díaz, de tan solo 20 años, es un estudiante de segundo año de la Facultad de Economía, quien se presenta por primera vez a la presidencia.

Su ferviente oposición al aborto, las políticas de género, y la intervención de fundaciones extranjeras en Argentina es una novedad para la lista oficialista, usualmente asociada con el gobierno porteño y las fundaciones progresistas que tiene detrás.

En otro tweet, Díaz reafirma su clara oposición a las ONGs extranjeras y la ideología de género: “No estoy en contra de los homosexuales, pero sí de la doble moral de las ONGs y sus financiadores”.

Quizá la sorpresa más importante es su apoyo al activista político libertario Nicolás Morás, típicamente vinculado a conspiraciones en su canal de YouTube de más de 500 mil suscriptores, donde suele deslizar mentirosas críticas al sionismo y la banca internacional.

Díaz muestra un perfil abiertamente de derecha. Sin embargo, sus dichos dejan entrever preferencias vinculadas a discursos de odio y figuras asociadas a lo peor del populismo. Cabe recordar que Morás está vinculado a RT e HispanTV, medios estatales de Rusia e Irán, respectivamente.

Otra particularidad de la fórmula presidencial de ADN Di Tella es que se trata de una pareja. Valentino Díaz impulsa como candidata a vicepresidente del CEDIT a su novia, quien también manifestó abiertamente su opinión respecto a la ideología de género y la cultura interna de la universidad.

Prevalecieron en la interna unos desequilibrados de ultraderecha” nos dice una estudiante de Relaciones internacionales que prefirió el anonimato. Cabe recordar que hace años que ADN Di Tella profesa el progresismo.

Lo que es seguro es que cualquiera de las dos listas que voten los estudiantes, estarán poniendo un voto por la derecha, y el futuro del CEDIT será contrario a la corriente woke que predomina en las últimas elecciones.

Según pudo averiguar este medio, Juan José Cruces, rector de la universidad, se encuentra sumamente preocupado por el giro hacia la derecha entre los alumnos de la universidad. Cruces debe renovar su banca en 2023, y en su gestión ha impulsado iniciativas de corte progresista, y teme que si mantiene esa línea no pueda reelegir.

En este momento, múltiples universidades muestran la aparición de diferentes expresiones de vientos de cambio. La Universidad Di Tella es solo un espacio más donde han florecido ideas de corte liberal y de derecha. Sin embargo, el simbolismo de una posible victoria de ideas de derecha en una universidad como Di Tella es llamativa por su cercanía a la formación de futuros dirigentes empresariales y políticos.

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El legislador de derecha Nahuel Sotelo pidió que repriman a los gremialistas que frenan la producción de neumaticos

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El diputado derechista Nahuel Sotelo, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que el gobernador Axel Kicillof utilice las fuerzas de seguridad en el conflicto con las empresas de neumáticos. 

Nahuel Sotelo en su banca dentro del recinto

Nahuel Sotelo, el diputado provincial bonaerense respaldado por Javier Milei, presentó un proyecto de declaración ante la Legislatura de la provincia para que la Policía bonaerense haga uso de la fuerza y reprima a los militantes gremiales en las fábricas del sector neumático que permanecen en huelga en el marco del conflicto laboral por paritarias que lidera el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

El texto del legislador le solicita al gobernador Kicillof que “por intermedio de los organismos competentes arbitre los medios necesarios para que, haciendo uso de sus facultades a través de la fuerza pública, intervenga en el restablecimiento del derecho al trabajo de los empleados de las empresas Bridgestone, Fate, Firestone y Pirelli”.

“La Constitución de nuestra provincia garantiza la libertad de trabajo, industria y comercio a todo habitante y que el bloqueo a las empresas es el resultado de un abandono y desprotección de dicha libertad”, señaló Sotelo. “Es hora de que, en nuestro país, comience a respetarse la ley por sobre la violencia y el avasallamiento de los derechos que provocan el bloqueo de estas empresas, generadoras de miles de puestos de trabajo en nuestra provincia”, agregó.

Ante esta situación extrema solicitamos y apoyamos el accionar de la policía de la provincia para que las fábricas retomen el orden y los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo, continuando la producción y favoreciendo a una industria que genera miles de puestos de trabajo que hoy están en riesgo”, completó Sotelo.

Según Sotelo, “hay que hacer una diferencia entre los trabajadores y los sindicalistas extorsivos donde plantean cosas que no están reglamentadas en ningún convenio del trabajo, como el pago del 200 por ciento de las horas extras”.

“Existe el derecho a la huelga pero también está el derecho al trabajo. El gobernador también tiene que mandar a la fuerza pública para garantizar la salud de los que sí quieren trabajar”, dijo el legislador de derecha. A su vez remarcó que “Si lo hace, lo vamos a apoyar pese a que sea del Frente de Todos”.

En las últimas horas, la conducción del SUTNA liderada por Alejandro Crespo, y las empresas del rubro retomaron el pasado miércoles las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, luego del cuarto intermedio convenido este lunes ante la ausencia de acuerdo.

No obstante, el ministro de economía, Sergio Massa amenazó con abrir la importación de neumáticos de no hallarse una pronta resolución al conflicto. 

Una historia sin fin

La disputa salarial se detonó la semana anterior luego de no encontrar mutuo acuerdo para cerrar la paritaria, generando que el gremio dicte huelga indeterminada con ocupación de parte de la sede de la cartera laboral, siendo esta segunda medida finalmente suspendida tras una convocatoria de una nueva audiencia entre las partes.

Tras el recrudecimiento de la problemática y la prolongación del paro, las principales empresas automotrices frenaron la producción. Algunos casos son la planta de Toyota en Zárate, que comunicó la interrupción de la fabricación de los vehículos ante la falta de neumáticos, o la planta de Ford en Pacheco, que paró sus dos turnos ya que también se vió afectada por la escasez del insumo.

Anteayer, el SUTNA -que conduce el sindicalista de ultraizquierda Alejandro Crespo- y las empresas de la actividad no habían alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo y pasaron a un cuarto intermedio hasta el pasado miércoles por la tarde, continuando con las negociaciones en busca de pronta una salida a este conflicto que lleva varios meses. Se espera que para el fin de semana encuentren un punto medio.

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