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Diputada independiente presentó proyecto de ley para introducir el polémico voto por correo postal en Argentina

La diputada Beatriz Ávila, del tucumano Partido de la Justicia Social, envió un proyecto de ley este martes para introducir el voto por correo en el país, el cual está bajo revisión de fraude en Estados Unidos. Actualmente ya existe para residentes en el extranjero.

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Mientras Estados Unidos está sumida en una de las crisis políticas más difíciles de su historia debido a las denuncias de fraude en los votos por correo, hay políticos en Argentina que parecen querer sumarse al caos de cara a las elecciones legislativas del 2021 en el país.

La diputada nacional Beatriz Ávila, quien representa al Partido de la Justicia Social de Tucumán, presentó este martes 24 un proyecto de ley para habilitar el voto por correo postal en las próximas elecciones argentinas utilizando como excusa la pandemia de coronavirus y el derecho al voto.

Sin embargo, el tipo de voto que se quiere introducir no es exactamente igual al problemático “mail-in ballot” de Estados Unidos. Allá, los demócratas lograron introducir este año el voto por correo universal; esto es, el Servicio Postal le envía una boleta a cada ciudadano y les da un mes para devolverla con su voto marcado.

La propuesta de Ávila indica que quienes quieran recibir el voto por correo, deberán registrarse previamente, y que tendrán una fecha máxima de registro pudiendo hacerlo aduciendo razones de distancia, salud o edad. Esta modalidad se parece más a la de absentee ballot de Estados Unidos, que resultó ser -menos- problemática en procesos electorales.

Desde la primera Constitución sancionada en Argentina se aludía a la necesidad de que, por todos los medios posibles, al pueblo elector argentino se le provoque la actividad cívica”, afirmó la legisladora en los fundamentos de su iniciativa, y agregó que “la consecuencia de concebir al voto como una función es que el ciudadano está obligado a sufragar, como todo funcionario está obligado a desempeñar las funciones de las que se encuentra investido”.

Beatriz Ávila, la diputada tucumana “independiente” que presentó la ley de voto por correo.

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Por ahora la opción del voto por correo postal solo se encuentra habilitada para aquellos argentinos que viven en el exterior, luego del decreto 45/2019 promulgado el año pasado por la administración de Mauricio Macri. 

Aquella decisión habilitó por primera vez la opción para que los argentinos residentes en el extranjero pudieran sufragar por correo postal en vez de ir a hacerlo en persona a la Embajada o Consulado pertinente.

Los ciudadanos argentinos que opten por el voto postal en caso de que esta ley sea aprobada recibirán en sus domicilios el material electoral, incluyendo un sobre prefranqueado, de forma gratuita, para que la persona ponga en él la boleta con su voto.

Lo preocupante de este tipo de voto es que, como se demostró en Estados Unidos, haya punteros políticos que recolecten estas boletas y pongan ellos los votos, muchas veces aprovechándose de personas de avanzada edad, amenazando o incluso robando el correo.

Cabe aclarar que la inscripción en el padrón de electores por correo postal eliminaría la posibilidad de votar en forma presencial, por lo que estas personas no tendrían manera de saber si su voto fue manipulado.

Las denuncias de posible fraude de parte del kirchnerismo se suman a la implementación de un nuevo DNI, que no cambia mucho más que un cambio en el diseño y en algunos códigos de seguridad. Esta medida habilitará al gobierno a emitir millones de nuevos DNIs, que podrían llegar a ser usados para darle la posibilidad de votar a personas que no están habilitadas.

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Es probable que Beatriz Ávila, perteneciente a un partido de corriente peronista pero no afiliado al Frente de Todos, haya sido cortejada por el kirchnerismo para presentar esta ley. Si la hubiera presentado Alberto Fernández, habría sido rechazada por la oposición.

En cambio, al haber sido presentada por una diputada “independiente”, el bloque de Juntos por el Cambio aceptó debatir la propuesta.

El kirchnerismo sabe que tiene una difícil tarea el año que viene frente a los comicios legislativos. Peleas internas entre la línea renovadora de Sergio Massa y la línea kirchnerista de Máximo Kirchner, junto a estar atravesando la crisis económica más grave de la historia del país, ponen en serias dudas la capacidad del Frente de Todos de mantener su mayoría en las elecciones del 2021.

Viendo los satisfactorios resultados para la izquierda en Norteamérica, es probable que el kirchnerismo haya identificado la oportunidad perfecta para manipular el voto: en este caso, el voto por correo.

La Cámara de Diputados deberá votar por el proyecto del ley del voto por correo postal.

 

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Argentina

Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Argentina

Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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