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Argentina

El Gobierno extiende la cuarentena una vez más pero cedería el regreso a las aulas que pide la oposición

El kirchnerismo continúa con el mismo plan de siempre: reprimir las libertades, perjudicar la economía y seguir apostando a la cuarentena semi-obligatoria. A pesar de renovar el “distanciamiento social”, todo indica que la oposición le ganará la pulseada para la vuelta a clases.

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Cumpliéndose 10 meses y 10 días de cuarentena en Argentina, que fue de muy estricta a más flexible pero nunca dejó de estar vigente, el presidente Alberto Fernández ordenó extender nuevamente el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” durante cuatro semanas más. 

El 31 de enero vencía el plazo del decreto 1033/2020 sancionado el pasado 21 de diciembre y fue extendido durante todo febrero. Este decreto, reemplazó el a 297/2020, que había establecido el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 de marzo del año pasado.

Fernández decidió no realizar cambios importantes en las medidas sanitarias que están terminaban este último domingo de enero. De esta manera el kirchnerismo continúa apostando por regular y restringir actividades comerciales en todo el país.

Lo que indican desde el oficialismo es que mantendrán conversaciones con cada uno de los gobernadores para visualizar la situación de cada provincia de manera individual, para poder decidir más o menos restricciones según consideren.

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Paralelamente, las primeras semanas de febrero serán claves para determinar que sucederá con el regreso a las clases presenciales. En este escenario, Horacio Larreta ya tiene definido un plan para volver a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, presionando de esta forma a los sindicatos de maestros, que responden al kirchnerismo y que no quieren que la educación se normalice.

En el DNU Alberto Fernández, que acaba de oficializar bajo el Decreto 67/2021, indica que “se buscará priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales”, pero que va a depender de cada distrito y que estará sujeto a los parámetros del Consejo Federal de Educación.

Otro fragmento del DNU establece que cada provincia decidirá la correcta reanudación y, eventualmente la suspensión de clases presenciales de acuerdo con la situación epidemiológica: “En aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales”.

Acá podés leer el DNU en cuestión:

La idea es que el 17 de febrero reabran las escuelas, por lo que la tensión será punzante durante los primeros días de dicho mes. Allí se decidirá que hará la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia como deberá reaccionar el resto de los distritos que están bajo el mando del oficialismo, y que apuestan a prohibir las clases presenciales.

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El Ministerio de Educación de la Nación ya realizó una propuesta con dos anexos, donde anticipan la metodología para garantizar la vuelta de los alumnos y docentes a las escuelas. 

En esta propuesta figuran aspectos como las condiciones de higiene y seguridad para el desarrollo de la actividad educativa presencial, el distanciamiento social, la cantidad de clases y carga horaria diaria total para cada alumno y personal docente.

Independientemente de que el oficialismo tiene el deseo de no iniciar el ciclo lectivo de manera presencial, como han declarado algunos de sus principales referentes, la presión ejercida por la Ciudad de Buenos Aires, que ya presentó un plan de regreso a las aulas, provocó que el oficialismo deba ceder. 

Recientemente fue Alejandra Bonato, la secretaria gremial de Ctera, que dijo: “No escuchamos nada, en este momento nadie sabe qué va a pasar con este virus”, aludiendo a que su intención es la de impedir a cualquier costo que se eduque en el país como corresponde.

El insólito, ridículo y vago argumento que había dado fue: “El nivel de circulación dentro de una escuela es tan alto que podría compararse a una fiesta clandestina. En este caso, serían fiestas clandestinas habilitadas por el Gobierno”.

Gremios docentes reunidos con el Gobierno porteño para negociar el regreso a las clases presenciales.  

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En esta ocasión, Mauricio Macri y Patricia Bullrich lideraron la oposición al deseo del Gobierno en evitar la vuelta a las escuelas: convocaron a una marcha nacional el 9 de febrero para exigir la normalización total del ciclo lectivo. 

Recientemente Bullirch, que preside el PRO, publicó en su cuenta de Twitter: “¿Saben por qué la educación es esencial? Porque iguala oportunidades y genera crecimiento. Hay que terminar con los sindicatos obstruccionistas y abrir las aulas. Ayer en la Costa le pedí a los jóvenes que den batalla y no se dejen adoctrinar”.

En respuesta a los dichos de Bullrich, Nicolás Trotta declaró en El Destape: La educación es esencial, por supuesto, pero lo esencial no lo da una norma que tiene por objetivo intentar poner a los docentes como parte del problema y no como la solución“.

“Es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial. Tiene que ser una de las prioridades de todo gobierno, pero no siempre lo es. Con la tardía preocupación que tiene el expresidente Macri por la agenda educativa, ¿por qué no la tuvo antes? Son responsables de lo que fue la ruptura de los consensos educativos”, sostuvo el Ministro de educación.

Desde Cambiemos salieron rápidamente al cruce y fue Luis Petri, Diputado del bloque de la UCR, quien respondió: “No hay nada más esencial para el desarrollo de un país que la educación, salvo para el Ministro de Educación que la baradeliza“.

La determinación final y los pasos a seguir no debería superar las dos semanas, pero debe haber una definición en la primera semana ya que los docentes deben organizar el ciclo lectivo. En febrero, muchos alumnos tendrán pruebas presenciales para evaluar el nivel que tienen y verificar si es necesario recuperar contenido.

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Monzó y Lousteau complotan para sacar a Macri y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio

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El radical continúa tratando de romper a la UCR y el ex titular de Diputados almorzó con Larreta, a quien le planteó hacer una Mesa Nacional sin Macri ni Bullrich.

El diputado Emilio Monzó y el senador Martín Lousteau han estado dialogando con la idea de crear una mesa de “moderados” que reemplace la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y no incluya a los “halcones” como Mauricio Macri, Alfredo Cornejo o Patricia Bullrich.

Lousteau ya blanqueó esta disputa cuando lanzó la ruptura de la UCR en el Congreso, creando su propio espacio UCR-Evolución, que en Diputados le sacó 12 bancas a Mario Negri y en el Senado casi le saca 4 a Cornejo.

Por su parte, Monzó está tratando de hacer lo mismo con el PRO, y ya le logró sacar 4 diputados junto a la socialista Margarita Stolbizer con la creación de su propio espacio Encuentro Federal.

El ex titular de la Cámara de Diputados pasó a integrar recientemente la mesa chica de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para 2023, y en todos los encuentros es el que más aboga por despegarse de la imagen de Macri y Bullrich.

La idea de Monzó y Lousteau es crear una mesa nacional con Larreta, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, Facundo Manes, y Rodrigo De Loredo como principales referenes, y dejar a los Macri (Mauricio y Jorge), Pato Bullrich, los radicales del interior e incluso a Miguel Ángel Pichetto con una posición reducida o nula dentro del armado para 2023.

También tienen los ojos puestos en figuras como Fernando Iglesias o Waldo Wolff, a los que acusan de estar cortándose solos y preparando una candidatura para jefe de gobierno de CABA en 2023, que podría acompañar una lista nacional de figuras como Bullrich o Cornejo.

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Mar del Plata: El intendente de JxC interpuso un amparo para frenar la explotación petrolera offshore

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En una insólita decisión el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro inició acciones judiciales para frenar la explotación petrolera en Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO), presentó un recurso de amparo para detener la exploración petrolera que se llevaría a cabo a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La medida generaría una lluvia de inversiones, traería empleo y permitiría expandir la oferta de combustibles en el país. Incluso el Gobierno kirchnerista, fanático del cuidado del medio ambiente, autorizó la explotación a fines del año pasado. Pero esta vez es el PRO poniendo palos en la rueda.

Las áreas de exploración off shore son  “CAN 100“, “CAN 108“, en la Cuenca Argentina Norte, ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y “CAN 114“, a 443 kilómetros, y fueron presentadas por Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El pedido se fundamenta en que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental, se omitió la participación pública en asuntos ambientales y la resolución es susceptible de vulnerar el derecho al ambiente sano”, informó la Municipalidad a través de un comunicado.

El jefe de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, dijo que esta maniobra se había anticipado ni bien se conoció la noticia el pasado 30 de diciembre y que ellos nunca se reunieron con funcionarios de la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, ni fueron advertidos de la medida.

El intendente lo dijo desde el primer minuto, nosotros no fuimos consultados, nunca nos llegaron los estudios técnicos, nos enteramos directamente por el Boletín Oficial”, expresó Rabinovich.

Argentina habilita la explotación petrolera frente a las costas de Mar del  Plata y despierta el repudio de ambientalistas - RT

Preocupado por las posibles consecuencias negativas para General Pueyrredón, sostuvo: “Cualquier tipo de exploración petrolera sin los recaudos y estudios técnicos puede llegar a hacer daño ambiental”. Y enfatizó: “No están dados los informes técnicos”.

“Queremos la información necesaria para saber que esto se esté llevando adelante de forma apropiada. Por ahora pedimos que se frene hasta no tener la información correspondiente porque puede provocar un perjuicio”, detalló el funcionario.

Respecto a los informes que den prueba de la habilitación del sector para la exploración petrolera offshore, el intendente aseguró que el Gobierno no cuenta con los documentos necesarios. “Entendemos que la información no está, no la tienen, y por eso presentamos este recurso de amparo”, señaló.

En el texto, se detalló que Montenegro, “en su carácter de intendente y vecino”, tomó la decisión de presentar la acción de amparo “a efectos de que se declare la nulidad de la resolución número 436/2021 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo local pidió como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el artículo 2 de la resolución atacada hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredón”.

Además, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

El 31 de diciembre, el intendente de General Pueyrredón ya había planteado su disconformidad con la medida. “Muchos de ustedes me eligieron, otros no. Lo que yo tengo claro es que mi mandato es pasajero, pero el daño que se puede generar en nuestra ciudad puede ser permanente y eso es lo que a mí me impone que esta semana vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”, expresó Montenegro.

No fueron ni los ecologistas ni los militantes troskistas los que esta vez están cerca de frenar inversiones petroleras en Argentina, es el mismo PRO, que se quejó durante todo su mandato entre 2015 y 2019, los palos en la rueda que les metía la oposición para las inversiones extranjeras.

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Alberto Fernández decretó que los empleados públicos trabajen desde sus casas para ahorrar energía

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La medida se tomó desde este jueves y durará hasta el domingo para reducir la demanda eléctrica. Desde la Ciudad aseguraron que no acompañan la decisión: “No podemos decir que no vayan”.

Ante la ola de calor y los cortes masivos en el suministro eléctrico que se están registrando en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno tomó la drástica decisión de enviar a miles de empleados públicos a sus casas para reducir la demanda de energía. Además, pidió a las industrias que reduzcan el consumo.

Este viernes continuaron los cortes de luz, y Buenos Aires amaneció con 9.000 usuarios de Edenor sin suministro eléctrico en Capital Federal y el Gran Buenos Aires; y 100.000 clientes de Edesur en la misma condición. En la jornada previa, los cortes afectaron a 26.000 hogares.

Las altas temperaturas forzaron un consumo eléctrico récord, y el precarizado sistema eléctrico argentino, desfinanciado por casi 10 años de tarifas máximas, no aguantó. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas máximas que podrían volver a alcanzar los 40°C en las próximas jornadas.

En ese contexto, la decisión de enviar a los trabajadores a sus casas fue confirmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de mensajes en la red social Twitter.

Martínez dijo que la demanda récord de energía está siendo producida por el crecimiento sostenido de la Economía, en combinación con la “ola de calor histórica” que afecta a toda la Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires se diferenció: “No podemos decir que no vayan”

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció del Gobierno nacional y aseguró que en la Ciudad los empleados de la administración pública tendrán que asistir a trabajar.

Larreta aseguró que tienen todo el personal abocado a trabajar al cuidado de la pandemia, en los centros de testeo y en los vacunatorios. “Tenemos toda la gente abocada a eso y es prioridad, no podemos decir que no vayan, estamos metidos en eso”, señaló.

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