Patricia Bullrich sigue el camino de Larreta y transa con el ala más de izquierda de la UCR, lo que generó decepción entre los dirigentes de su espacio más halcones.

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, generó un terremoto interno en Juntos por el Cambio y una fuerte decepción entre los “halcones” al sellar un acuerdo con un centenar de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) del interior del país.

Según fuentes consultadas, el acuerdo no pasó por evaluación ni del PRO ni de la UCR, y fue un pacto “por fuera” de las vías oficiales, como acostumbra a hacer su principal contrincante en las internas, Horacio Rodríguez Larreta.

Esto generó un fuerte enojo entre el bullrichismo, y varios de sus dirigentes aseguran que no fueron consultados antes de sellar esta alianza, que cayó especialmente mal debido a que se trata de todas figuras de izquierda dentro del radicalismo provincial.

Este viernes, Bullrich celebró en redes sociales que “100 intendentes, diputados y dirigentes radicales de Córdoba se suman a La Fuerza del Cambio”, dijo en un tweet sorpresivo sin previo aviso.

“Es un honor para mí recibir el apoyo a mi precandidatura de la Junta Promotora Radical Patricia Presidente. Agradezco a cada uno de sus dirigentes por el acompañamiento“, dijo la precandidata.

Estos cien dirigentes radicales que le “robó” a Larreta está encabezada por el ex ministro de Defensa duranre la presidencia de Mauricio Macri, Oscar Aguad, y por una parte del radicalismo cordobés que no está contenta con la manera en la que Larreta los estuvo tratando.

100 intendentes, diputados y dirigentes radicales de Córdoba se suman a La Fuerza del Cambio. Es un honor para mí recibir el apoyo a mi precandidatura de la Junta Promotora Radical Patricia Presidente. Agradezco a cada uno de sus dirigentes por el acompañamiento:

César Abdala… pic.twitter.com/HbCrwhL0US

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 26, 2023

El enojo también se manifestó en las filas radicales, que están buscando cerrar un acuerdo integral con Larreta. El comentario más fuerte en contra de este acuerdo llegó desde las altas esferas del partido. La dirigente María Luisa Storani, vicepresidente del Comité Nacional Radical, calificó esa actitud como “desleal“.

“Lamento la desleal actitud de la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, con un partido aliado en JxC como es la UCR”, lanzó. “También lamento la de esos afiliados cordobeses, a pocos días de nuestra Convención Nacional“, dijo la dirigente, al recordar que el próximo 12 de junio se celebrará la reunión del máximo organo partidario, en cuyo temario se incluyó la consideración de la política electoral del partido.

En diálogo con el medio Infocielo, Storani marcó que, como titular del PRO, Bullrich “no puede desconocer esto, es una deslealtad muy grande ir a buscar radicales por las provincias para romper”.

Hace exactamente 20 años el presidente Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, y con ello se revirtieron la mayor parte de las reformas implementadas en los 90s. Argentina reinstaló el problema de la estanflación tras haberse superado en 1991.

El 25 de mayo de 2003 el presidente Néstor Kirchner asumió como presidente del país, valiéndose de una contienda electoral en la cual la Justicia proscribió el proceso de internas dentro del Partido Justicialista para perjudicar a Carlos Menem, quien terminó siendo el candidato más votado en las elecciones.

Néstor, junto a su mujer, la entonces senadora Cristina Kirchner, llegó a la presidencia con menos del 25% de los votos populares, pero con una enorme habilidad política y de negociación, dio inicio un proceso de contra-reformas que sentó las bases para los problemas económicos que quedaron en evidencia inmediatamente, cuando Argentina perdió los superávit gemelos en un solo mandato, pero que principalmente llevaron a tres crisis en menos de 10 años: en 2014, en 2018 y en 2022/2023, sin contar la crisis del 2020 durante la pandemia.

Con la llegada del kirchnerismo, el drama de la inflación fue nuevamente instalado en la economía del país como parte de la vida normal, emitiendo a discreción a medida que el nuevo Gobierno necesitaba plata para hacer política y dejar contentos a todos los sectores de la economía, hasta que la situación se volvió insostenible.

La inflación interanual saltó del 2,2% al 12,4% al término de la presidencia de Kirchner, y este problema se arrastró irremediablemente durante todas las administraciones sucesoras. Alcanzó el 22,6% hacia el final de la primera presidencia de Cristina Fernández, casi 28% para diciembre de 2015, superó el 53% en el último mes de la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández la llevó hasta el 108,8% al cierre de abril de 2023.

A su vez, en un principio, el kirchnerismo se negó a aceptar la apreciación del tipo de cambio nominal a pesar de que esto hubiera sido lo natural dada la fuerte entrada de capitales, y por medio de la nueva carga orgánica de la institución (sancionada en 2002) se emitieron grandes cantidades de dinero para comprar los dólares excedentes y mantener un cambio estable en $3 por dólar.

Lo que comenzó como un problema de “política cambiaria” poco convencional se convirtió rápidamente en una cuestión de dominancia fiscal, ya que el Tesoro comenzó a usar al Banco Central como su principal medio de financiamiento cuando los déficits comenzaron a dispararse a partir de 2010. Martín Redrado fue expulsado de la institución, y su partida le permitió al kirchnerismo hacerse de pesos constantemente y asaltar las reservas internacionales.

Asimismo, se desbarataron todas las reglas fiscales pautadas por la ley de “Convertibilidad fiscal” sancionada durante el menemismo. Esto le permitió al Gobierno incurrir en desequilibrios siderales sin rendir cuentas a nadie. El déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) creció hasta el 3,8% del PBI en diciembre de 2015, mientras que el financiero superó el 5,3% del PBI. Ambas partidas habían sido heredadas con superávit.

A este problema se le añadió más tarde el pago de intereses por la deuda del Banco Central, que tras la conversión de Lebac a Leliq en 2018 se incrementó notablemente. El Gobierno de Alberto Fernández nuevamente profundizó todos los desequilibrios, y se estima que el déficit consolidado del Gobierno nacional más la carga de intereses del Central ya supera los 8 puntos del PBI (un nivel en máximos históricos).

El crecimiento que experimentó la economía desde el año 2003 no sólo no fue particularmente sorprendente, sino que además tampoco se pudo sostener en el tiempo y de hecho la economía sufre una situación de estanflación desde mediados de 2011.

La mayor parte del crecimiento entre 2003 y 2011 se debió a un reboté cíclico, algo muy esperable considerando que la brecha entre el PBI efectivo y el potencial superó el 15% en 2002 y muy difícilmente podría persistir en esos valores. El crecimiento genuino comenzó sólo a partir de junio de 2006, ya que hasta entonces aún no se superaba el pico alcanzado en julio de 1998.

Pero lo cierto es que el desempeño potencial de la economía durante los mandatos kirchneristas fue realmente muy pobre en comparación a lo que se había dado en la década anterior, y más aún considerando las condiciones internacionales verdaderamente excepcionales (tasas de interés cercanas al 0% y altos precios en bienes exportables).

Según las estimaciones del economista Luciano Campos, el PBI potencial registró un fuerte crecimiento entre 1990 y 1998 a partir de las reformas estructurales del Gobierno de Menem, pero entre 2003 y 2015 se observó un dinamismo mucho más pobre. Desde el año 2007 la economía dejó de operar en niveles sostenibles a pesar del magro crecimiento en la producción potencial, y para 2011 el país terminó por estancarse.

El crecimiento registrado en la primera etapa del kirchnerismo se sostuvo a base de consumir la capitalización que se había producido durante la década menemista. Por estas razones se volvió a una situación similar a la década de 1980, en donde si bien la economía logró alcanzar sus niveles de producción potencial, esta potencialidad no es otra cosa que el estancamiento secular. 

Gobernadores peronistas y radicales vienen reduciendo sistemáticamente el presupuesto educativo en relación al presupuesto total en los últimos años en sus provincias, para gastar más en política.

Mientras el peronismo y el radicalismo se unen para criticar las propuestas liberales del candidato presidencial Javier Milei, en 12 de las 24 provincias donde gobiernan cayó la participación de la educación dentro del presupuesto entre 2004 y 2021.

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía (MECON), el presupuesto para educación primaria, secundaria y universitaria a nivel provincial pasó de representar el 25,7% del total en 2008 al 21,8% para el año 2021, pero al mismo tiempo el gasto total consolidado de estas jurisdicciones se incrementó del 13,47% del PBI al 15,12%. 

Asimismo, en comparación con el año 2004, el gasto público consolidado de las provincias creció 4 puntos del PBI y superó cómodamente a su promedio histórico, pero la participación educativa se redujo con respecto al 23,3% observado en aquel entonces.

Es claro que mientras discursivamente dicen que la educación pública es fundamental, la prioridad del gasto público para las provincias cada vez más se inclina por partidas “políticas”, como el crecimiento de la planta de personal burocrático, transferencias discrecionales o empresas estatales deficientes que operan a nivel local. El peso que ocupa el presupuesto educativo se reduce sistemáticamente.

Se multiplicaron las erogaciones en 15 años de presupuesto expansivos sobre la mayor parte de las 24 jurisdicciones, así como también sus ingresos tributarios (la mayor parte de las Provincias tienen superávit o equilibrio fiscal), pero aún así la participación del presupuesto educativo retrocedió al nivel más bajo desde 1993. Se debe tener en cuenta que las provincias son responsables directas del 75% del presupuesto educativo del país.

Esto quiere decir que se vuelve al punto de partida desde la descentralización de la educación anunciada en 1992, una medida que precisamente apuntaba a incrementar el rol del federalismo en el gasto educativo. El proceso se revirtió gradualmente en los últimos 15 años por los cambios en el orden de prioridades por la mayor parte de los gobernadores.

De acuerdo a un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, se concluye que 11 de las 24 jurisdicciones locales redujeron de forma contundente el peso del presupuesto educativo por sobre el total entre 2004 y 2021. Los casos más relevantes en este sentido fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con una reducción de 8,8 puntos porcentuales) y Mendoza (en donde la participación cayó el 7,3 puntos porcentuales).

La caída relativa en peso de la educación también se observó en Provincias como Catamarca (-1,74 pp), Jujuy (-2 pp), Corrientes (-2,1 pp), Santa Fe (-3,0 pp), Córdoba (-3,74 pp), Chaco (-5,43 pp), San Juan (-6,4) y Santiago del Estero (-6,9 pp). Aún así, Salta, Neuquén y Misiones aumentaron la proporción de esta partida en 8,1, 6,6 u 5,3 puntos porcentuales respectivamente.

La proporción del presupuesto educativo varía significativamente dependiendo de la jurisdicción. La Provincia de Buenos Aires lidera el ranking con una participación del 31%, seguido por Salta con 29%, y Neuquén, Rio Negro y Santa Fe con 27%. La Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Santiago del Estero ostentan los resultados más bajos con 17% y 18% respectivamente.

Pero no solo empeoró la distribución de los gastos provinciales sino también su eficiencia. La mayor parte de los gastos educativos son salarios docentes, y esto no se explica por el reconocimiento de elevadas remuneraciones en comparación a otras profesiones sino simplemente por la sobreintensidad en mano de obra que tiene este sector en el Estado. La asignación de recursos para el mantenimiento físico de las instalaciones educativas ocupa un rol marginal dentro del total.