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Argentina

¿Hackearon el Renaper? El Gobierno dice que no pero la información sigue disponible en la web

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Según el Registro Nacional de las Personas, hubo un uso indebido de una clave otorgada al Ministerio de Salud y se formalizó una denuncia penal, pero no hubo un ciberataque.

Desde el 10 de octubre que figura en una página web conocida por publicar información hackeada una base de datos de 45 millones de argentinos tras el presunto hackeo a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que cuenta con los datos de los DNI de todas las personas en el país.

El organismo aseguró que sus sistemas de seguridad informática no fueron vulnerados, pero la información publicada parece verosimil y se dio justo después de que ocho empleados del Ministerio de Salud utilizaran el sistema de forma indebido con una potencial filtración de datos.

“El Registro Nacional de las Personas formalizó ayer una denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 Secretaria N° 22 tras detectar que, mediante el uso de claves otorgadas a organismos públicos, en este caso el Ministerio de Salud, se filtraron imágenes como perteneciente a trámites personales realizados en el Renaper. Desde el organismo dependiente del Ministerio del Interior se confirmó que se trató de un uso indebido de usuario o robo de la clave del mismo, y que la base de datos no sufrió vulneración o filtración alguna de datos”.

“El sábado 9 de octubre el Renaper tomó conocimiento de que un usuario de Twitter identificado con el nombre de @aniballeaks -cuenta que fue denunciada y que actualmente se encuentra suspendida- había publicado en dicha red social las imágenes de 44 individuos, entre los cuales se encontraban funcionarios y personajes públicos de conocimiento en general”, explicaron desde el organismo registral.

Captura que muestra la base de datos del RENAPER a la venta
Captura que muestra la base de datos del RENAPER a la venta, usando de ejemplo los datos personales de Alberto Fernández.

Según su versión, algunas de las publicaciones poseerían el número de trámite del Documento Nacional de Identidad asociado a dicha imagen. “De un primer análisis, se pudo identificar a las imágenes como perteneciente a trámites personales realizados en el Registro Nacional de las Personas”, agregaron.

“Confirmando lo sucedido, el equipo de seguridad informática del Renaper realizó una consulta sobre las 44 personas involucradas a fin de relevar los últimos consumos realizados mediante el uso del Sistema de Identidad Digital (SID) sobre dichos perfiles, detectando que 19 imágenes habían sido consultadas en el exacto momento que eran publicadas en la red social Twitter desde una conexión autorizada de VPN (Virtual Private Network) entre el Renaper y el Ministerio de Salud de la Nación, y todas las imágenes habían sido consultadas recientemente desde esa misma conexión”, indicaron.

Tras ese protocolo lograron determinar que “dicha conexión habría realizado varias consultas individuales a las bases de datos del Renaper entre las 15:01 y las 15:55 mediante el servicio de validación de datos del SID el cual, una vez invocados el DNI y Sexo de la persona, devuelve a la persona que consulta todos los datos impresos en el Documento Nacional de Identidad, incluyendo imagen y otros datos personales, los cuales luego fueron subidos inmediatamente a la red social Twitter, sin el consentimiento del Titular de los mismos”.

Luego de este análisis preliminar, confirmaron los especialistas, se descartó de plano un ingreso no autorizado a los sistemas o una filtración masiva de datos del organismo”, aseguró el Renaper, pero agregó: “Asimismo, se detectó que un usuario autorizado individual habría utilizado de forma indebida para fines personales el servicio de validación de identidad a través de un certificado habilitado del Ministerio de Salud de la Nación, conectándose a través de la correspondiente VPN, con usuario y contraseña”.

En total son ocho las personas que pertenecen al Ministerio que dirige Carla Vizzotti que quedaron bajo la lupa judicial. Esto es porque eran quienes tenían acceso a la clave desde la cual se hicieron las consultas que luego se publicaron en redes sociales. Se especula que estos funcionarios, cuyas ideentidades irónicamente permanecen anónimas, estaban intentando aprovechar sus claves de acceso para vender información confidencial.

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La promesa de “convertir planes en trabajo” significa seguir pagando el plan a los que consiguen trabajo

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La narrativa de convertir planes en trabajo quedó expuesta como una masiva estafa al contribuyente: quienes cobran planes sociales no perderán ese beneficio si consiguen trabajo en el sector privado por hasta 24 meses.

El pasado 15 de octubre, Alberto Fernández anunció en el 57° Coloquio IDEA que implementaría un “novedoso” programa para convertir los planes sociales en trabajo, una deuda que el peronismo viene prometiendo hace décadas.

Sin embargo, esta tan necesaria reforma de los planes sociales resultó en un escándalo y una estafa para los contribuyentes: el gobierno le seguirá pagando los planes sociales a las personas que encuentren trabajo por entre 12 a 24 meses.

El presidente nunca había llegado a explicar en detalle a qué se refería con convertir planes en trabajo, pero esta idea finalmente quedó plasmada en el Decreto 711/2021, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial.

Estamos disponiendo a través de un decreto, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado“, dijo frente a un auditorio de empresarios que no estuvo completo en su totalidad y que lo despidió con tibios aplausos.

El gobierno nacional quiere que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado“, según indica el decreto en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

Hasta el momento, los planes sociales se cortaban luego de tres meses desde que el beneficiario empezaba a trabajar en blanco, y en esos tres meses el plan pasaba a ser parte del salario, con las empresas teniendo que pagar la diferencia.

Esto no será más así, y los planes, excepto en algunos casos específicos, se cobrarán por encima del salario. Además, la duración del plan correrá entre 1 o 2 años desde que se ingresa al mercado laboral, dependiendo del sector.

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En medio de la crisis económica, el gobierno dará bonos de $15.000 a artistas

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Lo dispuso el ministro de Cultura, Tristán Bauer, que ya había anunciado la semana pasada otro pago extraordinario de 5.000 pesos para jóvenes que fue objetado por la Justicia por violar el Código Electoral

Mientras el gobierno disputa en la Justicia poder dar nuevos planes sociales antes de las elecciones del 14 de noviembre, el Ministerio de Cultura anunció que no esperará el fallo judicial y dará esta misma semana un bono de 15.000 pesos destinado a artistas a pagar durante el mes de octubre, es decir, antes de los comicios.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este lunes, en una resolución que lleva la firma del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Entre los argumentos, se establece que el pago es preventivo por la aparición de nuevas cepas del coronavirus, como la variante Delta que anunciaban como más contagiosa que la original pero no ha causado mayores impactos a nivel mundial.

“Si bien la situación epidemiológica ha mejorado como consecuencia del avance en el plan de vacunación nacional que el Estado argentino está llevando a cabo, aún persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante la aparición de nuevas variante del virus Sars Cov 2 que impactan en las actividades del sector cultural”, lee el comunicado.

Este será el quinto pago al “colectivo de artistas” desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. “Por ello resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago de pesos quince mil ($15.000) a todos los beneficiarios de la convocatoria al ‘Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria’ que mantengan su condición de vulnerabilidad”.

Los artistas han sido los más beneficiados por la asistencia social del gobierno. Mientras el país alcanzaba los 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes, los artistas recibían tres IFEs y cuatro de estos AECS.

La jueza Servini intenta frenar los pagos sociales antes de las elecciones.

No es el primer plan social que el gobierno trata de dar a través del Ministerio de Cultura

La semana pasada, luego de que la Justicia emitiera una cautelar en la que le ordenó al Gobierno frenar el lanzamiento de otro bono destinado para “jóvenes” (esta vez, de $5.000) que también iba a entregarse antes de las próximas elecciones, las autoridades nacionales aseguraron que esta iniciativa no viola la ley y adelantaron que van a apelar la medida.

En esa oportunidad, se trató del plan denominado “Más Cultura Joven”, el cual está destinado a personas de entre 18 y 24 años y busca “reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales”, algo muy poco importante en medio de la peor crisis económica de la historia.

El dinero en cuestión iba a poder ser utilizado a partir del 1° de noviembre de 2021, por lo que su pago iba a ser justo antes de las elecciones. Estaba dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH).

Según el anuncio oficial, el crédito de era para utilizar en cines, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, librerías, entre otros lugares.

Sin embargo, la jueza federal María Servini hizo lugar a la denuncia de un ciudadano que señaló que esta asistencia incumple con las normas que impone el Código Electoral, por lo que le exigió al ministro del área, Tristán Bauer, que se abstenga de disponer de los fondos

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Memorándum con Irán: la DAIA apeló el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

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El Tribunal Oral 8 había beneficiado a la vicepresidenta al cerrar la causa por una supuesta “inexistencia de delito”. La presentación se hizo ante la Sala I del Tribunal de Casación

El pasado 7 de octubre, el Tribunal Federal 8 había sobreseído a los imputados en el caso por encubrimiento iniciado a partir de la firma del Memorándum con Irán, entre ellos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Aquel pacto tenía, según el gobierno que lo impulsó, la finalidad de interrogar a los iraníes acusados por la justicia argentina de haber realizado el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta es la resolución que ahora fue apelada. Tal como había anticipado Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)la entidad que representa políticamente a la comunidad judía argentina presentó este domingo, de manera electrónica y ante la Sala I del Tribunal de Casación, la apelación al sobreseimiento. Asimismo, recusó a los jueces que habían dictado la medida.

Con aquella resolución firmada por los jueces del Tribunal Oral Federal 8 quedaron sobreseídos todos los imputados, entre los que se encuentra la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución firmada por los jueces.

Los demás acusados eran varios funcionarios del gobierno kirchnerista, a saber, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, hoy senador; además del actual ministro bonaerense Andrés Larroque, el referente piquetero Luis D’Elía, el ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

En la foja 58 del escrito de apelación, la DAIA sostuvo que los magistrados que decidieron el sobreseimiento de la ex mandataria nacional “se valieron de pruebas recolectadas en la instrucción, circunstancia que resultada vedada previo al debate oral”.

En este sentido, el organismo señaló que “la resolución en crisis derogó implícitamente el código de rito y valoró prueba incorporada en la instrucción -sin fundamentar tal decisión-, por fuera de un debate oral y público”, lo que, a su entender, estaría violando artículos básicos del código procesal de la Nación.

Desde esta perspectiva, la DAIA plantea la recusación de los tres jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y militantes de Quebrachos y el Frente de Todos.

Por todo ello, se le solicitó a Casación que anule lo actuado por el Tribunal Oral en la resolución en crisis en virtud de la inobservancia de las normas procesales aludidas (arts. 456 inc. 2 y 471 del CPPN), y en consecuencia, se ordene rechazar los planteos efectuados por las defensas –excepción de falta de acción- y dejar sin efecto o revocar los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados, debiéndose proseguir las actuaciones según su estado, ya sea llevándose adelante la prueba ordenada en forma anticipada o avanzar sin más dilaciones hacia el juicio oral y público.

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