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Argentina

Punto por punto, qué dice el nuevo proyecto de Ley del Aborto escrito por Alberto Fernández

Hasta las 14 semanas, objeción de conciencia individual pero no institucional y una legalización total, son algunas de las medidas que quiere introducir Alberto Fernández con la nueva Ley IVE que envió al Congreso.

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Alberto Fernández cumplió su promesa de campaña y a casi un año de gobierno envió finalmente la Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto, popularmente conocida como Ley IVE o Ley del Aborto.

En el marco del Día de la Militancia, el presidente Alberto Fernández grabó y publicó un anuncio a las 16 horas, de traje y con corbata verde, donde confirmó que envió el texto a Diputados para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, aseguró Fernández en el video, y siguió: “La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa“.

Agregó: “La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.

Y terminó su discurso con una frase célebre del feminismo radical: “Por convicción personal, estoy seguro de que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley”.

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Puntos clave de la nueva Ley del Aborto

Hasta las 14 semanas y en 10 días

Al igual que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2018, el texto enviado por Fernández habla de “interrupción” en vez de “terminación”, y asegura querer garantizar el “derecho” a acceder a la “interrupción voluntaria del embarazo”, con el único requerimiento de la madre hasta la semana 14 inclusive. En el Artículo 4: “Las mujeres y otras personas con
identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo
hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional.

El texto escrito por Alberto Fernández y su equipo habla de “persona gestante” en vez de “mujer” o “madre”, y asegura que se refiere a todas las “personas con identidades de género con capacidad de gestar”, queriendo demostrar que la ley fue escrita por personas versadas en ideología de género.

El proyecto también busca englobar en la misma los dos causales que ya existen para el aborto legal en Argentina: “Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior [14 semanas], la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Esta ley es incluso más laxa en la cantidad de tiempo en la que se debe realizar el aborto una vez solicitado. Mientras el texto presentado en 2018 establecía que la práctica debe hacerse en un plazo máximo de 5 días corridos desde el requerimiento, el nuevo texto dice que “el plazo máximo es de DIEZ (10) días corridos” desde que se lo solicita.

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Objeción de Conciencia

En una de las cosas más polémicas de la ley votada en 2018, el antiguo proyecto no mencionaba la objeción de conciencia de los médicos a realizar el aborto, ya que se consideraba que si la IVE es un derecho, no puede objetarse y debe ser garantizada por el profesional de la salud, tanto en establecimientos públicos como privados. 

En el debate en el Congreso, se había logrado enmendar esta situación en Diputados, donde algunos legisladores pidieron la objeción de conciencia individual para votar a favor. Sin embargo, la ley que llegó al Senado y fue posteriormente rechazada, dejaba en claro la prohibición de “la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. 

El proyecto de Alberto Fernández sí prevé la “objeción de conciencia” a nivel individual en el Artículo 10: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”. 

La objeción de conciencia institucional no queda explicitada en la ley para hospitales, clínicas y sanatorios del sector privado, aunque si lo menciona en el Artículo 11 para el sector público: “todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos –
asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben

incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda.

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Inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO)

Con el objetivo de garantizar el “acceso igualitario” y el “cumplimiento efectivo” de cualquier mujer que se quiera hacer un aborto, la práctica quedará incluida en el Programa Médico Obligatorio. Cabe recordar que cuando una práctica no está en el PMO, la obra social o prepaga se puede negar a cubrirla.

La inclusión en el PMO estaba contemplada en la ley del 2018.

También está contemplado en el nuevo proyecto, lo que supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas contempladas en las leyes N° 23.660, N° 23.661, N° 26.682, N° 1993/11, y N°

24.741, deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país.

Creación de Consejería Voluntaria

Como ocurre en Uruguay, se habló de hacer obligatorio un “período de reflexión” de cinco días antes de acceder al aborto, en vez de que se realice de inmediato, lo que puede causar que el embarazo de la mujer supere el límite legal de las 14 semanas.

En este sentido, el proyecto de 2018 establecía que, una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe garantizar información, atención integral previa y posterior que incluya un espacio de escucha y contención “a quienes lo requieran”. Por lo tanto, habla de asesorías voluntarias y marca que “en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la realización de la práctica”. 

El texto que envió el presidente Fernández toma esta idea de Consejerías Voluntarias: dice que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe poner a disposición “información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios”, “atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso” y acompañamiento pero “estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica”.

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Acceso a niñas y adolescentes 

El proyecto del 2018 establecía un laxo requerimiento de apoyo paternal para realizar el aborto, y le daba la potestad total incluso a niñas y adolescentes entre 13 y 18 años. Dicha ley leía: “Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. 

Este nuevo texto trabaja bajo la misma premisa que la del 2018: muchas veces los abusos sexuales intrafamiliares son cometidos por padres, padrastros u otros familiares, entonces la niña deberá ser acompañada por una persona que no necesariamente deba ser un padre hasta los 13 años, y entre los 13 y 16 años tendrán “autonomía progresiva”, por lo que se presume que tiene la aptitud y madurez para decidir por sí misma, y solo se requiere su consentimiento. Luego, se asume también que las adolescentes mayores de 16 años tienen plena capacidad para ejercer el aborto.

Despenalización 

Esta ley, al igual que la del 2018, cita el artículo 85 del Código Penal, que establece “reclusión o prisión de uno a cuatro años, para quien causare un aborto con consentimiento de la mujer”, y busca nulificarlo.

Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entre 2012 y 2018 se registraron en todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos, y a pesar de que esta afirmación no tiene un sustento fáctico, más que algunos recortes de medios de izquierda, fue tomado como un fundamento por el Presidente para mandar esta nueva ley.

El proyecto que ya había tenido media sanción establecía que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. El proyecto presentado por Alberto Fernández dice exactamente lo mismo.

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El texto completo de la ley:

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Argentina

Juntos por el Cambio acordó respaldar el acuerdo de Alberto Fernández con el FMI

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La Mesa Nacional de JxC afirmó que se trata de un “un primer paso para no seguir generando incertidumbre” y lo apoyaría en un debate en el Congreso.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió de urgencia por Zoom este viernes para formar una postura en conjunto respecto al acuerdo que anunció el ministro Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo préstamo stand-by hasta 2026.

Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Mario Negri, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, entre otros, acordaron considerar de “positivo” el acuerdo, porque “evita un costoso default” y lo calificó como “un primer paso para no seguir sembrando incertidumbre en la sociedad”.

“Aguardaremos la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado”, afirmaron.

El comunicado de prensa difundido por JxC tiene apenas tres párrafos y fue redactado luego de un Zoom que mantuvieron los integrantes de la conducción nacional de la coalición, más el apoyo “técnico” de tres economistas del espacio: el diputado Luciano Laspina, el decano de la Di Tella, Eduardo Levy Yeyati, y el exministro de Economía Hernán Lacunza.

Advirtieron que aguardan “la continuidad de las negociaciones que deriven en detalles de un acuerdo definitivo, que luego será evaluado en el Congreso, tal como establece la ley que todos hemos aprobado”, pero anticiparon que lo apoyarían en el Congreso si el Gobierno envía una ley para respaldar el refinanciamiento.

La opinión de Martín Tetaz, el economista favorito del larretismo

Martín Tetaz, diputado del radicalismo y economista favorito del larretismo, dijo que se “alegra de que haya acuerdo con el FMI porque pavimenta una hoja de ruta, aunque después el debate es si esa hoja de de ruta es creíble o no”, y destacó que “se plantea que el objetivo es llegar a 2024 con un déficit del 0,9%, que está incluso por arriba del que había cuando el Gobierno asumió, que fue del 0,4″.

Para el legislador, se prevé esa meta “sin financiamiento monetario, con lo cual tiene que crecer el financiamiento en el mercado local”, algo que consideró “demasiado optimista” ya que “van a seguir las condiciones del cepo y las restricciones para compra de otros activos y es difícil un crecimiento a largo plazo”. “El plan monetario del Gobierno luce razonable, pero poco probable”, sintetizó.

Tetaz señaló que “el plan antiinflacionario basado en un acuerdo de precios es absolutamente insostenible y todo el mundo sabe que eso no funciona”, por lo que consideró que “hay una parte del programa que el Gobierno no cuenta, que es que el objetivo, por lo menos de parte del Fondo, de que la inflación baje sobre la base de reducir el financiamiento monetario”. Y agregó: “Eso es lo que hoy no luce tan fácil, pero efectivamente si el sendero se cumple, podría ser”.

Resaltó, de todas formas, que “un gran punto positivo del acuerdo” anunciado “es el plazo de 10 años para pagar, con cuatro años de gracia, el punto que destrabará más el horizonte financiero” del oficialismo. “El logro también es la recomposición de reservas -dijo-. Al ser un programa por los 44.000 millones totales nos devuelven todo lo pagado, y de esa forma prácticamente recuperamos 5000 millones de dólares, que es con lo que el Gobierno planea recuperar las reservas a partir de 2022″.

En cuanto a los aspectos negativos de lo anunciado, Tetaz criticó que “no haya ninguna precisión de cómo va a funcionar el programa cambiario ni el tarifario”. Indicó que a él le consta que “esos debates se dieron con el Fondo, pero no se blanquean ni dicen qué pasará” con esos puntos.

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Otro tarifazo: Kicillof aumenta el valor de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

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Fue informado por el Ministerio de Transporte, que además comunicó que aplicarán un nuevo sistema de turnos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires fijó sus tarifas para renovar la oblea obligatoria y poder circular por las rutas bonaerenses a lo largo de este año 2022.

La Resolución N° 2/2022, rubricada por las autoridades del Ministerio de Transporte, reestructuró el cuadro tarifario con este nuevo tope al que se le sumará 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El valor máximo de la tarifa básica del servicio de la VTV será de 1.776,86 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.

Así quedarán fijados los nuevos valores:

  • Actualmente está a $449,06 para motos y pasará a $645;
  • para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg irá de $748,43 a $1.075;
  • para vehículos de más de 2.500 kg de $1.347,18 a $1.935;
  • para vehículos ligeros de hasta 2.500 kg de $1.496,85 a $2.150;
  • para autos o camionetas particulares de más de 2.500 kg de $2.694,34 a $3.870.

Cómo se llevará a cabo el sistema de turnos

También comenzó a regir un nuevo sistema de turnos según el último número de la patente para motos, autos y vehículos de carga particulares de hasta 2.500 kilos.

Una vez que el conductor concurra a realizar la VTV según su actual mes de vencimiento indicado en la última oblea que fue pegada en el parabrisas y de haber aprobado la revisión, el personal de la planta le otorgará un mes de vencimiento extra que será asignado según el último número de la patente.

Así, ese mes de vencimiento será el que el vehículo siempre tendrá para realizar la VTV cada 12 meses. En Provincia aclararon que no habrá números asignados por patente para los meses de diciembre y enero, para atender aquellos vehículos con el trámite vencido.

Ahora todos deberán concurrir cuando se les vence la oblea, y después asignarán el mes de febrero para aquellos terminados con el números 2, marzo para las patentes finalizadas en 3 y así sucesivamente.

Según la provincia, el objetivo de la medida es evitar las congestiones que se producen en las plantas de verificación, sobre todo en los meses de diciembre y enero, cuando pasan por allí un 60% más de unidades que en el resto del año.

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Preocupación en Chubut: Aumentan los rumores sobre que Jones Huala se instalaría en la provincia

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El Ministro de Seguridad de Chubut dejó en claro que el líder del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche no cuenta con permisos para salir de Chile, pero su familia dice que lo está esperando.

Luego de que la Justicia de Chile le otorgara la libertad condicional al líder terrorista mapuche Facundo Jones Huala, se generó una enorme preocupación entre quienes viven en la Comarca Andina por el posible regreso del comandante del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche a Chubut.

Juan Carlos Martínez, dirigente empresarial y político de la Comarca Andina, aclaró que esta situación y las declaraciones de Huala “preocupan a la gente que vivimos en la zona, porque en los últimos tiempos no hemos encontrado la forma de canalizar el problema de seguridad, que es una diferencia que creíamos superada en el tiempo”.

En esta línea Martínez fue claro: “No me inquieta tenerlo como vecino en Cushamen, ya que puede operar desde cualquier lugar. La intranquilidad es saber cómo ese grupo va a llevar adelante los métodos de lucha”.

A su vez, resaltó que para este grupo “no hay limites” refiriéndose al ataque de los turistas que vacacionaban en Bariloche. “Hay militantes que aseguran que ‘el turismo mata’, según los carteles dejados en las oficinas locales destruidas hace pocos días. Por el contrario, es nuestra principal actividad económica y la industria más limpia del mundo”, señaló.

Martínez, y otros vecinos, sostienen que hay “ausencia del Estado nacional” y que esto deja ”desprotegida a gran parte de la sociedad, la violencia se incrementa”. Ante esta situación, “el mismo pueblo empieza a tomar participación con justicia por mano propia y no está bien. El gobierno nos tiene que dar tranquilidad y seguridad a todos los habitantes en general y no solo a un sector”.

Facundo Jones Huala: cómo es su vida en una cárcel de Chile y por qué hace  una huelga de hambre

¿Puede realmente Jones Hualas venir a Argentina?

El ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, detalló que si bien el líder terrorista fue liberado, aún no cuenta con el permiso de salir de Chile.

De todos modos, la familia de Jones Huala repite que están acondicionando su casa para su regreso, y los miembros de la RAM están festejando en redes sociales su pronto regreso.

Das Neves remarcó: “Aquel que esté en suelo chubutense, tendrá que ser ajustado a derecho y va a ser siempre respetado. Si es en contrario, lo vamos a sacar con todo el peso de la ley en defensa de los ciudadanos de bien”.

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