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Punto por punto, qué dice el nuevo proyecto de Ley del Aborto escrito por Alberto Fernández

Hasta las 14 semanas, objeción de conciencia individual pero no institucional y una legalización total, son algunas de las medidas que quiere introducir Alberto Fernández con la nueva Ley IVE que envió al Congreso.

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Alberto Fernández cumplió su promesa de campaña y a casi un año de gobierno envió finalmente la Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto, popularmente conocida como Ley IVE o Ley del Aborto.

En el marco del Día de la Militancia, el presidente Alberto Fernández grabó y publicó un anuncio a las 16 horas, de traje y con corbata verde, donde confirmó que envió el texto a Diputados para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, aseguró Fernández en el video, y siguió: “La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa“.

Agregó: “La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública”.

Y terminó su discurso con una frase célebre del feminismo radical: “Por convicción personal, estoy seguro de que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley”.

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Puntos clave de la nueva Ley del Aborto

Hasta las 14 semanas y en 10 días

Al igual que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2018, el texto enviado por Fernández habla de “interrupción” en vez de “terminación”, y asegura querer garantizar el “derecho” a acceder a la “interrupción voluntaria del embarazo”, con el único requerimiento de la madre hasta la semana 14 inclusive. En el Artículo 4: “Las mujeres y otras personas con
identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo
hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional.

El texto escrito por Alberto Fernández y su equipo habla de “persona gestante” en vez de “mujer” o “madre”, y asegura que se refiere a todas las “personas con identidades de género con capacidad de gestar”, queriendo demostrar que la ley fue escrita por personas versadas en ideología de género.

El proyecto también busca englobar en la misma los dos causales que ya existen para el aborto legal en Argentina: “Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior [14 semanas], la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Esta ley es incluso más laxa en la cantidad de tiempo en la que se debe realizar el aborto una vez solicitado. Mientras el texto presentado en 2018 establecía que la práctica debe hacerse en un plazo máximo de 5 días corridos desde el requerimiento, el nuevo texto dice que “el plazo máximo es de DIEZ (10) días corridos” desde que se lo solicita.

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Objeción de Conciencia

En una de las cosas más polémicas de la ley votada en 2018, el antiguo proyecto no mencionaba la objeción de conciencia de los médicos a realizar el aborto, ya que se consideraba que si la IVE es un derecho, no puede objetarse y debe ser garantizada por el profesional de la salud, tanto en establecimientos públicos como privados. 

En el debate en el Congreso, se había logrado enmendar esta situación en Diputados, donde algunos legisladores pidieron la objeción de conciencia individual para votar a favor. Sin embargo, la ley que llegó al Senado y fue posteriormente rechazada, dejaba en claro la prohibición de “la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. 

El proyecto de Alberto Fernández sí prevé la “objeción de conciencia” a nivel individual en el Artículo 10: El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”. 

La objeción de conciencia institucional no queda explicitada en la ley para hospitales, clínicas y sanatorios del sector privado, aunque si lo menciona en el Artículo 11 para el sector público: “todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos –
asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben

incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda.

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Inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO)

Con el objetivo de garantizar el “acceso igualitario” y el “cumplimiento efectivo” de cualquier mujer que se quiera hacer un aborto, la práctica quedará incluida en el Programa Médico Obligatorio. Cabe recordar que cuando una práctica no está en el PMO, la obra social o prepaga se puede negar a cubrirla.

La inclusión en el PMO estaba contemplada en la ley del 2018.

También está contemplado en el nuevo proyecto, lo que supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas contempladas en las leyes N° 23.660, N° 23.661, N° 26.682, N° 1993/11, y N°

24.741, deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país.

Creación de Consejería Voluntaria

Como ocurre en Uruguay, se habló de hacer obligatorio un “período de reflexión” de cinco días antes de acceder al aborto, en vez de que se realice de inmediato, lo que puede causar que el embarazo de la mujer supere el límite legal de las 14 semanas.

En este sentido, el proyecto de 2018 establecía que, una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe garantizar información, atención integral previa y posterior que incluya un espacio de escucha y contención “a quienes lo requieran”. Por lo tanto, habla de asesorías voluntarias y marca que “en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la realización de la práctica”. 

El texto que envió el presidente Fernández toma esta idea de Consejerías Voluntarias: dice que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe poner a disposición “información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios”, “atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso” y acompañamiento pero “estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica”.

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Acceso a niñas y adolescentes 

El proyecto del 2018 establecía un laxo requerimiento de apoyo paternal para realizar el aborto, y le daba la potestad total incluso a niñas y adolescentes entre 13 y 18 años. Dicha ley leía: “Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. 

Este nuevo texto trabaja bajo la misma premisa que la del 2018: muchas veces los abusos sexuales intrafamiliares son cometidos por padres, padrastros u otros familiares, entonces la niña deberá ser acompañada por una persona que no necesariamente deba ser un padre hasta los 13 años, y entre los 13 y 16 años tendrán “autonomía progresiva”, por lo que se presume que tiene la aptitud y madurez para decidir por sí misma, y solo se requiere su consentimiento. Luego, se asume también que las adolescentes mayores de 16 años tienen plena capacidad para ejercer el aborto.

Despenalización 

Esta ley, al igual que la del 2018, cita el artículo 85 del Código Penal, que establece “reclusión o prisión de uno a cuatro años, para quien causare un aborto con consentimiento de la mujer”, y busca nulificarlo.

Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entre 2012 y 2018 se registraron en todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos, y a pesar de que esta afirmación no tiene un sustento fáctico, más que algunos recortes de medios de izquierda, fue tomado como un fundamento por el Presidente para mandar esta nueva ley.

El proyecto que ya había tenido media sanción establecía que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. El proyecto presentado por Alberto Fernández dice exactamente lo mismo.

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El texto completo de la ley:

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Afuera Moyano de Independiente: Doman se impuso en las elecciones del club que tiene tomado el líder sindicalista

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El periodista Fabio Doman es el nuevo presidente de Independiente, sacando a Moyano después de 8 años de reinado en el club.

El Clan Moyano perdió el control del Club Atlético Independiente, luego de que sus candidatos perdieran en las elecciones contra Fabián Doman, quien se impuso sobre Javier Mazza y Claudio Rudecindo.

El líder de Unidad Independiente, muy cercano a Macri, tomará la silla del líder sindicalista Hugo Moyano y estará acompañado en la presidencia por Néstor Grindetti y Juan Marconi.

Con el 50% escrutado, Doman se impuso con el 73% de los votos, y la tendencia ya es irreversible. Rudecindo quedó en segundo puesto con el 14,6% y último Mazza con el 12,5%, el candidato de Moyano.

A las 19 horas cerraron las urnas en Avenida Mitre 470, la sede del club. Los comicios se extendieron una hora más de los esperado por la alta participación de los socios. Según informaron desde el club concurrieron cerca 16.000 hinchas del Rojo.

Las listas de candidatos estaban formadas por el economista Javier Mazza (Agrupación Independiente), vinculado a Moyano y al Frente de Todos; por el martillero público Claudio Rudecindo (Gente de Independiente), que sorprendió quedando segundo; y por el periodista Fabián Doman (Unidad Independiente).

Tras finalizar la votación, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, armador de la lista ganadora, afirmó: “Logramos que hoy se vote, que venga muchísima gente a votar, un récord histórico. Estoy seguro que los socios nos acompañaron en esta idea del cambio y de terminar el ciclo de los Moyano“.

El reinado de Hugo Moyano llega a su fin tras 8 años en los que pasó del respaldo casi unánime al rechazo de una gran parte de los hinchas del Rojo. Estas votaciones estaban programadas para el 19 de diciembre de 2021, pero se postergaron debido a distintas instancias judiciales que se sucedieron y apretones mafiosos del gremio de Camioneros.


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Milei reunió a 30 mil personas en Tucumán junto a Bussi: “Voy a ser el próximo presidente de la Argentina”

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El diputado liberal desembarcó en Tucumán junto a Ricardo Bussi, el líder de Fuerza Republicana, y encabezó una masiva convocatoria en la céntrica Plaza Alberdi.

El diputado Javier Milei encabezó este sábado su primer acto en el norte argentino ante la presencia de más de 30 mil personas en la Plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán. Su desembarco estuvo articulado por Ricardo Bussi, líder del partido de derecha Fuerza Republicana, tercera fuerza en la provincia, y flamante nuevo aliado de La Libertad Avanza.

“Voy a ser el próximo Presidente para sacar a la Argentina del pozo”, exclamó Milei, con una gigantografía del autor de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi, a quien le rindió homenaje durante el discurso.

“Si algo tiene de maravilloso estar en esta provincia es que es una tierra que respira libertad. Hace más de 200 años, 29 patriotas declararon la independencia para sacarnos de encima el yugo opresor de la monarquía española. Es increíble que 200 años después tengamos que seguir peleando por la libertad, pero no porque estamos siendo esclavizados por alguien de afuera, si no porque estamos siendo expoliados por la casta y la corporación política acá mismo“, afirmó el líder libertario.

No hay nada más injusto que la justicia social. Implica un robo y un trato desigual ante la ley. Es un modelo repugnante y decadente que hace que a los que laburamos nos vaya mal y que les vaya bien a los parásitos de la política“, se pronunció Milei.

“El año pasado cuando me encontraba en el debate de diputados por la Ciudad presenté el modelo de la casta. El mismo se basa en un principio que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando las necesidades son infinitas y los recursos finitos se produce una inconsistencia”, explicó.

El déficit fiscal lo quieren financiar con endeudamiento. Esto es injusto e inmoral. Implica impuestos futuros que serán pagados por las generaciones venideras. Cuando no se puede contraer deuda se recurre a la emisión monetaria. Este gobierno es el máximo estafador emitiendo dinero, es un gobierno ladrón”, agregó.

“Cuando ya nadie nos presta, ni se puede emitir, los políticos vienen compungidos y dicen hay que hacer el ajuste. Pero nunca lo hacen ellos, si no los que laburamos. Esta vez les decimos que el ajuste lo hará la política“, dijo repitiendo una de sus frases ganadoras de las elecciones del 2021.

Lo que empobrece a los pueblos es el maldito socialismo. El problema no es el chef, es la receta. Argentina cuando abrazó las ideas de Alberdi se convirtió en la primera potencia mundial. Pero a partir de 1916 cuando abrazamos ideas socialistas nos convertimos en un país decadente. Y si seguimos así seremos la villa miseria más grande del mundo“, advirtió. 

“El socialismo avanzó sobre la ideología de género, clamando por colectivos que dicen representar minorías. El liberalismo defiende a las minorías que son los individuos. Nosotros estamos a favor de las minorías. También se metieron con el lenguaje inclusivo para deformar la forma en que nos comunicamos. El lenguaje inclusive embrutece“, lanzó. 

También se metieron con los pueblos originarios, y tenemos maputruchos que viven espantando la inversión. Los valores del socialismo son inmundos“, concluyó.

También pidió que Trump vuelva al poder en Estados Unidos para sacar al país de la recesión, la cual según Milei está repercutiendo en todo el mundo generando una crisis mundial, en pleno estallido inflacionario internacional.

Hacia el final de su discurso, se refirió a las elecciones en Brasil de este domingo, y clamó por la victoria del presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta al criminal ex convicto Lula da Silva en un mano a mano que definirá el futuro de la región. “Esperemos que este domingo también acompañe Jair Bolsonaro y nosotros en el 2023“, cerró.

Ricardo Bussi y Fuerza Republicana

Cabe recordar que actualmente en Tucumán la política está partida entre el peronismo y el radicalismo. Partidos como el PRO o la Coalición Cívica prácticamente no tienen presencia dentro de Juntos por el Cambio en la provincia, y esta ausencia de una oposición fuerte le ha otorgado el total control de la provincia al kirchnerismo.

Fuerza Republicana es la única agrupación que rompe con esta grieta, y hace algunas elecciones que Bussi, hasta ahora sin Milei, ha logrado retener entre el 10-15% de los votos y consistentemente ser la tercera fuerza a nivel provincial.

Ricardo Bussi es hijo del general Antonio Domingo Bussi, quien lideró el Operativo Independencia durante el gobierno democrático de Isabel Perón para salvar a la provincia de Tucumán del intento de golpe de Estado de grupos guerrilleros comunistas de la ERP. Su accionar lo llevó a ser electo como gobernador en 1995, único no-peronista en Tucumán en llegar al poder desde el regreso a la democracia.

Incluso casi 50 años después, muchos tucumanos todavía ven a Bussi como quién salvó a su provincia de convertirse en un foco revolucionario comunista durante la ola de terrorismo que azotó a la Argentina en la década del ’70.

Ahora aliado con Milei, Bussi busca formar una alianza novedosa que pueda consolidarse en Tucumán, desplazando al radicalismo como la única oposición al peronismo, y golpear al Frente de Todos en la casa de Juan Manzur, jefe de Gabinete y uno de los principales líderes del kirchnerismo.

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Larreta y Moyano llegan a un acuerdo para mantener el acarreo porteño en manos del Estado

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El Gobierno de la Ciudad le pagará $4 millones de pesos a los 500 trabajadores de acarreos de Dakota y BRD, que pasarán a la órbita de la estatal SBASE.

Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas y elevara una ley para cambiar el régimen de acarreo, que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y se estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la vía pública, Larreta decidió “solucionar” el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado generó un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la “Ley Moyano“, que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Larreta asegura que “pronto se llamará a una licitación”, pero ya pasaron varios meses y no hay novedades. Este acuerdo con Moyano, negociado personalmente por la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, indica que el acarreo estatal durará un tiempo largo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones de pesos, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.

La llamada “Ley Moyano” es una exigencia que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998. Básicamente, implica que una empresa que ganó una concesión de servicios despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar para poder acceder a esa concesión, lo cual incluye al Estado cuando un servicio se estatiza.

Una investigación publicada en julio pasado en el medio Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos todos los días.

Los liberales, los kirchneristas y la Coalición Cívica en la Legislatura porteña se unieron en lo que fue llamado coloquialmente como el “frente antigrúas“, que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo.

Sin embargo, Larreta convenció a los cívicos de evitar esa votación con la estatización del sistema, que apoyaron en un primer momento, aunque ahora luego Lilita Carrió criticó duramente por este acuerdo con Moyano.

Por el momento, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo, además de esta insólita “indemnización“.

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