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Argentina

Vuelve La Morsa: Aníbal Fernández es el nuevo Ministro de Seguridad a pesar de ser investigado por su vínculo al narco

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Reemplazará a Sabina Frederic y regresa para marcar una mayor presencia de Cristina Kirchner en el gobierno nacional.

Este viernes, después de una vertiginosa reestructuración del Gabinete ordenada por Cristina Kirchner, Aníbal Fernández volvió a formar parte del gabinete nacional, después de perder estrepitosamente la Provincia de Buenos Aires en su primera incursión electoral en 2015.

Como lo ha hecho tantas veces durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ocupará el Ministerio de Seguridad, que deja vacante Sabina Frederic, tras ser renunciada por la Vicepresidente.

Aníbal estuvo en la Casa Rosada el miércoles por la tarde, cuando el kirchnerismo le hizo un vacío de poder a Alberto Fernández y los ministros que responden a Cristina Kirchner presentaron su renuncia como herramienta de presión. Entrevistado por los medios cuando salió del palacio de gobierno, dijo que solo fue a “hablar de política” con el presidente, y que no tenía intenciones de ingresar al gabinete. Algo que tan solo dos días después se probó falso.

Hasta el momento, Aníbal se desempeñaba como Interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). Fue su regreso a un cargo del estado después de dejar la función pública en el 2015, cuando fue Jefe de Gabinete del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner y fue elegido para competir en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador. En esa oportunidad perdió con María Eugenia Vidal.

“La Morsa”, como se le dice a Aníbal por sus supuestos vínculos al narcotráfico, es uno de los funcionarios más de confianza de Cristina Kirchner, y su llegada a la cartera de Seguridad indica que la mandataria tiene la intención de volver al esquema de fusión del gobierno nacional con el crimen organizado que imperó hasta el 2015.

En la campaña en el territorio bonaerense del 2015, cuando tuvo que competir primero contra Julián Domínguez en las PASO, hoy compañero de gobierno ya que el ex Presidente de la Cámara de Diputados será el próximo ministro de Agricultura, y luego contra María Eugenia Vidal, donde terminó perdiendo, fue acusado de ser el responsable intelectual del triple crimen de General Rodríguez.

El triple crimen de General Rodríguez fue el homicidio de los empresarios farmacéuticos Sebastián ForzaDamián Ferrón y Leopoldo Bina, que fueron hallados en aquella localidad de la provincia de Buenos Aires. El crimen tuvo lugar en agosto de 2008, y estaba vinculado al tráfico ilegal de efedrina, del cual se ha acusado a Aníbal de ser uno de los mayores promotores en Argentina.

En 2016, Aníbal fue señalado por Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, como el líder de la banda criminal narcotraficante más grande de Argentina, luego de ser arrestado por las autoridades por ser el mayor proveedor de efedrina a los carteles mexicanos. En 2012, la Justicia lo condenó a 14 años de prisión.

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La promesa de “convertir planes en trabajo” significa seguir pagando el plan a los que consiguen trabajo

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La narrativa de convertir planes en trabajo quedó expuesta como una masiva estafa al contribuyente: quienes cobran planes sociales no perderán ese beneficio si consiguen trabajo en el sector privado por hasta 24 meses.

El pasado 15 de octubre, Alberto Fernández anunció en el 57° Coloquio IDEA que implementaría un “novedoso” programa para convertir los planes sociales en trabajo, una deuda que el peronismo viene prometiendo hace décadas.

Sin embargo, esta tan necesaria reforma de los planes sociales resultó en un escándalo y una estafa para los contribuyentes: el gobierno le seguirá pagando los planes sociales a las personas que encuentren trabajo por entre 12 a 24 meses.

El presidente nunca había llegado a explicar en detalle a qué se refería con convertir planes en trabajo, pero esta idea finalmente quedó plasmada en el Decreto 711/2021, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial.

Estamos disponiendo a través de un decreto, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado“, dijo frente a un auditorio de empresarios que no estuvo completo en su totalidad y que lo despidió con tibios aplausos.

El gobierno nacional quiere que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado“, según indica el decreto en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

Hasta el momento, los planes sociales se cortaban luego de tres meses desde que el beneficiario empezaba a trabajar en blanco, y en esos tres meses el plan pasaba a ser parte del salario, con las empresas teniendo que pagar la diferencia.

Esto no será más así, y los planes, excepto en algunos casos específicos, se cobrarán por encima del salario. Además, la duración del plan correrá entre 1 o 2 años desde que se ingresa al mercado laboral, dependiendo del sector.

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En medio de la crisis económica, el gobierno dará bonos de $15.000 a artistas

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Lo dispuso el ministro de Cultura, Tristán Bauer, que ya había anunciado la semana pasada otro pago extraordinario de 5.000 pesos para jóvenes que fue objetado por la Justicia por violar el Código Electoral

Mientras el gobierno disputa en la Justicia poder dar nuevos planes sociales antes de las elecciones del 14 de noviembre, el Ministerio de Cultura anunció que no esperará el fallo judicial y dará esta misma semana un bono de 15.000 pesos destinado a artistas a pagar durante el mes de octubre, es decir, antes de los comicios.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este lunes, en una resolución que lleva la firma del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Entre los argumentos, se establece que el pago es preventivo por la aparición de nuevas cepas del coronavirus, como la variante Delta que anunciaban como más contagiosa que la original pero no ha causado mayores impactos a nivel mundial.

“Si bien la situación epidemiológica ha mejorado como consecuencia del avance en el plan de vacunación nacional que el Estado argentino está llevando a cabo, aún persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante la aparición de nuevas variante del virus Sars Cov 2 que impactan en las actividades del sector cultural”, lee el comunicado.

Este será el quinto pago al “colectivo de artistas” desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. “Por ello resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago de pesos quince mil ($15.000) a todos los beneficiarios de la convocatoria al ‘Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria’ que mantengan su condición de vulnerabilidad”.

Los artistas han sido los más beneficiados por la asistencia social del gobierno. Mientras el país alcanzaba los 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes, los artistas recibían tres IFEs y cuatro de estos AECS.

La jueza Servini intenta frenar los pagos sociales antes de las elecciones.

No es el primer plan social que el gobierno trata de dar a través del Ministerio de Cultura

La semana pasada, luego de que la Justicia emitiera una cautelar en la que le ordenó al Gobierno frenar el lanzamiento de otro bono destinado para “jóvenes” (esta vez, de $5.000) que también iba a entregarse antes de las próximas elecciones, las autoridades nacionales aseguraron que esta iniciativa no viola la ley y adelantaron que van a apelar la medida.

En esa oportunidad, se trató del plan denominado “Más Cultura Joven”, el cual está destinado a personas de entre 18 y 24 años y busca “reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales”, algo muy poco importante en medio de la peor crisis económica de la historia.

El dinero en cuestión iba a poder ser utilizado a partir del 1° de noviembre de 2021, por lo que su pago iba a ser justo antes de las elecciones. Estaba dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH).

Según el anuncio oficial, el crédito de era para utilizar en cines, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, librerías, entre otros lugares.

Sin embargo, la jueza federal María Servini hizo lugar a la denuncia de un ciudadano que señaló que esta asistencia incumple con las normas que impone el Código Electoral, por lo que le exigió al ministro del área, Tristán Bauer, que se abstenga de disponer de los fondos

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Memorándum con Irán: la DAIA apeló el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

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El Tribunal Oral 8 había beneficiado a la vicepresidenta al cerrar la causa por una supuesta “inexistencia de delito”. La presentación se hizo ante la Sala I del Tribunal de Casación

El pasado 7 de octubre, el Tribunal Federal 8 había sobreseído a los imputados en el caso por encubrimiento iniciado a partir de la firma del Memorándum con Irán, entre ellos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Aquel pacto tenía, según el gobierno que lo impulsó, la finalidad de interrogar a los iraníes acusados por la justicia argentina de haber realizado el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta es la resolución que ahora fue apelada. Tal como había anticipado Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)la entidad que representa políticamente a la comunidad judía argentina presentó este domingo, de manera electrónica y ante la Sala I del Tribunal de Casación, la apelación al sobreseimiento. Asimismo, recusó a los jueces que habían dictado la medida.

Con aquella resolución firmada por los jueces del Tribunal Oral Federal 8 quedaron sobreseídos todos los imputados, entre los que se encuentra la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución firmada por los jueces.

Los demás acusados eran varios funcionarios del gobierno kirchnerista, a saber, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, hoy senador; además del actual ministro bonaerense Andrés Larroque, el referente piquetero Luis D’Elía, el ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

En la foja 58 del escrito de apelación, la DAIA sostuvo que los magistrados que decidieron el sobreseimiento de la ex mandataria nacional “se valieron de pruebas recolectadas en la instrucción, circunstancia que resultada vedada previo al debate oral”.

En este sentido, el organismo señaló que “la resolución en crisis derogó implícitamente el código de rito y valoró prueba incorporada en la instrucción -sin fundamentar tal decisión-, por fuera de un debate oral y público”, lo que, a su entender, estaría violando artículos básicos del código procesal de la Nación.

Desde esta perspectiva, la DAIA plantea la recusación de los tres jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y militantes de Quebrachos y el Frente de Todos.

Por todo ello, se le solicitó a Casación que anule lo actuado por el Tribunal Oral en la resolución en crisis en virtud de la inobservancia de las normas procesales aludidas (arts. 456 inc. 2 y 471 del CPPN), y en consecuencia, se ordene rechazar los planteos efectuados por las defensas –excepción de falta de acción- y dejar sin efecto o revocar los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados, debiéndose proseguir las actuaciones según su estado, ya sea llevándose adelante la prueba ordenada en forma anticipada o avanzar sin más dilaciones hacia el juicio oral y público.

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