La Unión Europea finalmente pidió la derogación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong impulsada por el Partido Comunista Chino, dos años tarde.

El pasado 28 de julio, la Unión Europea pidió la derogación de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Sedición impuestas en Hong Jong por el Partido Comunista Chino, las cuales le permitieron al régimen chino ingresar con sus fuerzas policiales al país y tomar control el gobierno.

Las autoridades europeas solicitaron formalmente que los funcionarios de origen hongkonés se abstengan de aplicar las leyes chinas en su Ciudad-Estado. Lamentablemente este llamado de atención se da 2 años después de que China tomara control de Hong Kong, en julio del 2020.

"La Unión Euorpea expresa su grave preocupación por la creciente violación de derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el pluralismo político y la libertad de asociación en Hong Kong", subrayó Nabila Massrali, portavoz de la Secretaría de Asuntos Internacionales, encabezada por Josep Borrell.

La Ley de Seguridad Nacional

El 1 rode julio de 2020, el régimen comunista de Beijing impuso la polémica “Ley de Seguridad Nacional” en la ciudad autónoma de Hong Kong, prohibiendo desde entonces las concentraciones de manifestantes y arrestando a cientos de personas que fueron juzgadas por leyes chinas, en territorio continental de China, y su paradero desde entonces no es conocido.

Esta “Ley de Seguridad Nacional” fue aprobada en la Asamblea Popular Nacional de China, tomando como excusa un supuesto vacío legal en el Acuerdo Sino-británico de hace cuatro décadas atrás. En ese entonces se le encomendó al gobierno autónomo de Hong Kong implementar sus propias leyes de Seguridad Nacional, las cuales luego serían aprobadas bilateralmente por el Reino Unido y China.

Pero en 2020, China argumentó que nunca le dio el visto bueno a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y, por lo tanto, el dictador Xi Jinping propuso aplicar la Ley china en su lugar. Ahora, cualquier acción, comentario o publicación en internet de parte de los hongkoneses puede ser considerado un acto de traición, secesión, sedición o subversión hacia el Estado de China.

Desde ese entonces y de facto, en contra de cualquier acuerdo y sin votación alguna, todas las peores leyes que violan los derechos humanos en China, pasaron a ser aplicadas en Hong Kong, por la policía china. El derecho a las protestas y a la libertad de expresión en Hong Kong quedó criminalizado completamente.

Con la Ley de Seguridad Nacional se abrió un enorme campo de acción para que el régimen comunista pueda establecer su propia legislación en Hong Kong, sin tener en cuenta las facultades del Estado local. China abrió oficinas legales en la ciudad para que sus agentes de inteligencia operen abiertamente en Hong Kong bajo la nueva Ley.

La policía y los agentes de inteligencia chinos ahora tienen la facultad de realizar arrestos arbitrarios en Hong Kong, y han recibido la autorización de detener a cualquier persona que porte banderas o pancartas con eslóganes relacionados a la independencia, la liberación o la revolución en la ciudad.

Desde su entrada en vigor, la oposición pro-democracia se enfrenta a una severa represión en las calles de la ciudad portuaria, y la mayoría de las figuras políticas que lideraban los diferentes partidos políticos en Hong Kong han huido del país, se les ha prohibido ocupar cargos o han sido encarceladas.

Por Nicolas Promanzio, para La Derecha Diario.

La persecución católica llegó a Hong Kong, centro de una de las mayores comunidades cristianas de todo Asia pacífico.

El Cardenal Joseph Zen, quien fuera el Obispo de Hong Kong, fue arrestado la semana pasada por la policía china, acusado de "conspirar con fuerzas extranjeras" en relación a su rol de administrador de la 612 Humanitarian Relief Fund, la cual apoya a protestantes pro democráticos con gastos legales y médicos.

Además del Cardenal, también fueron arrestados por la policía de seguridad nacional china la conocida abogada Margaret Ng, el académico Hui Po-keung y la cantante y compositora Denise Ho, todos relacionados con la fundación.

Si bien el régimen chino alega que las detenciones se dieron en el marco de una investigación por conspiración, lo cierto es que en realidad fueron acusados por subversión, secesión y terrorismo, lo cual puede tener sentencias de cadena perpetua en la justicia china, a la cual pueden ser extraditados tras la toma por la fuerza de la ciudad-estado.

La detención de Zen era esperable. Desde hace varios meses que distintos medios afines al Partido Comunista Chino venían acusándolo de incentivar revueltas en estudiantes. Asimismo, el Cardenal acusa al gobierno chino de persecución a la comunidad cristiana tanto en Hong Kong (una de las más grandes de Asia) como en China.

La detención del Obispo Emérito de Hong Kong, siendo un Cardenal católico de 90 años, representa la actitud firme de China de aplastar la democracia existente en la ciudad y de brindar un mensaje claro, tanto al mundo como a los ciudadanos y a la comunidad católica del país.

El principal crimen del Cardenal ha sido pedir, incansablemente, por la libertad de culto y por apoyar a las víctimas del partido comunista. Pero China aprendió la lección y ya no usa tanques de guerra para aplastar a los que se le oponen como en Beijing hace 33 años, ahora el mecanismo es silencioso y consiste en utilizar el aparato del estado para acusar y enjuiciar a todos aquellos que se resisten a Xi.

El miedo de los ciudadanos de Hong Kong es real. Más de 200.000 personas se han ido al exterior desde que China ingresó con la Policía y el Ejército a la ciudad-estado que, según el Pacto Sino-Británico, todavía le quedaban unos 30 años de independencia.

En junio de 2020, cuando todo el mundo estaba hablando de la pandemia, la Asamblea Popular china votó para aplicar la Ley de Seguridad China en Hong Kong, lo cual transformó a la ciudad autónoma en un distrito más del país comunista.

Aquellos principales opositores a Xi fueron arrestados en los primeros meses. La Confederación de Sindicatos, un organismo pro-democracia, fue cerrado el año pasado luego que se anunciara que sería acusado de infringir las leyes nacionales. Todas las organizaciones que no se alinean con el régimen comunista son castigadas duramente.

Los mecanismos de persecución son variados, desde acusaciones de fraude, congelamiento de cuentas, acusaciones de subversión, actividades ilegales o incluso terrorismo, periódicos, compañías nacionales o internacionales, organismos internacionales o simples ciudadanos son perseguidos y arrestados.

Es probable que el Cardenal Zen y todos los demás arrestados sean trasladados a alguna provincia de China, donde serán sometidos a trabajos forzosos mientras esperan que se resuelva su juicio. Lamentablemente, todo indica que estas personas desaparecerán y se sumarán a la larga lista de asesinados por la dictadura.

Un agravante a la situación de Zen es que es un representante de la Iglesia Católica, no alineada al régimen. Si bien el Partido Comunista promueve el ateísmo, a fines de la década del ’60 permitió la religión en el país, pero de una manera altamente regulada.

El Estado creó dos iglesias “patrióticas”, una budista y una católica. La "patriótica" católica, denominada oficialmente Asociación Patriótica Católica de China, no es reconocida por el Vaticano, y fue creada y está estrictamente controlada por el gobernante Partido Comunista.

Compitiendo contra ésta, los católicos en China fundaron de manera clandestina la Iglesia Católica de China, que responde a la Santa Sede. Por años, los papas Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI coordinaron la "resistencia" con los curas clandestinos, ayudándolos a llevar a cabo misas en secreto a lo largo de todo el país.

Si, embargo, en 2018, el Papa Francisco firmó un acuerdo para mejorar las relaciones con el Partido Comunista Chino, en el que el Vaticano dio demasiadas concesiones, entre ellas, dejar de dar ayuda a los curas clandestinos, que efectivamente cumplió.

Por otro lado, los sacerdotes católicos son repudiados por los fundamentalistas comunistas por depender de una autoridad extranjera, por lo que sufren todo tipo de persecuciones. Aun así, el cristianismo es la tercera religión más extendida en el país, luego del Budismo Popular Chino y el budismo taoísta.

La pandemia ha sido una útil excusa para arrestar personas y aislarlas, así cómo demorar juicios o incluso brindar respuestas sobre sus paraderos. El régimen chino sabe que la atención de los medios es breve y cuenta con eso para seguir aplastando Hong Kong sin problemas ni críticas internacionales.

El arresto de Zen movilizó a la Unión Europea e inmediatamente conocida la noticia, el canciller europeo Joseph Borrell manifestó su preocupación. Los Estados Unidos tomaron una postura más enérgica y la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, exhortó a las autoridades chinas a "dejar de atacar" a los defensores de la democracia en Hong Kong y a "liberar de inmediato (a aquellos) que han sido injustamente detenidos y acusados, como el cardenal Joseph Zen". El Vaticano, por su parte, manifestó su preocupación con un tibio comunicado.

Sin embargo, estas declaraciones son un montaje, un show que esconde una realidad terrorífica. En vez de aplicarle sanciones a China por cometer actos realmente deleznables, como genocidio, persecución de opositores, manipulación de la moneda y estafa comercial internacional, pocos gobiernos en Occidente se animan realmente a oponerse en los actos al gigante asiático.

Luego de la toma de facto de la ciudad-estado por el régimen chino, la jefa de gobierno Carrie Lam fue reemplazada por el jefe de la "gestapo hongkonesa", John Lee. Era el único candidato habilitado por el Partido Comunista.

El ex jefe de seguridad que supervisó la represión contra los movimientos por la democracia en Hong Kong, John Lee, fue escogido como nuevo gobernante de Hong Kong tras ser el único candidato aprobado por el Partido Comunista chino.

A comienzos de mayo, el ex jefe de seguridad encargado de la represión en Hong Kong fue escogido como sucesor de Carrie Lam, la Jefa de Gobierno saliente que entregó a la ciudad-estado a la dictadura comunista china.

La elección se hizo en un pequeño comité de personas leales al Partido Comunista Chino, donde John Lee fue el único candidato, obteniendo obtuvo 1.416 votos del comité integrado por 1.461 personas, equivalente a 0,02% de la población de 7,4 millones de personas. Los restantes integrantes no emitieron votos.

"Declaro que el candidato único John Lee Ka-chiu fue escogido en la elección antes mencionada. Felicitaciones", expresó el juez Kieth Yeung Kar-hung al dar a conocer el resultado.

Esta designación marca la primera vez que un oficial de seguridad asume la jefatura del gobierno de Hong Kong y ocurre luego de dos años oscuros luego de la toma de poder de facto de China sobre la ciudad-estado, que tenía su autonomía garantizada por el Reino Unido por 40 años más.

Pero los británicos no movieron un dedo cuando el 1ro de julio de 2020 el régimen de Beijing impuso la polémica “Ley de Seguridad Nacional China” en la ciudad autónoma de Hong Kong, prohibiendo desde entonces las concentraciones de manifestantes, la libertad de expresión, la democracia y demás derechos civiles.

Esta “Ley de Seguridad Nacional” fue aprobada en la Asamblea Popular Nacional de China, tomando como excusa un supuesto vacío legal en el Acuerdo Sino-Británico de hace casi cuatro décadas atrás. En ese entonces se le encomendó al gobierno autónomo de Hong Kong implementar sus propias leyes de Seguridad Nacional, las cuales luego serían aprobadas por el Reino Unido y China.

Pero China dijo en 2020 que nunca le dio el visto bueno a la ley hongkonesa y, por lo tanto, el dictador Xi Jinping propuso aplicar la Ley china en su lugar. Ese mismo día, China envió a las fuerzas policiales a ingresar a la ciudad, seguidas del Ejército.

Ahora, cualquier acción, comentario o publicación en internet de parte de los hongkoneses puede ser considerado un acto de traición, secesión, sedición o subversión hacia el Estado de China. Desde ese entonces y de facto, en contra de cualquier acuerdo y sin votación alguna, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en Hong Kong quedó criminalizado por el Partido Comunista Chino.

Esta avanzada expansionista del Partido Comunista se vio complementada con una reforma electoral que le quitó el poder legislativo a la voluntad democrática del pueblo hongkonés, y una reforma judicial que sustituyó la justicia local por una justicia nacional china.

La designación de John Lee, quien asumirá el cargo el 1 de julio, en el 25° aniversario de la entrega de la ciudad-estado a China por parte de Reino Unido, marca la total adhesión del poder ejecutivo a China, y señaliza el fin de Hong Kong como la conocíamos.

Lee comanda la Oficina de Seguridad, la principal agencia de seguridad de Hong Kong, la cual la transformó en los últimos dos años en una verdadera gestapo, siguiendo los lineamientos de la organización parapolicial Oficina 610 del Ministerio de Seguridad de China.

Por Nicolas Promanzio, para La Derecha Diario.