El Grupo de Trabajo de la ONU declaró arbitraria la detención de Luis Fernando Camacho. Según su informe, la privación de libertad del gobernador de Santa Cruz viola varios tratados internacionales. En consecuencia, recomienda su liberación inmediata y una indemnización.
El documento también instó a que se realice una investigación sobre su detención. La institución remitió el documento al Gobierno masista para su cumplimiento. La opinión pública conoció el contenido el pasado viernes.
Human Rights Foundation respalda la posición del Grupo de Trabajo de la ONU. La organización enfatiza que el informe no es una simple recomendación. Según su criterio, se trata de un mandato vinculante que Bolivia debe acatar inmediatamente.
Argumenta que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico del país. Por ello, exige la liberación inmediata de Camacho. Además, anuncia medidas para garantizar el cumplimiento del fallo.
El abogado de Camacho también se pronunció sobre el informe. Asegura que el Estado está obligado a liberar a su defendido. Destaca que Bolivia es signataria de tratados internacionales que reconocen la vinculación del documento.
Anuncia que solicitará un mandamiento de cese a la detención preventiva. De lo contrario, tomará medidas legales para forzar su cumplimiento. Afirma que el documento fortalece la defensa de su cliente.
El informe de la ONU también exhorta a investigar la detención de Camacho. Señala que fue llevado de manera violenta en diciembre de 2022. En el operativo montado por el régimen participaron más de 40 agentes encapuchados.
Durante la detención se denunciaron amenazas, disparos y uso excesivo de la fuerza por parte del régimen. Posteriormente, fue trasladado a La Paz en condiciones cuestionadas. Estas circunstancias refuerzan la categoría de detención arbitraria.
El Gobierno masista ha rechazado el informe de la ONU, el ministro de Justicia, César Siles, calificó el documento como sesgado y desactualizado. Argumenta que no refleja los avances del juicio contra Camacho y anunció que el Estado solicitará una revisión del informe. Afirma que el documento no es vinculante y que no obliga a la liberación del gobernador.
