La Derecha Diario Human Right Foundation exigió la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho
La institución aclaró que el informe del Grupo de Trabajo de la ONU es un mandato vinculante que el régimen debe acatar.
El Grupo de Trabajo de la ONU declaró arbitraria la detención de Luis Fernando Camacho. Según su informe, la privación de libertad del gobernador de Santa Cruz viola varios tratados internacionales. En consecuencia, recomienda su liberación inmediata y una indemnización.
El documento también instó a que se realice una investigación sobre su detención. La institución remitió el documento al Gobierno masista para su cumplimiento. La opinión pública conoció el contenido el pasado viernes.
Human Rights Foundation respalda la posición del Grupo de Trabajo de la ONU. La organización enfatiza que el informe no es una simple recomendación. Según su criterio, se trata de un mandato vinculante que Bolivia debe acatar inmediatamente.
Argumenta que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico del país. Por ello, exige la liberación inmediata de Camacho. Además, anuncia medidas para garantizar el cumplimiento del fallo.
El abogado de Camacho también se pronunció sobre el informe. Asegura que el Estado está obligado a liberar a su defendido. Destaca que Bolivia es signataria de tratados internacionales que reconocen la vinculación del documento.
Anuncia que solicitará un mandamiento de cese a la detención preventiva. De lo contrario, tomará medidas legales para forzar su cumplimiento. Afirma que el documento fortalece la defensa de su cliente.
El informe de la ONU también exhorta a investigar la detención de Camacho. Señala que fue llevado de manera violenta en diciembre de 2022. En el operativo montado por el régimen participaron más de 40 agentes encapuchados.
Durante la detención se denunciaron amenazas, disparos y uso excesivo de la fuerza por parte del régimen. Posteriormente, fue trasladado a La Paz en condiciones cuestionadas. Estas circunstancias refuerzan la categoría de detención arbitraria.
El Gobierno masista ha rechazado el informe de la ONU, el ministro de Justicia, César Siles, calificó el documento como sesgado y desactualizado. Argumenta que no refleja los avances del juicio contra Camacho y anunció que el Estado solicitará una revisión del informe. Afirma que el documento no es vinculante y que no obliga a la liberación del gobernador.
El informe de la ONU también menciona el contexto político de la detención porque la privación de libertad responde a motivaciones políticas. Indica que se vulneró el principio de igualdad ante la ley y considera que se busca reprimir a opositores al Gobierno. Esto refuerza la calificación de detención arbitraria, por eso exige medidas correctivas inmediatas.
¿Al masismo no le importa violar los derechos humanos?
En respuesta, el Gobierno defiende la legalidad del proceso. Argumenta que Camacho enfrenta cargos por su presunta participación en un golpe de Estado. Señala que el juicio ha avanzado y que el debido proceso está garantizado.
La exdiputada masista y actual vicecónsul de Bolivia en Argentina, Lidia Patty, rechazó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU. Afirmó que la organización “no puede inmiscuirse en asuntos internos del país”. Según Patty, el Estado boliviano es soberano y se rige por su Constitución, por lo que no está obligado a cumplir con la recomendación de liberar a Camacho.
Organismos de derechos humanos insisten en la liberación de Camacho. Human Rights Foundation y otros actores internacionales advierten sobre riesgos democráticos. Denuncian que la detención es un ejemplo de persecución política y exigen que el Gobierno cumpla con los tratados internacionales.
El abogado de Camacho ha convocado a una conferencia de prensa que se realizará el lunes 31 de marzo en La Paz. Participarán la familia del gobernador y sus representantes legales, el evento busca informar sobre las acciones que se tomarán. Se espera que también se sumen organismos internacionales
Mientras tanto, la situación de Camacho sigue en incertidumbre porque continúa detenido en la cárcel de Chonchocoro. Su defensa insiste en que su salud está en riesgo, aseguran que las condiciones carcelarias afectan su bienestar. Presentaron múltiples recursos que han sido rechazados la justicia afín al régimen masista.
El Grupo de Trabajo de la ONU ha dado un plazo al Gobierno, exige un informe en seis meses sobre las acciones tomadas. De no haber avances, podría remitir el caso a otras instancias. Naciones Unidas podría intensificar la presión sobre Bolivia.
La oposición ha denunciado que el Gobierno ignora resoluciones internacionales. Exige que se respete el informe de la ONU y plantea que la detención de Camacho es una represalia política. Pide que organismos internacionales intervengan.
En lugar de acatar lo dispuesto por una instancia especializada en derechos humanos, el masismo ha optado por desestimarlo y justificar la detención de Camacho con argumentos políticos. Esta actitud debilita el compromiso del país con los tratados internacionales, también evidencia el poco respeto del régimen a los derechos humanos.
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