Sin embargo, el régimen masista se ha mostrado escéptico ante la existencia de esta organización en el país. En abril del año pasado, el ministro de Gobierno señalado por vínculos con el narcotráfico, Eduardo Del Castillo, informó sobre la captura de criminales que se identificaron como miembros del Tren de Aragua. No obstante, la postura oficial terminó relativizando la situación, sugiriendo que podría tratarse de una "marca" utilizada por diversas bandas delictivas.
Las críticas hacia la respuesta de las autoridades han ido en aumento. Diversos sectores han cuestionado la falta de contundencia en el accionar del Gobierno y de la Policía frente a los indicios de que el Tren de Aragua ya opera en el país. La liberación de presuntos miembros de esta organización criminal, sumada a la negativa oficial de reconocer su presencia, ha generado dudas sobre la capacidad del Estado para enfrentar la amenaza del crimen organizado o sus intenciones de hacerlo. Para algunos analistas, minimizar la peligrosidad de esta banda solo contribuye a su expansión y a la normalización de la violencia.
Mientras tanto, la sociedad civil comienza a organizarse. En algunos barrios de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos más recientes, vecinos han manifestado su preocupación y están impulsando medidas de seguridad comunitaria. Algunos han solicitado mayor presencia policial, mientras que otros han optado por reforzar sus hogares con cámaras y sistemas de alarma. Sin embargo, el miedo persiste, pues los antecedentes de este grupo delictivo en otros países han demostrado que no dudan en atacar incluso a quienes intentan resistirse a su control.
En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha negado en reiteradas ocasiones la existencia del Tren de Aragua, generando tensiones diplomáticas con países afectados por su accionar criminal. En Bolivia, los indicios de su presencia se concentran en la frontera con Chile, donde se ha identificado la participación de extranjeros en actividades ilícitas.
Mientras las autoridades masistas continúan minimizando la amenaza, la ciudadanía exige respuestas. La creciente violencia y la impunidad con la que operan estos grupos han dejado una sensación de indefensión. Sin medidas concretas, el país podría convertirse en el próximo epicentro de las actividades del Tren de Aragua en el continente.