La defensa de Siles argumenta que el audio no fue presentado ante la fiscalía y que este ya es "una prueba contaminada"
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La defensa del exministro César Siles advirtió que el caso consorcio podría quedar sin efecto. Argumentó que la principal prueba en su contra no fue presentada ante la Fiscalía. Se trata de un audio atribuido a Siles en el que coordina un fallo judicial.
Según su abogado Franklin Gutiérrez, ese material carece de validez legal. Afirmó que ya se trataría de una prueba contaminada.
Siles enfrenta cargos por consorcio y tráfico de influencias. El sábado, la justicia ordenó su detención preventiva por cinco meses. Cumplirá esa medida en la cárcel de Patacamaya.
La audiencia cautelar duró diez horas y fue realizada de forma virtual. La defensa intentó detener el proceso alegando una aprehensión ilegal.
El audio en cuestión lo implicaría en una conversación con el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza. En esa llamada se habría coordinado un fallo contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. La conversación, filtrada en redes sociales, fue usada como base para abrir el caso.
Sin embargo, la defensa afirma que no se presentó el archivo original. Solo existen capturas de pantalla y transcripciones.
El audio no fue presentado
Siles sufrió una descompensación este domingo
Franklin Gutiérrez insistió en que no es posible realizar una pericia si no se presenta el soporte. Aseguró que cualquier intento de presentar el audio sería tardío y sin valor.
Consideró que la ausencia de pruebas válidas podría anular el proceso. Por ello, planteó que el caso consorcio corre el riesgo de cerrarse. También puso en duda la autenticidad del material filtrado.
Entre tanto, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a las pruebas. Otro implicado, Yván Córdova, optó por guardar silencio.
Se espera que su situación legal se defina en los próximos días. Por ahora, no hay fecha para nuevas audiencias públicas.
La situación de Siles se agravó este domingo. El exministro sufrió una descompensación en la FELCC de La Paz. Fue atendido por una unidad de Bomberos y trasladado a un centro médico.
Se encontraba a la espera de su notificación oficial de traslado. Su estado fue reportado como estable tras la asistencia médica.
Una red de corrupción
Exvocal del (TDJ) de La Paz, Claudia Castro
Además de Siles, otras cinco personas están implicadas en el caso consorcio. Entre ellas se encuentran exautoridades judiciales y diplomáticas. Dos de los investigados ya tienen detención preventiva.
Otros recibieron detención domiciliaria con o sin salidas laborales. El juez Lea Plaza aún se encuentra en una clínica y no fue llevado a San Pedro.
Román, criticó que se gaste más de 84 millones de bolivianos en una institución que favorece la corrupción. Su denuncia se basa en el caso Siles y la manipulación de fallos judiciales. Pidió al presidente Arce una acción inmediata.
El asambleísta Óscar Balderas también señaló al Ministerio de Justicia como parte de la crisis judicial. Recordó que en 2023 propuso su eliminación por razones estructurales.
Así mismo, afirmó que esta entidad tiene una función política más que administrativa. Sostuvo que eliminarla sería una medida de austeridad y reforma. Insistió en que el conflicto político impide discutir reformas urgentes.
El ministro no actúo solo
Un grupo de personas pidió la liberación del exministro
Durante la audiencia de medidas cautelares, un grupo de personas realizaron una vigilia frente a la FELCC. Portaban pancartas en apoyo a César Siles, el exministro acusado de corrupción.
Los asistentes coreaban frases como “Siles no está solo”. Consideraban que el caso tenía motivaciones políticas. No hubo incidentes, pero se registró una fuerte presencia policial.
A pesar del argumento de prueba contaminada, la justicia determinó su reclusión. La medida fue tomada en medio de presiones y protestas. Se desconoce si el Tribunal aceptará revisar el incidente presentado por la defensa.
El proceso continúa en curso, pero con tensiones crecientes. No se descartan más revelaciones en los próximos días.
La credibilidad del sistema judicial ha vuelto a quedar en entredicho. La ciudadanía expresa preocupación ante un nuevo caso de posible impunidad. Las críticas apuntan tanto a operadores judiciales como a instancias del Ejecutivo.
La falta de transparencia alimenta la desconfianza pública. Y la crisis institucional se profundiza con cada nuevo escándalo.
Se investiga una red que habría manipulado fallos desde las más altas instancias. La gravedad de las acusaciones exige una respuesta clara del Gobierno. Pero por ahora, el régimen solo guarda silencio.
