Colón Punilla S.A., la empresa que la Provincia puso a operar el servicio de manera directa y sin licitación, cortó el agua a 50.000 vecinos. El intendente Fernando Rambaldi exige que la provincia abone a la empresa lo que le debe por sobrepago de agua.
"Esa plata es de los calerenses y tiene que volver en obras, salud y un mejor servicio para la ciudad", repiten en la Municipalidad.
Colón Punilla desconoce la deuda alegando que se generó con la Provincia, no con la empresa. Aun así, restringió y luego cortó el servicio antes de que vencieran los plazos de pago corrientes. Todo esto pese a que la Justicia había ordenado no afectar la provisión e instado a negociar entre las tres partes. El agua, vale recordar, es un derecho humano con jerarquía constitucional en la Argentina.
El intendente Rambaldi reclama hace meses la conformación de una mesa de diálogo tripartita entre municipio, Provincia y empresa para saldar de una vez los reclamos cruzados.
Los números que agravan la demora
Esta semana se conoció que la Nación giró $400.000 millones a la provincia de Córdoba. Saldar la deuda con La Calera representaría apenas el 0,0025% de esos fondos, una proporción que vuelve difícil de explicar la falta de respuesta.
La ciudad de La Calera, la octava más poblada de Córdoba, volvió a quedarse sin agua. El corte, decidido por la empresa Colón Punilla S.A., afectó a barrios, escuelas, centros de salud y familias enteras, y reavivó un conflicto institucional entre el municipio y la Provincia que lleva más de un año sin resolverse.
La empresa opera el servicio por decisión del Gobierno Provincial, que le otorgó la concesión de manera directa, sin licitación y mediante un permiso precario que hoy se encuentra vencido. Lo hace, además, acumulando deudas con EPEC por la energía, con el municipio por las tasas de su planta potabilizadora y con la propia Provincia por el agua que recibe, sin presentar balances, estados contables ni plan de obras.
La Calera, la octava más poblada de Córdoba, volvió a quedarse sin agua por una decisión extorsiva de la empresa Colón Punilla S.A.
Una deuda verificada por la Justicia
El origen del conflicto está documentado. Históricamente, La Calera no pagaba por el agua mayorista que recibía de la Provincia. Eso cambió a fines de 2023, cuando el intendente saliente Facundo Rufeil, tras perder las elecciones, comprometió a la ciudad a pagar unos $200 millones mensuales y reconoció por declaración jurada un consumo mayor al real.
La gestión de Fernando Rambaldi pagó ese monto durante más de un año, mientras sus equipos técnicos advertían que la ciudad recibía menos agua de la que se le facturaba. Ante la sospecha, el municipio acudió a la Justicia y logró la instalación de un macromedidor a la salida de la planta potabilizadora. La medición fue contundente: La Calera pagó de más durante un año, generando un saldo a favor mayor a los $1.000 millones.
El intendente Rambaldi reclama hace meses la conformación de una mesa de diálogo tripartita entre municipio, Provincia y empresa para saldar de una vez los reclamos cruzados. Hasta ahora, el Gobierno Provincial no aceptó sentarse a negociar.
La Calera, la octava más poblada de Córdoba, volvió a quedarse sin agua por una decisión extorsiva de la empresa Colón Punilla S.A.
Un reclamo que no es el único
El del agua se suma a una serie de planteos que La Calera mantiene abiertos con la Provincia sin obtener respuesta:
El municipio reclama la eliminación del peaje de la Av. Ejército Argentino, emplazado en zona urbana, sin camino alternativo, y que los calerenses pagan a diario para trabajar, estudiar o atenderse en Córdoba. Su eliminación fue declarada de interés público municipal por ordenanza aprobada por unanimidad.
Reclama también la apertura del transporte a la competencia, frente a un monopolio que la Provincia sostiene en contra de la legislación vigente en la materia.
Y reclama por dos obras que el gobernador Martín Llaryora prometió el 8 de abril de 2025 en su visita a la ciudad y que aún no comenzaron: la rotonda de la Ruta E55 en "El Cruce" y el camino Intercountry.
Fernando Rambaldi, intendente de La Calera
Lo que está en juego
La disputa expone los costos de sostener un esquema de concesión sin licitación, sin controles y sin rendición de cuentas, en el que un servicio esencial se corta para forzar el pago de una deuda que está en discusión y sobre la que el municipio presentó pruebas judiciales.
Desde La Calera insisten en que la salida es simple: que la Provincia se siente a la mesa, reconozca lo que se pagó de más y garantice que nunca más se use el agua de 50.000 vecinos como herramienta de presión. Resolverlo sería la señal más clara de que en Córdoba los recursos públicos se administran con reglas iguales para todos, sin importar el color político de cada municipio.
