La situación escolar en la provincia de Córdoba ha llegado a un punto de quiebre absoluto debido a las constantes interrupciones provocadas por el gremio. En apenas un mes de ciclo lectivo, los alumnos cordobeses ya han acumulado un total de 8 jornadas sin actividad entre medidas de fuerza y feriados. Ante este panorama desolador, la Asociación Civil Familias por la Educación ha solicitado formalmente que la educación sea declarada un servicio esencial.
Soledad Cabral, presidenta de la organización, advirtió que el uso sistemático de la huelga como método de presión ha fracasado rotundamente en los últimos años. Las estadísticas recolectadas por la entidad civil revelan que en 15 años solo en 2 oportunidades las clases pudieron comenzar con normalidad en la provincia. Resulta inadmisible que un derecho superior como es el aprendizaje de los alumnos sea anulado de manera constante por intereses de carácter sectorial.
El conflicto se agrava tras el rechazo de la UEPC a la tercera propuesta salarial y la convocatoria a un nuevo paro de 72 horas para los próximos días, que finalmente terminó con el dictado de conciliación obligatoria. Esta parálisis educativa no hace más que profundizar la situación del sistema educativo de Córdoba. La presencialidad en las aulas debe ser considerada un elemento innegociable para garantizar un proyecto de vida digno a las nuevas generaciones.
La Asociación Civil Familias por la Educación ha solicitado formalmente que la educación sea declarada un servicio esencial
La educación como un derecho humano superior
La postura de la asociación es clara al señalar que no se puede defender el derecho laboral anulando el derecho constitucional de recibir educación. “El salario es necesario, pero la presencialidad es innegociable. Entendemos que el reclamo es legítimo, que es necesario que el docente perciba un salario digno, que supere la línea de la pobreza. Sin embargo, sostenemos con más énfasis que no se puede defender un derecho, el laboral, anulando otro de jerarquía superior y más vulnerable que es el de aprender”, sentenció Soledad Cabral.
El relevamiento de la entidad muestra que durante marzo solo hubo 17 días efectivos de clases sobre un total de 23 días hábiles previstos originalmente. A esta interrupción se suman las asambleas permanentes, los problemas de infraestructura edilicia y las constantes salidas anticipadas que desorganizan a las familias. Esta discontinuidad pedagógica genera un daño acumulativo que es prácticamente irreversible para los estudiantes que dependen exclusivamente del sistema de gestión estatal.
La repetición sistemática de estas medidas extorsivas demuestra que el sindicato docente ha tomado a los alumnos como rehenes en su disputa económica con el Gobierno provicial. Familias por la Educación insiste en que si la mesa de negociación permanece abierta, las escuelas deberían permanecer operativas bajo cualquier circunstancia política. Es necesario que el Estado cordobés actúe con firmeza para impedir que los diferentes sectores sigan perdiendo días de clases por el accionar extorsivo de la UEPC.
Soledad Cabral, presidenta de la asociación civil Familias por la Educación
Hacia una ley de servicio esencial urgente
La propuesta de declarar la educación como servicio esencial busca emular el estatus que hoy tienen los centros sanitarios, el agua potable o la energía. Bajo este marco legal, se garantizaría que los establecimientos permanezcan abiertos y con personal presente incluso durante el desarrollo de conflictos colectivos. Esta iniciativa legislativa permitiría que el calendario escolar se cumpla de forma efectiva sin quedar supeditado al humor de las cúpulas sindicales.
Actualmente, las instituciones privadas mantienen una actividad casi normal, lo que contrasta con la situación de los alumnos que concurren a escuelas públicas. Soledad Cabral comparó esta situación con la pandemia, donde la falta de presencialidad castigó con mayor dureza a quienes no contaban con recursos tecnológicos propios.
Finalmente, la asociación hace un llamado a la voluntad política para destrabar el conflicto sin sacrificar los días de enseñanza que restan del año. El objetivo primordial debe ser proteger el futuro de miles de jóvenes cordobeses que ven interrumpida su formación académica por la intransigencia de los gremios extorsivos.
