La intransigencia del gremio docente en la provincia de Córdoba ha alcanzado un nivel alarmante tras el rechazo masivo a la tercera propuesta salarial. En una votación que exhibe una negativa casi absoluta, 90 representantes departamentales decidieron dar la espalda a una oferta que buscaba cerrar el acuerdo. Esta postura extorsiva no hace más que profundizar un conflicto que perjudica directamente el derecho a la educación de los alumnos cordobeses en toda la provincia.
El sindicato ignora deliberadamente que la propuesta oficial garantizaba un incremento del 10,3% durante el primer bimestre del acuerdo paritario 2026. Al descontar el 2,9% de inflación de febrero y la proyección de marzo, los trabajadores habrían obtenido un diferencial positivo del 5,3% sobre el IPC. Sin embargo, la cúpula gremial prefiere mantener las escuelas cerradas antes que aceptar beneficios reales que superan la evolución de la recaudación provincial actual.
La asamblea provincial define ahora medidas de fuerza que podrían alcanzar las 72 horas de paro, dejando las aulas vacías en una maniobra de presión constante. Resulta incomprensible que se desestime un esquema de reajustes mensuales, remunerativos y acumulativos que protegían el poder adquisitivo frente a cualquier salto inflacionario. La responsabilidad de este estancamiento recae exclusivamente sobre un gremio que parece priorizar la disputa política por sobre el normal funcionamiento de la comunidad educativa.
La asamblea provincial define ahora medidas de fuerza que podrían alcanzar las 72 horas de paro
Detalles de una oferta económica rechazada
El ofrecimiento rechazado incluía sumas fijas de $22.500 y $50.000 por cargo para los meses de febrero y marzo respectivamente, funcionando como un auxilio financiero inmediato. Además, contemplaba la duplicación del FONID durante el transcurso del año, lo que hubiera permitido cobrar retroactivos de hasta $313.000 por planilla complementaria. A pesar de estas cifras concretas, el 98% de los mandatos en el distrito Capital votó por el rechazo, exigiendo un aumento irreal del 40% de bolsillo.
La propuesta también traía beneficios para el sector pasivo, elevando las bandas del diferimiento a $1.650.000 para proteger al 80% de los jubilados docentes cordobeses. Sumado a esto, se establecía la eliminación del tope del complemento remunerativo y la continuidad de diversas cláusulas de revisión para ajustar el pacto en septiembre. El gremio prefiere ignorar estos avances institucionales, manteniendo una actitud de confrontación que agota la paciencia de los padres y de la sociedad.
La suspensión del FOSAET y el mantenimiento de la profesionalidad docente eran otros puntos clave que quedaban firmes con la aceptación de este tercer ofrecimiento formal. Incluso se garantizaba una cláusula de igual tratamiento para que los docentes recibieran cualquier beneficio extra que firmara otro sindicato de empleados estatales. Al rechazar estas condiciones, la UEPC demuestra que su agenda está más enfocada en el conflicto permanente que en la mejora real de las condiciones laborales.
El sindicato rechazó casi unánimemente la propuesta oficial, que garantizaba un incremento del 10,3% durante el primer bimestre del año
Consecuencias de la intransigencia sindical docente
La ocupación momentánea del Ministerio de Educación y el reclamo de renuncia del secretario general Roberto Cristalli evidencian una interna gremial feroz y descontrolada. Los alumnos de Córdoba quedan atrapados en medio de una interna donde el 55% de los mandatos ya votó a favor de paralizar las escuelas por tres días. Esta metodología de huelga como herramienta única de negociación deslegitima el reclamo y pone en jaque el normal funcionamiento del calendario escolar previsto para este año.
Es difícil comprender cómo un sector que ya recurre a empleos secundarios para completar sus ingresos decide resignar sumas que aliviarían su situación financiera inmediata. El rechazo aplastante de 90 votos contra apenas 6 positivos refleja una desconexión total con la realidad de una provincia que enfrenta ocho meses de caída recaudatoria. La ambición desmedida de ciertos sectores sindicales está destruyendo el prestigio de la educación cordobesa bajo la bandera de una lucha que parece no tener fin.
La Provincia aún conserva herramientas legales como la conciliación obligatoria o el aumento por decreto para intentar frenar este ataque sistemático al derecho de la educación. Sin embargo, la actitud desafiante de los docentes, que aseguran haber perdido el miedo a los descuentos por días de paro, anticipa un panorama de extrema tensión. Mientras el gremio se encierra en sus despachos a planificar más protestas, miles de alumnos de Córdoba esperan una solución que les devuelva la normalidad escolar.
