El descontrol en el empleo estatal de Córdoba sumó un nuevo escándalo institucional tras filtrarse un audio del concejal oficialista Ricardo Moreno defendiendo el clientelismo político. En el mensaje, el dirigente minimizó la detención de Claudio Barrelier, imputado en la causa por la desaparición y muerte de la menor Agostina Vega, de 14 años.
El edil reconoció con absoluta liviandad haber impulsado la incorporación de 500 personas a la estructura de la Municipalidad de Córdoba sin auditorías previas. La filtración desnudó el manejo discrecional de las vacantes públicas que financia el sector privado para sostener el aparato electoral del peronismo.
“Metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco”, justificó Moreno en el mensaje enviado a sus militantes.
El dirigente peronista minimizó la detención de Claudio Barrelier, imputado en la causa por la desaparición y muerte de la menor Agostina Vega, de 14 años.
Privilegios de la corporación política y el costo del empleo militante
La polémica salpicó directamente a la cúpula del gobierno provincial al asociar el caso con el intendente Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora. Para contener el impacto institucional en la opinión pública, el Ejecutivo dispuso la desvinculación inmediata del sospechoso de la planta estatal.
La indignación creció cuando el concejal celebró la exposición mediática de la tragedia al asegurar que el escándalo le sirve de publicidad para su actividad comercial. Este manejo patrimonialista del Estado contrasta con la eficiencia exigida a la iniciativa privada y demuestra el profundo atraso moral de la burocracia.
El fin de la impunidad política resulta indispensable para restablecer el orden social y garantizar la transparencia de las instituciones públicas.
“Metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco”, justificó Moreno en el mensaje enviado a sus militantes.
