La Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó este miércoles el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar para asistir a los hogares con compromisos financieros impagos. La normativa permite consolidar y refinanciar préstamos personales y saldos en tarjetas de crédito contraídos para cubrir gastos cotidianos y necesidades básicas del grupo familiar. El marco legal fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora frente a los niveles de morosidad registrados en los compromisos crediticios de los consumidores.
Las entidades financieras que decidan sumarse al programa provincial deberán ofrecer esquemas de pago de entre 24 y 48 cuotas mensuales fijas. Asimismo, el costo de financiamiento establecido para estas operaciones tendrá un tope en la Tasa Nominal Anual fijado en hasta el 35% para los beneficiarios. La reestructuración busca reordenar los pasivos acumulados en el sistema bancario por parte de los titulares de las cuentas en mora.
Para ingresar a este beneficio, los solicitantes deben demostrar una residencia mínima de 2 años en la provincia de Córdoba. Adicionalmente, deben figurar en Situación 2 o Situación 3 dentro de la Central de Deudores del Banco Central al 31 de julio de 2026. Las condiciones patrimoniales e ingresos familiares para acceder al programa serán precisados en la instancia de reglamentación por parte de las autoridades competentes.
La normativa excluye expresamente a todas aquellas obligaciones vinculadas con juegos de azar o apuestas
Alcance de la normativa y exenciones impositivas
El proceso de selección evaluará la titularidad de inmuebles, vehículos, bienes registrables e inversiones para determinar la relación entre ingresos y deudas acumuladas. La normativa excluye expresamente a todas aquellas obligaciones vinculadas con juegos de azar o apuestas, así como los pasivos generados para cancelar ese tipo de consumos. Las pautas técnicas de evaluación se aplicarán sobre el solicitante y los integrantes de su grupo familiar conviviente.
La adhesión de las entidades bancarias y las empresas emisoras de tarjetas de crédito al programa provincial se formalizará de manera optativa y voluntaria. Como estímulo para su incorporación, la provincia fijó una alícuota del 0% en el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los intereses que generen estas refinanciaciones. El beneficio impositivo se aplicará de forma directa sobre las operaciones que cumplan con los parámetros fijados por la nueva legislación.
El Ministerio de Economía de Córdoba actuará como la autoridad de aplicación encargada de reglamentar, fiscalizar y auditar la implementación del sistema en todo el territorio. La dependencia estatal establecerá los trámites de inscripción y verificará los requisitos presentados por los deudores interesados en acogerse al plan. De esta forma, la provincia pone en marcha un marco normativo para la reorganización de los pasivos financieros de la población local.