Desafectaron a un segundo asesor del legislador Ramón Flores con antecedentes penales
La Legislatura confirmó la baja de Ariel Rodríguez, contratado en el equipo de Ernesto Ramón Flores, quien tiene una condena por peculado vinculada a un episodio en Epec.
La Legislatura confirmó la baja de Ariel Rodríguez, contratado en el equipo de Ernesto Ramón Flores, quien tiene una condena por peculado vinculada a un episodio en Epec.
El equipo del legislador Ernesto Ramón Flores perdió a un segundo colaborador en pocos días. La Unicameral dio de baja a Ariel Rodríguez, quien se desempeñaba como asesor contratado del representante de Río Seco, en medio del escándalo por la causa que investiga hechos de grooming y abuso infantil en Villa de María de Río Seco y que ya llevó a Flores a pedir licencia.
De acuerdo con lo informado por la Secretaría Administrativa de la Legislatura de Córdoba, la desvinculación de Rodríguez se concretó el 13 de agosto, días antes de que el propio Flores solicitara la licencia que hoy aguarda tratamiento en el recinto. Desde el organismo aclararon que la normativa no obliga a invocar una causa puntual para desvincular a un asistente.
Lo llamativo del caso es el historial de Rodríguez: antes de sumarse al equipo de Ramón Flores había sido investigado por presuntamente usar maquinaria de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) para una obra eléctrica particular. Ese episodio derivó en su exoneración de la empresa estatal y en una condena que, según trascendió, sigue en discusión en instancia de casación.
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Del municipio a la Legislatura de Córdoba
a carrera de Rodríguez dentro de la administración pública no se detuvo ahí. Pasó a trabajar en el municipio de Villa de María de Río Seco y, en junio de 2023, ya bajo sospecha judicial, fue incorporado a planta permanente como jefe de sección por el propio Flores, entonces todavía intendente. Cuando el dirigente asumió como legislador provincial en diciembre de ese año, se lo llevó consigo como parte de su equipo.
Este nuevo episodio reactivó el debate sobre los filtros que existen —o que faltan— para el ingreso de asesores a la Legislatura, un plantel que a mayo de 2026 rondaba los 1.055 contratados. La Ley 9.880, que regula el escalafón del personal legislativo, prohíbe expresamente incorporar a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública o hayan sido exonerados o cesanteados en cualquier nivel del Estado.
Con las dos bajas confirmadas en menos de dos semanas —primero Villarreal, ahora Rodríguez—, la Secretaría Administrativa de la Unicameral adelantó que trabaja en modificar los requisitos de ingreso para los asesores legislativos.
