Los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Córdobareactivarán los paros y las asambleas debido a la falta de un acuerdo salarial con las autoridades del sector. El conflicto laboral se extiende desde hace 5 meses y se profundizará el próximo lunes con el reinicio de la actividad en los tribunales cordobeses. La última propuesta oficial del Tribunal Superior de Justicia consistía en adelantar las cuotas de equiparación de haberes y abonar una suma fija no remunerativa.
La moción presentada por las autoridades judiciales fue desestimada por una Asamblea Extraordinaria que cosechó un total de 513 votos en contra y 228 votos a favor. El descontento generalizado se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios locales, los cuales se encuentran vinculados a la pauta salarial federal. Según los informes del sindicato, los haberes del escalafón nacional registraron un retroceso acumulado del 34% en el transcurso del período de la actual administración.
Las negociaciones llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo provincial no prosperaron tras la negativa del gremio a suscribir el acta oficial correspondiente. La falta de entendimiento determinó la paralización total de las mesas de diálogo durante las 2 semanas en que se extendió el receso invernal ordinario. La representación gremial de los judiciales solicita formalmente la formulación de una nueva oferta que compense de manera real el impacto del costo de vida.
Protestas de los empleados judiciales de Córdoba frente al Tribunal Superior de Justicia
Detalles del ofrecimiento oficial y escalas afectadas
El ofrecimiento original diseñado por los representantes del Tribunal Superior de Justicia de Córdobacontemplaba un incremento diferencial estructurado por categorías de agentes públicos. Para el grupo compuesto por Auxiliares y Ayudantes se fijaba el cierre definitivo del proceso de equiparación este año junto a un bono único de $140.000. El personal perteneciente a los sectores de Escribientes y Auxiliares Ayudantes percibiría de forma anticipada la totalidad de las cuotas 3 y 4 en los haberes correspondientes.
Para las posiciones restantes de la estructura administrativa del Poder Judicial se estipulaba adelantar de forma simultánea la liquidación de la cuota número 3. Bajo esa misma propuesta institucional, el pago final de la cuota 4, que estaba programado originalmente para el mes de julio de 2028, se trasladaría a julio de 2027. Los trabajadores desestimaron estas condiciones al constatar que las categorías inferiores no recibirían mejoras que fuesen sostenibles en el tiempo.
Las agrupaciones del sector judicial remarcaron que el borrador oficial tampoco reconoció el pago del 50% del concepto salarial asociado a la permanencia en la categoría. Esta demanda de los agentes estatales representa una equivalencia directa al 5% de la asignación correspondiente al sueldo básico del escalafón técnico. Los empleados judiciales acumularon más de 20 días de paro total de actividades durante el transcurso del primer semestre del ciclo laboral.
Protestas de los empleados judiciales de Córdoba frente al Tribunal Superior de Justicia
Origen normativo y aportes a la seguridad social
El elemento desencadenante de la disputa sectorial se remonta a la sanción parlamentaria de la denominada Ley de Equidad Previsional ocurrida en el mes de diciembre de 2025. Los voceros de las diferentes agrupaciones sindicales manifestaron que el contenido de esta reforma legal licuó de manera automática los beneficios conseguidos previamente en las paritarias. Aquel entendimiento preexistente se había alcanzado apenas 5 meses antes luego de un extenso plan de contingencia con movilizaciones callejeras permanentes.
La cuestionada legislación previsional provincial delegó facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo Provincial para modificar las alícuotas destinadas al sostenimiento del sistema jubilatorio de Córdoba. Las modificaciones normativas aplicaron un esquema de descuentos salariales obligatorios con incrementos establecidos en escalas específicas fijadas en los 4, 6 y 8 puntos porcentuales. Este aumento directo en las retenciones destinadas a la Caja de Jubilaciones de la Provincia redujo el sueldo neto de la totalidad del personal judicial en actividad.
El retorno a las funciones ordinarias en las sedes judiciales de la provincia se mantendrá bajo condiciones de estricta inestabilidad administrativa por la vigencia de las protestas. El sindicato mantendrá el estado de alerta general y coordinará la realización de nuevas asambleas informativaspara definir la modalidad de las interrupciones del servicio. Las autoridades de la provincia deberán formalizar una mesa técnica de discusión para destrabar el funcionamiento del servicio de administración de la justicia provincial.
