La gestión de Passerini consolida un modelo de vigilancia digital orientado a la recaudación en un área central que ya carga con una elevada presión tributaria.
La gestión de Daniel Passerini puso en marcha este martes el sistema de multas por estacionamiento medido, oficializando un nuevo esquema recaudatorio sobre el espacio público. Tras un breve período de prueba, el municipio activó un mecanismo de vigilancia digital que castiga a los conductores con sanciones que oscilan entre los 32.912 y los 65.824 pesos, cifras que se ajustan según el valor de los combustibles.
El uso de los constatadores habilitados, encargados de escanear patentes para derivar infracciones a la Justicia de Faltas, confirma la voluntad estatal de maximizar la recaudación mediante la tecnología. Esta voracidad estatal se despliega en un contexto donde el ciudadano ya afronta una carga impositiva abrumadora, sumando ahora una penalidad económica extra por utilizar la vía pública que debería estar garantizada por el pago de tasas municipales.
"La implementación de este sistema busca ordenar el tránsito, aunque el mecanismo se percibe como una herramienta de recaudación más", señalan diversos sectores que cuestionan la falta de soluciones reales ante la presión impositiva.
La existencia de este sistema plantea una contradicción de fondo: el vecino ya financia el mantenimiento de las calles a través de tributos directos e indirectos, y ahora el municipio le exige un pago adicional por estacionar sobre esa misma infraestructura. Mientras la Municipalidad de Córdoba prioriza la creación de nuevos mecanismos para extraer fondos del automovilista, el polo productivo local exige una gestión que apueste por la eficiencia en el gasto público en lugar de buscar nuevos nichos de exacción.
Esta voracidad estatal contrasta con las dificultades que atraviesan los sectores productivos y comerciales de la ciudad, obligados a absorber constantes aumentos operativos en un marco de elevada inflación. Mientras el sector privado debe optimizar sus recursos para sobrevivir, el municipio expande su estructura administrativa para fiscalizar, multar y recaudar, consolidando un modelo donde el Estado actúa más como un recaudador que como un facilitador de la actividad económica.
La verdadera eficiencia no se mide por la cantidad de multas labradas ni por la precisión del sistema de cobro, sino por la capacidad de ofrecer servicios de calidad sin asfixiar al contribuyente que sostiene el sistema. El progreso real llegará cuando la administración municipal se enfoque en simplificar la vida del ciudadano en lugar de convertir el tránsito en una fuente inagotable de ingresos tributarios.
