La Municipalidad de Córdoba empleó a un condenado que cayó preso por una red de documentos falsos

La causa también reveló que otro empleado de Epec, Daniel Alejandro Chuminatti, había presentado años atrás un certificado de secundario completo falso para acceder a un adicional salarial. El hallazgo expone que la maniobra de falsificación no se limitaba a un solo organismo ni a un solo tipo de beneficio.

Según la investigación, Saavepdra Paredes habría comprado dos certificados de antecedentes penales adulterados para ingresar al Programa de Acompañantes Hospitalarios de la Senaf, ocultando así su prontuario real. Los propios investigadores señalaron que "llegó al municipio por contactos políticos", algo que, según trascendió, el propio imputado reconoció.

La Municipalidad de Córdoba, la red de documentos falsos y los empleados de Epec

La pesquisa, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, permitió identificar a Fernando Rubén Romero, empleado de Epec, y a Fidel Eliseo Murúa, de 73 años, como los presuntos intermediarios que conseguían la documentación falsa. Ambos fueron imputados por falsificación de documento público y estafa agravada contra la administración pública.

Las últimas medidas judiciales llevaron hasta Oscar Arnaldo Cuello, señalado como el autor material de la licencia y los certificados falsos. Cuello ya había sido condenado en otra causa por integrar una asociación ilícita de 26 personas dedicada a falsificar documentación, lo que evidencia que continuó operando pese a los antecedentes.

El antecedente que la gestión de Passerini ya había enfrentado con Barrelier

El caso reabre un interrogante que la Municipalidad de Córdoba ya había enfrentado con el caso de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega, quien también había logrado ingresar como becario municipal pese a estar procesado. Dos episodios distintos, pero con el mismo patrón de fondo: controles de ingreso al Estado que no funcionan.

Mientras la fiscalía intenta determinar si la organización proveía documentación falsa a terceros por fuera de los imputados ya identificados, el expediente vuelve a exponer un problema de fondo: la facilidad con la que personas con antecedentes graves logran sortear los controles y acceder a áreas sensibles del Estado, incluidas aquellas que trabajan directamente con menores en situación de vulnerabilidad.