Falsas amenazas escolares: el costo de los operativos policiales en Córdoba llegará a los $16.000.000
Los padres de los adolescentes imputados deberán pagar hasta 16 millones de pesos por los costos logísticos y el despliegue de las fuerzas de seguridad
El Gobierno de la Provincia de Córdoba inició el proceso administrativo para cobrar a las familias el costo total de los operativos derivados de amenazas de tiroteos en los colegios. Durante una entrevista, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros detalló que ya se evalúan los primeros 4 casos específicos para emitir las correspondientes notificaciones de pago. El objetivo de la medida es que los ciudadanos de la provincia no deban financiar con sus impuestos los gastos generados por conductas delictivas juveniles.
La movilización de recursos ante cada alerta demanda una logística costosa que incluye personal especializado, vehículos y equipos técnicos de alta complejidad en seguridad urbana. Según los datos brindados por la cartera, el valor mínimo de un despliegue preventivo básico se ubica en torno a los $4.000.000 por cada intervención. No obstante, la cifra puede escalar considerablemente según la gravedad del hecho y la cantidad de brigadas de explosivos o servicios de emergencia que deban activarse.
"No tiene por ánimo un fin recaudatorio sino resarcir al estado por los gastos que se produjeron", explicó Quinteros respecto a la naturaleza de esta acción administrativa. El dinero obtenido mediante estos resarcimientos ingresará a una cuenta especial de la Policía de Córdoba destinada a equipar a los agentes que patrullan las calles. De esta forma, se busca que las falsas alarmas dejen de representar una pérdida financiera neta para el presupuesto de seguridad de todos los cordobeses.
Los operativos suelen activarse incluso por escritos menores encontrados en instalaciones escolares, lo que genera una innecesaria zozobra y miedo en la comunidad educativa local. Las autoridades subrayaron que poner un mensaje de amenaza obliga a movilizar personal que debería estar cumpliendo funciones de prevención en otros sectores. Por este motivo, el cobro busca ser una medida disuasoria para que los adultos responsables supervisen con mayor rigor el comportamiento de sus hijos adolescentes.
El dinero obtenido mediante los resarcimientos ingresará a una cuenta especial de la Policía de Córdoba
Cifras de alumnos involucrados y consecuencias legales
Hasta el momento, la Justicia provincial registra un total de 29 estudiantes imputados por este tipo de amenazas calificadas en distintos colegios de la ciudad. A ellos se suman otros 22 jóvenes identificados que son considerados inimputables por su edad, aunque sus padres igual deberán responder civilmente con su propio patrimonio. El Ministerio advirtió que estos hechos constituyen delitos penales reales y no simples juegos de estudiantes, debido al estrépito social que provocan las falsas alarmas.
"Es un hecho delictivo por amenazas calificadas por el anonimato", recordó el ministro al referirse a la gravedad institucional de utilizar mensajes ocultos para intimidar. El uso de la tecnología para rastrear el origen de las llamadas y mensajes permitió identificar a los autores de las últimas 51 incidencias registradas en la capital. La rigurosidad en el cobro de los operativos se aplicará tanto para los incidentes ocurridos en la ciudad de Córdoba como para aquellos detectados en el interior.
Cada boleta de pago enviada a los domicilios de los infractores detallará los gastos de logística, combustibles y horas de servicio de los efectivos que participaron. "No tienen por qué pagar los cordobeses estos operativos", insistió el responsable de la seguridad provincial para cerrar el debate sobre la procedencia del reclamo económico. Con estas medidas, se espera que el impacto en la economía familiar actúe como un límite efectivo ante la repetición de estas conductas en el ámbito escolar.
"En el caso de las amenazas de bomba, que son operativos más grandes que estos, nos cuestan entre 13 y 17 millones de pesos", puntualizó el funcionario. Las autoridades indicaron que los montos máximos por operativos de tiroteos pueden alcanzar los $16.000.000 cuando el protocolo exige el movimiento de unidades de inteligencia y bomberos. El cálculo final de la deuda que deberán afrontar los padres dependerá estrictamente de los recursos humanos y materiales que hayan sido afectados al procedimiento.
Juan Pablo Quinteros, ministro de seguridad de Córdoba
Responsabilidad civil y destino del dinero recaudado
La determinación de exigir el pago se sustenta en la responsabilidad patrimonial de los progenitores establecida por el Código Civil y Comercial sobre los actos de menores. El Ministerio de Seguridad aclaró que no se trata de multas nuevas, sino de aplicar la reglamentación vigente para recuperar el dinero invertido por el Estado provincial. En caso de que los tutores legales se nieguen a abonar la suma notificada, el expediente pasará de inmediato a la Fiscalía de Estado para su cobro judicial.
