Con 51 votos a favor se eliminó la actividad ilegal y se prohibió totalmente la labor de limpiavidrios.
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La Legislatura de Córdoba aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que prohíbe la actividad de los naranjitas ilegales en la provincia. La histórica votación cerró con 51 votos a favor y apenas 19 en contra, marcando un límite definitivo a la apropiación del suelo urbano. Esta nueva normativa establece un marco legal estricto para ordenar el uso del espacio público y proteger al ciudadano de cobros arbitrarios.
El texto definitivo nació del consenso entre las propuestas de Agost Carreño, los radicales Gvozdenovich e Inés Contrera, y sectores minoritarios. El punto central de la legislación prevé la prohibición de los cuidacoches, permitiendo excepciones solo mediante ordenanzas locales específicas. Los municipios tendrán ahora la potestad de decidir si habilitan esquemas autorizados, bajo estrictas normas de identificación y tarifas fijas.
La ley sancionada incluye además una prohibición total para los limpiavidrios, una práctica extendida que ya no tendrá lugar legal en las calles. Con esta herramienta, el Estado provincial traslada la responsabilidad a los intendentes para definir zonas autorizadas y sistemas de control. La meta primordial es terminar con la anomia estatal que imperaba en la vía pública y garantizar el respeto por las normativas de tránsito locales.
Esta nueva normativa establece un marco legal estricto para ordenar el uso del espacio público y proteger al ciudadano de cobros arbitrarios.
Fin de la informalidad y traspaso de facultades a los municipios
Quienes sean autorizados por los gobiernos locales deberán estar debidamente identificados y respetar únicamente las tarifas oficiales establecidas. La iniciativa de Hernández Maqueda también aportó a la redacción final, reforzando la necesidad de eliminar actividades que operaban sin control. Se busca dar una respuesta concreta al reclamo de seguridad jurídica de los conductores que circulan diariamente por todas las localidades.
A partir de ahora, cualquier persona que exija dinero fuera de los sistemas autorizados estará violando una ley provincial con sanciones muy claras. La gestión de los espacios comunes dejará de ser un nicho para la explotación particular para integrarse al ordenamiento institucional.
El oficialismo provincial y la oposición dialoguista coincidieron en que no se podía seguir sosteniendo un esquema de recaudación informal y abusivo. Esta ley otorga a la Policía de Córdoba facultades precisas para intervenir y disuadir a los naranjitas ilegales que persistan en su accionar. La sociedad cordobesa recupera así el derecho a transitar libremente sin ser rehén de grupos informales que actúan al margen de la ley.
