El Concejo Deliberante mañana premiará a los cuidacoches con una tarifa obligatoria que vaciará los bolsillos de los vecinos.
La Municipalidad de Córdoba decidió responder al histórico reclamo contra los cuidacoches ilegales de una manera insólita: convirtiéndolos en agentes oficiales del Estado. Mañana se votará una ordenanza que transforma la vieja "colaboración" voluntaria en un arancel obligatorio de $1.320 por cada hora de estacionamiento. Lejos de prohibir la actividad, el oficialismo municipal ha decidido legitimar un esquema que castiga directamente a los trabajadores que deben dejar su auto en la vía pública.
Para evitar palabras incómodas, la nueva ingeniería jurídica municipal utilizará eufemismos y ahora llamará a los naranjitas bajo el nombre de "constatadores". Estos nuevos agentes externos de control ya no cuidarán los vehículos, sino que su única función será fiscalizar que el vecino pague mediante la aplicación oficial. Es el reconocimiento tácito de un Estado que admite su incapacidad para brindar seguridad y prefiere tercerizar el control del espacio público en manos de cooperativas.
El negocio planteado detrás de esta normativa es tan llamativo como perjudicial para el contribuyente cordobés que circula por la capital provincial. De todo lo recaudado por el estacionamiento, solo el 20% quedará en las arcas del municipio, mientras que el 80% restante irá directo a las cooperativas. Básicamente, los conductores financiarán un plan social encubierto donde el gestor de cobro se queda con cuatro quintas partes de lo que el vecino está obligado a pagar.
La proyección oficialista es tan optimista que estima pasar de 358 naranjitas registrados a un ejército de más de 858 trabajadores bajo el paraguas municipal. Esto significa que muchas más cuadras de la ciudad dejarán de ser gratuitas para estacionar para pasar a tener una tarifa atada al valor de la nafta premium. Los vecinos que pedían menos presencia de cuidacoches y más orden se encontrarán con un sistema que multiplica la cantidad de sectores alcanzados por el cobro.
Un trabajador del Polo Sanitario graficó el drama al señalar que pasará de pagar una propina diaria acordada en $2000 a gastar unos 280.000 pesos por mes. Esta cifra exorbitante demuestra que la Municipalidad no está diseñando un sistema de tránsito, sino una carga económica insostenible para quienes trabajan y estacionan sus autos en la vía pública. La desconexión de los representantes con la realidad del ciudadano de a pie es total, transformando un problema de seguridad en un nuevo impuesto al uso del asfalto.
Al final del día, a los cordobeses que querían soluciones reales el tiro les terminó saliendo por la culata por decisión de sus propios gobernantes. Algún opositor ya ironiza con que el Concejo Deliberante, en lugar de escuchar a la gente, va a "disciplinar" al vecino con el bolsillo el próximo jueves. La oportunidad histórica de terminar con esta cultura del apriete y la extorsión se perdió en favor de un esquema que oficializa el conflicto y lo hace obligatorio para todos por igual.
