La Justicia investiga a los magistrados por presunta manipulación de expedientes tributarios y maltrato institucional.
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Los fiscales federales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián impulsaron una acción penal contra los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La investigación se centra en la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, falsedad ideológica, violación de deberes y coacción agravada. Actualmente, el juez Alejandro Sánchez Freytes se encuentra analizando el requerimiento mientras mantiene las actuaciones bajo un estricto secreto de sumario.
El origen de este complejo proceso judicial radica en una denuncia presentada por la abogada Celina Laje Anaya, funcionaria del mismo tribunal federal. Ante la elevada jerarquía de los magistrados señalados, la Procuración General de la Nación designó a un fiscal especial para coadyuvar en las tareas. Las imputaciones también alcanzan a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, este último bajo sospecha de haber incurrido en un presunto falso testimonio.
Los hechos que se intentan esclarecer habrían ocurrido durante el año 2023, en el marco de la conformación de las Salas A y B del tribunal cordobés. La fiscalía sospecha que existió una maniobra deliberada para alterar la integración de los cuerpos colegiados y beneficiar así a intereses externos. Esta situación ha generado una fuerte conmoción en el ámbito de la Justicia Federal debido al rol institucional que ocupan los principales involucrados.
Los jueces imputados son Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
Investigación por manipulación de causas tributarias
La hipótesis principal sostiene que se violaron los reglamentos internos para resolver dos expedientes específicos vinculados a la cerealera multinacional Bunge. Los directivos de dicha firma estaban siendo investigados por supuesta evasión tributaria en las causas caratuladas como Padilla y Humanes. Se busca determinar si Sánchez Torres y Montesi procuraron favorecer a la empresa mediante el manejo arbitrario de los tiempos y recorridos procesales.
Los fiscales analizan si los expedientes fueron "cajoneados" o circulados de forma irregular entre las distintas vocalías para evitar fallos adversos a la firma. Las causas se tramitaban originalmente en los juzgados de Río Cuarto y Villa María antes de llegar a la instancia de apelación en la capital provincial. La pesquisa técnica deberá desentrañar si el movimiento de las carpetas judiciales se ajustó estrictamente a las normativas de subrogancia y vacantes legales.
La acusación sugiere que la cúpula del tribunal habría buscado influir en la decisión final mediante la designación dirigida de los jueces intervinientes. Este tipo de maniobras, de comprobarse, representarían una grave afectación a la transparencia y la seguridad jurídica que debe regir en la cámara de apelaciones. Los documentos incautados y los registros informáticos del sistema de gestión judicial serán piezas fundamentales para corroborar o descartar estas sospechas de corrupción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes deberá analizar la solicitud del Ministerio Público Fiscal de la Nación
Denuncias por hostigamiento y maltrato laboral
En paralelo a la causa por delitos funcionales, el vocal Abel Sánchez Torres enfrenta acusaciones directas por una secuencia de malos tratos contra la denunciante. Laje Anaya refirió que el hostigamiento comenzó tras su resistencia a cumplir órdenes irregulares sobre cómo debían integrarse las salas de votación. Estas acciones habrían derivado en un serio deterioro de su salud física y mental, producto de las constantes represalias sufridas en su entorno de trabajo.
La funcionaria describió maniobras persecutorias que buscaban forzar un enroque de cargos para disminuir su categoría profesional y sus haberes mensuales actuales. Según la denuncia, estas presiones la habrían conminado a presentar una nota solicitando su propio descenso de jerarquía contra su voluntad y bajo coacción. Este aspecto de la causa se enfoca únicamente en el comportamiento del magistrado Sánchez Torres y el impacto negativo en la futura jubilación de la víctima.
Finalmente, la Justicia deberá evaluar si las incongruencias detectadas en los testimonios de los secretarios forman parte de un plan de encubrimiento institucional. El avance de la instrucción penal promete nuevas medidas probatorias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios imputados en Córdoba. La transparencia de la Cámara Federal se encuentra bajo la lupa social mientras se aguarda el levantamiento de la reserva de las actuaciones judiciales.
