Melisa Heredia confirmó que el acusado trabajaba para el exconcejal Ricardo Moreno, quien financió una fianza de 5 millones de pesos para liberarlo en 2025.
Las revelaciones sobre el entramado de impunidad política en Córdoba exponen el quiebre del orden institucional y la desprotección de los ciudadanos frente a los privilegios de la función pública. Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, denunció públicamente los vínculos directos entre el principal imputado, Claudio Barrelier, y el exconcejal Ricardo Moreno.
Según el testimonio, el acusado operaba como personal de seguridad del exfuncionario y obtuvo una rápida liberación en una causa por privación ilegítima de la libertad en 2025 tras permanecer detenido solo 20 días. Esta impunidad fue garantizada mediante el pago de una fianza de 5 millones de pesos gestionada de forma directa por el entorno del propio dirigente político.
"Ricardo Moreno pagaba todas las macanas que se mandaba", afirmó la madre de la víctima para graficar el esquema de protección oficial que amparaba al delincuente.
La madre de Agostina Vega denunció el encubrimiento del poder político de Córdoba a Claudio Barrelier y a Ricardo Moreno (su padrino político)
Privilegios políticos y degradación institucional
El escándalo forzó la salida de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante de Córdoba, desnudando los vicios de un aparato estatal donde el amiguismo interfiere frecuentemente con la aplicación de la ley. La intervención inicial en la defensa por parte del abogado Jorge Sánchez del Bianco, yerno del exconcejal, ratifica la red de influencias corporativas utilizada para eludir la acción de la justicia.
Mientras los contribuyentes sostienen con sus impuestos un costoso sistema de seguridad, el uso de influencias políticas consagra una inadmisible desigualdad ante la ley. El orden social exige la erradicación total de estos esquemas de padrinazgo estatal que destruyen la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo civil.
Córdoba demanda el fin definitivo de la complicidad y la depuración inmediata de las estructuras del poder público involucradas en desvíos éticos. El progreso real solo será posible cuando los funcionarios rindan cuentas de sus actos y se restablezca la vigencia plena de la justicia.
