El abogado Juan Pablo Rustán pide investigar si el exlegislador conocía los impedimentos legales de Ariel Rodríguez antes de incorporarlo como asesor.
El escándalo por la causa de abusos sexuales y grooming en Villa de María de Río Seco sumó un nuevo capítulo judicial: una denuncia penal contra el exlegislador Ramón Flores por la presunta designación irregular de su exasesor Ariel Alejandro Rodríguez en la Legislatura de Córdoba.
La denuncia, presentada por el abogado Juan Pablo Rustán, sostiene que la incorporación de Rodríguez estaba impedida por la Ley Provincial 9.880 del Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo, y pide investigar la intervención que pudo haber tenido Flores tanto en la gestión de esa incorporación como en el conocimiento de los impedimentos legales que pesaban sobre Rodríguez.
Entre sus argumentos, Rustán citó las propias palabras de Rodríguez durante el juicio en el que fue condenado por usurpación y peculado, cuando reconoció que, tras ser exonerado de Epec por usar herramientas y vehículos oficiales para usurpar un campo en Río Seco, consiguió trabajo en la Legislatura gracias a su amistad con Flores: "Es mi amigo y me dio una mano", declaró Rodríguez ante el tribunal.
El denunciante remarcó que el artículo 12, inciso a, de la Ley 9.880 establece expresamente que no puede ingresar ni reingresar al Poder Legislativo quien haya sido condenado por un delito contra la administración pública, mientras dure la inhabilitación, y sostuvo que Rodríguez continuó como funcionario de la Unicameral pese a esa condena.
El mismo artículo, en su inciso f, prohíbe además el ingreso de quien haya sido declarado cesante o exonerado de la administración pública nacional, provincial o municipal hasta tanto no obtenga una rehabilitación, algo que, según Rustán, Rodríguez no habría acreditado. La denuncia pide también investigar la dimensión patrimonial de la designación, que el letrado consideró que podría constituir una defraudación en perjuicio de la administración pública.
El artículo 253 del Código Penal sanciona el delito de nombramientos ilegales dentro de la administración pública, y se espera que en las próximas horas la Fiscalía General determine qué sede de Córdoba Capital investigará la denuncia contra Ramón Flores.
