Bloques parlamentarios solicitaron suspender el nombramiento del funcionario ante el Tribunal Superior de Justicia.
Los legisladores provinciales Leonardo Limia, Ileana Quaglino, Ramón Flores y Edgardo Russo presentaron un proyecto formal en la Legislatura de Córdoba. La iniciativa parlamentaria solicita al Tribunal Superior de Justicia la suspensión inmediata de la designación del fiscal de instrucción Iván Rodríguez. El funcionario judicial debía asumir funciones operativas específicas bajo la jerarquía de procurador penitenciario adjunto en la provincia.
La determinación institucional se fundamenta en los cuestionamientos públicos derivados de su intervención en una causa previa vinculada a Claudio Barrelier. El mencionado imputado afrontaba un expediente penal por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad desde hacía un año en la ciudad, pero fue liberado por el fiscal Rodríguez pocas semanas después de su detención. Asimismo, la falta de elevación a juicio de dicha investigación previa generó fuertes críticas de la oposición tras conocerse el asesinato de la menor Agostina Vega.
Los bloques opositores impulsaron pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra Iván Rodríguez y el fiscal Raúl Garzón ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Las versiones tribunalicias indican que la estabilidad del primer magistrado es considerablemente frágil debido a las omisiones procesales constatadas respecto del caso de Barrelier del año pasado. La presentación del proyecto legislativo busca otorgar un marco institucional definitivo a una decisión política adoptada por las bancadas.
La parálisis de este nombramiento en particular destrabó de forma automática la jura de los restantes cuatro funcionarios designados para el nuevo organismo. La estructura de control carcelario contará con las incorporaciones formalizadas de Bettina Croppi, Guadalupe Trillo Pellizari, María Florencia Degano y Melani Mattía. El acto de asunción formal de las autoridades provinciales quedó programado para realizarse este viernes ante los miembros del Máximo Tribunal.
La Procuración Penitenciaria fue estructurada originalmente para funcionar con siete vacantes distribuidas en una Procuraduría General, cuatro procuradurías adjuntas y dos secretarías técnicas. El ente posee facultades legales autónomas para inspeccionar de manera directa los establecimientos de detención y formular recomendaciones de gestión. El diseño institucional procura resguardar las garantías procesales de los reclusos mediante la promoción de acciones constitucionales urgentes.
El proyecto impulsado por los representantes del oficialismo de Córdoba tomará estado parlamentario reglamentario durante el desarrollo de la sesión legislativa ordinaria. Los presidentes de bloque definirán en la reunión de Labor Parlamentaria si el texto normativo se somete a debate sobre tablas de manera inmediata. La resolución final buscará consolidar el rol supervisor de la Unicameral sobre los pliegos y las designaciones de los magistrados provinciales.
