Los legisladores provinciales Leonardo Limia, Ileana Quaglino, Ramón Flores y Edgardo Russo presentaron un proyecto formal en la Legislatura de Córdoba. La iniciativa parlamentaria solicita al Tribunal Superior de Justicia la suspensión inmediata de la designación del fiscal de instrucción Iván Rodríguez. El funcionario judicial debía asumir funciones operativas específicas bajo la jerarquía de procurador penitenciario adjunto en la provincia.
La determinación institucional se fundamenta en los cuestionamientos públicos derivados de su intervención en una causa previa vinculada a Claudio Barrelier. El mencionado imputado afrontaba un expediente penal por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad desde hacía un año en la ciudad, pero fue liberado por el fiscal Rodríguez pocas semanas después de su detención. Asimismo, la falta de elevación a juicio de dicha investigación previa generó fuertes críticas de la oposición tras conocerse el asesinato de la menor Agostina Vega.
Los bloques opositores impulsaron pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra Iván Rodríguez y el fiscal Raúl Garzón ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Las versiones tribunalicias indican que la estabilidad del primer magistrado es considerablemente frágil debido a las omisiones procesales constatadas respecto del caso de Barrelier del año pasado. La presentación del proyecto legislativo busca otorgar un marco institucional definitivo a una decisión política adoptada por las bancadas.
