La negativa del intendente filokirchnerista a recortar el gasto político satura el municipio de empleados y puestos innecesarios, drenando todos los recursos de la administración.
La crisis por la demora de tres días en el pago de los aguinaldos de los empleados municipales destapó la caótica gestión de las finanzas del intendente filokirchnerista Daniel Passerini en Córdoba Capital. El mandatario municipal se negó de forma deliberada a realizar el ajuste estructural al inicio de su mandato, sentando las bases para el descalabro financiero actual. Esta falta de coraje fiscal derivó en una planta de personal totalmente sobredimensionada que crece de forma constante con la incorporación de empleados inútiles y militantes sin funciones específicas.
Los ciudadanos cordobeses se ven obligados a costear con sus impuestos los sueldos de una enorme masa de ñoquis incrustados dentro del Palacio 6 de Julio. Asimismo, se destaca de sobremanera la incapacidad de la intendencia para anticipar los escenarios económicos actuales del municipio y frenar el derroche de recursos públicos. La recaudación impositiva local se dilapida por completo en sostener estos privilegios políticos, descuidando el pago de los servicios básicos y el vencimiento de una deuda de U$S 150 millones.
Mientras la burocracia de los gremios municipales devora las partidas presupuestarias, el entorno de la intendencia busca excusas argumentando que las gestiones pasadas disponían de fondos bancarios equivalentes a 7 masas salariales. Este panorama de parálisis y despilfarro partidario se combina con los recientes escándalos por los gastos de los ministerios en el exterior. La preocupante fragilidad de la caja de Córdoba Capital expone de forma directa las graves consecuencias de priorizar el clientelismo por sobre el ordenamiento fiscal.
Municipalidad de Córdoba
Denuncias por el financiamiento de comitivas
El senador nacional Luis Juez exigió de manera formal al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, un informe detallado sobre un viaje a China de una comitiva oficial cordobesa. La presentación busca determinar si la entidad financió con viáticos, pasajes y alojamientos al ministro de Economía Guillermo Acosta y a su cónyuge. La solicitud persigue esclarecer los mecanismos de cobertura económica utilizados por los funcionarios provinciales en las misiones desarrolladas en la ciudad extranjera de Dalian.
Desde el oficialismo provincial minimizaron la presentación legislativa calificándola como una burda sobreactuación política desprovista de facultades legales de control reales. Las autoridades recordaron que el CFI está constituido de forma autónoma por las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no depende del Gobierno nacional ni integra la administración pública nacional. Por este motivo, las autoridades del organismo no se encuentran supeditadas legalmente a los pedidos de informes emanados por los representantes del Congreso Nacional.
La investigación sobre el manejo discrecional de los recursos estatales continuará en el centro del debate público de las diferentes fuerzas partidarias cordobesas. Mientras tanto, los contribuyentes locales continúan afrontando una altísima presión impositiva destinada a solventar estructuras municipales ineficientes. Las demandas de austeridad dirigidas al Ejecutivo Municipal se incrementarán ante la imposibilidad manifiesta de la administración para garantizar el equilibrio básico de sus propias cuentas presupuestarias.