La fiscalización nocturna en la ciudad de Córdoba funciona bajo un esquema de "peajes" ilegales, donde inspectores y funcionarios conviven en un entramado de habilitaciones ambiguas y controles selectivos.
El intendente Passerini denunció intimidaciones contra el titular del Ente de Fiscalización, quien halló proyectiles en su oficina tras clausurar el local Punta Alvear.
El intendente anunció una nueva unidad de control tras un grave suceso delictivo, reconociendo que exfuncionarios utilizaron su poder político para habilitar locales ilegales durante años.
Los establecimientos ubicados en el barrio Nueva Córdoba recibieron actas de clausura tras una serie de inspecciones de seguridad.
Cinco bloques del Concejo Deliberante cuestionaron la actuación del Ejecutivo en materia de habilitaciones y fiscalización de locales nocturnos. En tanto, el oficialismo defendió su postura y confirmó la presencia de funcionarios en el cuerpo legislativo.
El escalofriante testimonio de una extrabajadora expuso un esquema de abusos, venta de estupefacientes y explotación sexual que operó durante años bajo la mirada negligente del control municipal.
El operativo, que no registra antecedentes por su magnitud, demandó más de un mes de trabajo y una inversión de 65 millones de pesos que deberá ser reembolsada por el titular del inmueble.
La gestión de Passerini consolida un modelo de vigilancia digital orientado a la recaudación en un área central que ya carga con una elevada presión tributaria.
La medida llega tarde: el local, vinculado a detenidos por el crimen de Agostina Vega, acumulaba tres clausuras en menos de dos años y operaba con una red de testaferros desde 2016.
La Justicia desarticuló una estructura paralela en la Municipalidad de Córdoba dedicada a emitir licencias sin cumplir requisitos legales, sumando 2 detenciones jerárquicas.
La crisis institucional del Palacio 6 de Julio se agrava con el arresto de agentes municipales y una acusación de abuso sexual en un dispensario municipal.
El Ejecutivo municipal capitalino reportó las primeras bajas tras intensificar el seguimiento de becarios y contratados.
La administración municipal mantiene una estructura opaca con más de 8.000 becarios y contratados que ingresan por militancia, evadiendo los controles de idoneidad.
El Ejecutivo local reacciona de manera tardía endureciendo los requisitos de ingreso a la planta luego de severas y reiteradas fallas.
La Municipalidad abona un salario mensual superior a $1 millón a una empleada sin tareas asignadas ni registro de asistencia.
Tras el escándalo por la contratación de personas con antecedentes, el viceintendente Javier Pretto admitió que la vía de acceso al municipio es la sugerencia política.
La detención de dos "naranjitas" se produjo en el barrio Alberdi, de la capital.
El intendente ordenó la renuncia de toda la plana mayor de Movilidad y Tránsito para intentar ocultar la negligencia política de su gestión.
La Municipalidad inhabilitó el local tras detectar graves fallas de seguridad y reiterados incumplimientos de las normas vigentes.
El ex empleado de la Municipalidad era socio de la institución de Córdoba.
El intendente ordenó que Raúl La Cava reasuma su banca para desplazar al edil que acomodó a 500 personas.
Carlos Nayi sostuvo que hay nutridas y variadas pruebas contra el empleado de la Municipalidad.
La herramienta digital busca frenar las extorsiones en la calle en un debut marcado por los fallos de conectividad de la app.
El puntero Claudio Barrelier tenía antecedentes delictivos y fue imputado por privación de la libertad calificada.
