La Municipalidad de Córdoba reconoció graves deficiencias en sus auditorías internas y dispuso reformas urgentes para supervisar a toda su dotación de agentes. Las medidas de control estatal se adoptaron de forma evidentemente tardía (y tambíen oportunista) luego del impacto social provocado por el asesinato de la joven Agostina Vega. El caso expuso de manera directa los escandalosos vínculos existentes entre determinados funcionarios públicos y variadas actividades delictivas.
El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, admitió el fracaso de los mecanismos de vigilancia que permitieron sostener a personas con antecedentes como empleados municipales. El intendente filokirchnerista Daniel Passerini recién ahora ordenó profundizar los seguimientos administrativos sobre la permanencia de los empleados en lugar de revisar los nombramientos. "Sí hay controles", pero "en este punto en particular, algunos controles han fallado", reconoció, de forma tardía, Fernández ante la prensa.
La disposición oficial más concreta establece que el certificado de buena conducta judicial deberá renovarse obligatoriamente de forma semestral por los agentes municipales. Con anterioridad a esta crisis institucional el documento que certifica la ausencia de antecedentes penales se exigía únicamente cada 4 años. "Ahora se amplía al personal que trabaja en la municipalidad para que todos aquellos que cumplen con alguna tarea, fuere la que fuere, puedan [presentarlo], como así también el control toxicológico", explicó Fernández.
Rodrigo Fernández, Secretario de Gobierno municipal
Investigaciones en tránsito y justificaciones oficiales
El Palacio 6 de Julio pretende implementar un sistema informático en línea con el Poder Judicial para conocer rápidamente cuando un contratado delinque. La demorada reacción municipal incluye además la apertura de dos investigaciones específicas motivadas por serias irregularidades detectadas en la Escuela Municipal de Tránsito. En esa dependencia se encuentra imputado el agente Barrelier por participar activamente en la confección y emisión fraudulenta de licencias apócrifas.
La primera línea de examen comenzó en la justicia el 13 de mayo mientras que en paralelo se desenvuelve una auditoría interna en las oficinas. Las autoridades desplazaron de la conducción de la Escuela de Tránsito a los directores anteriores y proyectan una futura descentralización operativa. Con la evidente intención de desviar los cuestionamientos actuales, la Secretaría de Gobierno aportó estadísticas históricas sobre las carpetas que se tramitan.
Fernández precisó que, de 119 expedientes bajo análisis, 91 corresponden a empleados incorporados entre los años 2003 y 2007. El Ejecutivo detalló que la planta permanente del municipio capitalino disminuyó ostensiblemente desde 2019 al caer de 11.000 a 8.200 trabajadores activos. Los voceros de la intendencia aseguraron que durante la administración anterior de Martín Llaryora no se registraron pases automáticos a la estabilidad del Estado municipal.
