La Municipalidad de Córdoba reconoció graves deficiencias en sus auditorías internas y dispuso reformas urgentes para supervisar a toda su dotación de agentes. Las medidas de control estatal se adoptaron de forma evidentemente tardía (y tambíen oportunista) luego del impacto social provocado por el asesinato de la joven Agostina Vega. El caso expuso de manera directa los escandalosos vínculos existentes entre determinados funcionarios públicos y variadas actividades delictivas.
El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, admitió el fracaso de los mecanismos de vigilancia que permitieron sostener a personas con antecedentes como empleados municipales. El intendente filokirchnerista Daniel Passerini recién ahora ordenó profundizar los seguimientos administrativos sobre la permanencia de los empleados en lugar de revisar los nombramientos. "Sí hay controles", pero "en este punto en particular, algunos controles han fallado", reconoció, de forma tardía, Fernández ante la prensa.
La disposición oficial más concreta establece que el certificado de buena conducta judicial deberá renovarse obligatoriamente de forma semestral por los agentes municipales. Con anterioridad a esta crisis institucional el documento que certifica la ausencia de antecedentes penales se exigía únicamente cada 4 años. "Ahora se amplía al personal que trabaja en la municipalidad para que todos aquellos que cumplen con alguna tarea, fuere la que fuere, puedan [presentarlo], como así también el control toxicológico", explicó Fernández.
