La iniciativa invoca una cláusula del contrato de Caminos de las Sierras que prohibiría las cabinas en zonas urbanas y suburbanas.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura propone eliminar de forma definitiva el peaje de la avenida Ejército Argentino (ruta E-55), el que une la ciudad de Córdoba con La Calera. La iniciativa busca que cese el cobro en las casillas emplazadas en el kilómetro 9.150 de esa avenida, dentro del ejido de la capital y en el límite con La Calera.
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El principal fundamento del texto es la presunta ilegalidad de la ubicación de las cabinas. Según el proyecto, el contrato de Caminos de las Sierras le prohibiría colocar casillas de peaje en zonas urbanas o suburbanas, algo que no se respetaría en este tramo.
La propuesta, firmada por el legislador Gerardo Grosso (Encuentro Vecinal) junto a legisladores de otros bloques, responde a un reclamo histórico de los vecinos de ambas ciudades. También plantea que el cobro restringe de manera irrazonable el derecho a transitar libremente y que mantener las casillas allí distorsiona el esquema original, al priorizar la recaudación por sobre las necesidades de quienes circulan por la zona.
El conflicto por el peaje de La Calera es una problemática que se repite hace años y que afecta a miles de personas. Quienes viven en la ciudad serrana y se trasladan a diario a la capital por trabajo, estudio o atención médica deben pagar cada vez que cruzan, y no cuentan con un camino alternativo que les permita evitar la cabina.
El impacto también alcanza a los cordobeses que van en sentido contrario, ya sea para trabajar o para visitar La Calera. Para muchos, el costo se acumula mes a mes y pesa en el presupuesto familiar, con una cabina ubicada en pleno tejido urbano que funciona como una barrera entre dos ciudades que comparten actividad cotidiana.
El reclamo ya tiene respaldo institucional en La Calera, donde el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza N° 006/CD/2026, y se expresa en las marchas del colectivo No al Peaje - La Calera. Con este proyecto, la discusión llega al ámbito legislativo y deberá seguir su trámite, mientras los vecinos siguen esperando una definición sobre un cobro que consideran injusto.
