La Unión Personal Superior aceptó el esquema de sumas fijas y ajustes por inflación propuesto por la administración.
La Unión Personal Superior (UPS), gremio que representa a los jerárquicos de la administración pública cordobesa, formalizó este martes la firma del acta paritaria. Con este paso, el Gobierno de la Provincia de Córdoba consigue sumar un nuevo entendimiento tras las rúbricas alcanzadas previamente con docentes y estatales. El convenio establecido entre ambas partes tendrá una vigencia temporal que se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso.
El esquema salarial para el sector activo contempla el pago de sumas fijas de carácter no remunerativo por un total de $175.000 correspondientes al mes de abril. Para el período de mayo, dicho monto se incrementará hasta alcanzar los $235.000 mensuales bajo la misma modalidad de liquidación de haberes vigente. A partir de junio, se aplicará una cláusula gatillo mensual que actualizará los sueldos según el índice de precios de la Dirección de Estadísticas local.
En el Centro Cívico, la firma fue encabezada por María Inés Palacios, secretaria General de la UPS, y David Consalvi, secretario General de la Gobernación. Respecto al resultado de la negociación, la titular gremial expresó: “Entendemos que ninguna negociación alcanza plenamente las expectativas de todos los sectores, especialmente en un escenario económico complejo”. La dirigente reconoció que el uso de conceptos no remunerativos generó debates internos profundos entre los afiliados del sindicato.
El sector pasivo jerárquico recibirá un incremento del 2,63% en mayo y sumas fijas de $ 60.000 en junio, cifra que ascenderá a $ 80.000 para el mes de julio. Desde agosto y hasta que finalice el año, los jubilados también quedarán amparados por el sistema de actualización automática vinculada a la inflación medida. “Aceptar sumas no remunerativas no fue una decisión sencilla, pero se entendió como una herramienta necesaria para avanzar en una recuperación salarial”, concluyó Palacios.
La gestión provincial logra estabilizar la situación con los tres sindicatos que agrupan a cerca del 90% de los empleados que dependen del erario de Córdoba. No obstante, aún persisten mesas de diálogo pendientes con sectores de legislativos, músicos, trabajadores viales y personal perteneciente a la Lotería oficial. Además, el gremio de los judiciales continúa en conflicto con el Tribunal Superior de Justicia en reclamo de mejoras que aún no han sido concedidas formalmente.
En el ámbito de la salud, grupos de trabajadores autoconvocados y la Unión de Trabajadores de la Salud mantienen medidas de fuerza en distintos hospitales locales. Estos sectores rechazan el acuerdo firmado por el gremio mayoritario y exigen la implementación inmediata de la Ley de Equipos de Salud en toda la provincia. A pesar del avance en las paritarias centrales, estos focos de tensión persisten debido a diferencias en los reclamos específicos de cada área asistencial.
