El Poder Ejecutivo de Córdoba redacta un proyecto para decomisar activos provenientes del delito

A nivel nacional, el procedimiento de extinción de dominio quedó incorporado previamente al ordenamiento jurídico mediante el DNU 62/2019 y los decretos DNU 575/2025 y DNU 582/2025. Asimismo, el mecanismo ya se encuentra regulado en los sistemas legislativos provinciales de Mendoza, Santa Fe y Chubut con distintas modalidades de aplicación. En la jurisdicción mendocina, un fallo dictado en el año 2021 declaró extinto el dominio sobre 3 inmuebles del exintendente Luis Lobos y su esposa.

En ese mismo proceso judicial en la provincia de Mendoza, la magistratura desestimó el pedido de decomiso formulado sobre 3 vehículos cuyos fondos de adquisición fueron justificados. Por su parte, la jurisdicción federal registró en febrero de 2026 la ejecución de una subasta anticipada sobre un automóvil Ferrari y 2 camionetas ligadas al denominado Clan Loza. Aquella venta pública anticipada alcanzó un monto de USD 340.000 para evitar la desvalorización comercial de los rodados secuestrados durante la causa.

Trámite parlamentario y aplicaciones jurisdiccionales

La redacción final de la iniciativa contempla precisiones sobre la administración temporal de los activos que permanezcan sometidos a procesos de verificación civil. Los juzgados con competencia en materia civil y comercial de la provincia tendrán a su cargo la resolución de las demandas promovidas por los fiscales. El debate en la Unicameral de Córdoba requerirá el análisis en las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales antes de llegar al recinto de sesiones.

El régimen propuesto para el territorio cordobés busca uniformar las herramientas cautelares con los estándares aplicados en los fueros federales de todo el país. La norma fijará las pautas procesales para la subasta anticipada de bienes muebles cuya conservación genere gastos excesivos para el erario. Asimismo, el texto legal definirá el destino final de las sumas monetarias obtenidas mediante los remates ejecutados por los organismos judiciales autorizados.

La discusión legislativa incorporará los aportes brindados por especialistas en derecho procesal y representantes de los colegios de abogados de las distintas circunscripciones. Los bloques parlamentarios iniciarán la revisión de los artículos una vez ingresado el texto definitivo a la mesa de entradas del cuerpo legislativo. De este modo, la provincia avanza en la confección del marco normativo destinado a regular el decomiso de activos de origen ilícito.

El articulado técnico busca estructurar un procedimiento judicial que disponga la inversión de la carga de la prueba para las personas imputadas en causas penales complejas. Bajo este esquema procesal, los titulares de los activos cautelados deberán justificar documentalmente el origen lícito de sus fondos para evitar la pérdida del dominio. Las autoridades gubernamentales definirán en las próximas semanas si la presentación del proyecto ingresará formalmente por el Poder Ejecutivo o mediante el bloque parlamentario.

Alcance de la medida y antecedentes

El objetivo central del instrumento legal radica en desarticular la capacidad financiera de las organizaciones criminales dedicadas a estafas piramidales y al tráfico de drogas en Córdoba. Los bienes decomisados mediante sentencia administrativa o civil serán reasignados a los fines de utilidad pública que determine la futura reglamentación provincial. Las autoridades recordaron que este instrumento se sumará al marco regulatorio integrado por la normativa de seguridad provincial previa y las leyes especiales aprobadas.