El arzobispo Ángel Rossi encabezó un polémico encuentro al recibir a grupos de naranjitas y limpiavidrios en la Catedral de Córdoba. La convocatoria de la Pastoral Social generó malestar al politizar un espacio sagrado para exhibir un triunfo corporativo sobre las leyes de convivencia. La Iglesia cordobesa presionó de forma activa para frenar la prohibición total de una actividad que asfixia a los conductores particulares.
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante entrará en vigencia formal el próximo 26 de mayo bajo un fuerte cuestionamiento de los vecinos. La nueva normativa impulsada por el oficialismo municipal otorgará legalidad formal a los antiguos cuidacoches informales. Los sujetos serán denominados constatadores habilitados y mantendrán la facultad regulatoria de cobrar de manera obligatoria por el estacionamiento urbano.
El lobby eclesiástico resultó determinante para revertir las modificaciones previas planteadas en el Código de Convivencia de la administración provincial. El acuerdo contó con el aval directo del intendente Daniel Passerini quien ordenó convalidar este sistema de recaudación sobre el vecino.
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante entrará en vigencia formal el próximo 26 de mayo bajo un fuerte cuestionamiento de los vecinos.
Ahora es obligatorio el pago por el uso de la vía pública
La legalización de los naranjitas debilita el derecho constitucional de transitar libremente sin someterse a mecanismos de extorsión económica. El sector comercial de Córdoba capital manifestó su preocupación por la entrega del espacio público a organizaciones que imponen tarifas, siendo que ya se pagan impuestos y tasas municipales.
Los fondos obtenidos mediante el cobro del estacionamiento representarán una carga impositiva extra para los contribuyentes honestos de la ciudad capitalina. La Iglesiase posiciona de esta manera en el centro de un debate que afecta de forma directa la seguridad jurídica y el orden urbano.
Los naranjitas serán denominados constatadores habilitados y mantendrán la facultad regulatoria de cobrar de manera obligatoria por el estacionamiento urbano.