El nuevo Código de Convivencia implementado en la provincia de Córdoba cumplió sus primeros 30 días demostrando el rotundo fracaso oficial para erradicar definitivamente a los cuidacoches ilegales de la vía pública. Los informes estadísticos confirman que cientos de personas siguen operando al margen de la ley a pesar de que las autoridades intentaron regularizar una actividad ampliamente rechazada por los residentes locales. La población exige una prohibición total de estas prácticas ilícitas debido a las constantes extorsiones y aprietes de las que son víctimas los automovilistas de manera diaria.
Los datos estadísticos reunidos entre el 26 de mayo y el 26 de junio exponen el arresto de 328 ciudadanos en los operativos de control desplegados por las fuerzas del orden público. Del total de personas demoradas por las patrullas policiales, 187 casos correspondieron a los denominados naranjitas que controlan de manera extorsiva los espacios de estacionamiento público. Los restantes 141 procedimientos policiales corresponden a limpiavidrios, una actividad ilícita que se encuentra estrictamente prohibida por las leyes de la provincia.
La ineficacia del sistema de control radica en que los contraventores recuperan la libertad a las pocas horas de ser trasladados a las unidades policiales correspondientes sin sanciones reales. Los vecinos eran conscientes de antemano que las detenciones temporales no resolverían un problema crónico que requiere la erradicación absoluta de todo cobro por estacionar vehículos en la calle. Las arterias cordobesas continúan ocupadas por organizaciones ilegales que imponen tarifas arbitrarias a los conductores ante la clara insuficiencia de las medidas de regulación municipal.
A un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Convivencia de Córdoba, se arrestaron a 141 limpiavidrios
Fracaso en el control del espacio público
Los registros oficiales demuestran una disminución progresiva en la cantidad de operativos preventivos diarios con el transcurrir de las semanas analizadas por el área de seguridad. Al inicio de la nueva normativa se contabilizaban jornadas intensivas con más de 30 personas detenidas en flagrancia dentro de los sectores comerciales más transitados de la capital. Con el paso de los días las intervenciones bajaron de forma sostenida, un indicador interpretado como adaptación pero denunciado por la comunidad como un abandono de controles.
Las demandas comunitarias ingresadas mediante los llamados directos al sistema de emergencias 911 resultan esenciales para detectar los focos de conflicto en los diferentes barrios. Los ciudadanos reportan diariamente las amenazas sufridas, transformando esta línea de comunicación en la herramienta para visibilizar la inoperancia de las medidas ineficientes de ordenamiento municipal. Los sectores donde se concentró la mayor cantidad de infracciones contra el espacio público fueron los barrios Centro, Pueyrredón, General Paz, San Vicente y Alto Alberdi.
El perfil demográfico de los infractores arrestados por la Policía indica un predominio de hombres cuyas edades se ubican específicamente entre los 30 y 39 años. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió la continuidad permanente de los patrullajes preventivos sosteniendo que “recuperar las calles para los vecinos no es una medida transitoria, es una política de Estado. Este camino no tiene marcha atrás”. Sin embargo, la realidad diaria contradice el discurso oficial puesto que los cuidacoches ilegales reasumen sus puestos inmediatamente después de recuperar su libertad a las pocas horas de ser detenidos.
