Passerini insiste con regular a los naranjitas: el polémico plan de la Iglesia para Córdoba
La Municipalidad de Córdoba considerará la propuesta del Arzobispado de Córdoba que plantea regular naranjitas y convertirlos en agentes de recaudación por el uso de espacios públicos.
El intendente legalizaría la extorsión callejera bajo una fachada social que impone un nuevo impuestazo a los vecinos.
Compartir:
La gestión del intendente Daniel Passerini decidió considerar la propuesta del Arzobispado para regular la actividad de los cuidacoches en Córdoba. El oficialismo municipal abandonó la idea de prohibir esta práctica extorsiva para transformarla finalmente en un esquema de asistencia urbana. Esta medida evita un conflicto político directo con el arzobispo Ángel Rossi pero deja a los vecinos rehenes de un sistema de pago estatal.
La iniciativa eclesiástica propone que los polémicos naranjitas actúen como agentes de proximidad bajo el control directo de las cooperativas. El concejal Marcos Vázquez confirmó que el texto de la Iglesia será incorporado íntegramente a la nueva ordenanza del Concejo Deliberante. Se busca humanizar una problemática de seguridad mediante una lógica de bienestar que antepone el subsidio social por sobre la libertad ciudadana.
La oposición denunció que la municipalidad planea gestionar el espacio público como si fuera un programa de asistencia para sectores vulnerables. La concejala Elisa Caffaratti advirtió que existen al menos 1.500 personas operando en las calles sin ningún tipo de orden gubernamental. El enfoque asistencialista ignora la necesidad de establecer un orden institucional claro y convierte al contribuyente en el principal financista.
La iniciativa eclesiástica propone que los polémicos naranjitas actúen como agentes de proximidad bajo el control directo de las cooperativas.
Aumento de la presión fiscal y falta de datos técnicos
El proyecto oficialista contempla que los cobros de estacionamiento se realicen mediante plataformas digitales para evitar el uso del efectivo. Sin embargo sectores advierte que esta reestructuración derivará en un nuevo impuestazo masivo para todos los automovilistas cordobeses. La ampliación de las zonas de cobro busca aumentar la recaudación del municipio mediante la tercerización de tareas en favor de las cooperativas.
No se informaron datos objetivos sobre el impacto económico ni la cantidad exacta de cuadras que quedarán bajo este nuevo régimen de explotación. La falta de transparencia técnica profundiza la incertidumbre sobre el costo final que deberán afrontar los propietarios de vehículos particulares. El intendente Daniel Passerini se alinea con los sectores que cuestionan las políticas nacionales de ajuste para justificar este gasto público.
El modelo propuesto por el Arzobispado de Córdoba se olvida garantizar la seguridad jurídica. La regulación de una actividad informal en lugar de su eliminación definitiva representa un retroceso para la institucionalidad del espacio común. Mientras el debate legislativo avanza los ciudadanos cordobeses observan con preocupación cómo se legaliza un sistema de coacción en cada esquina.
El proyecto oficialista contempla que los cobros de estacionamiento se realicen mediante plataformas digitales para evitar el uso del efectivo.
