El Tribunal de Cuentas de Córdoba impugnará subsidios otorgados a Claudio Barrelier

El Tribunal de Cuentas de Córdoba impugnará subsidios otorgados a Claudio Barrelier
El Tribunal de Cuentas de Córdoba confirmó que impugnará dos subsidios por un total de $240.000 otorgados a Claudio Barrelier.
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porRedacción Córdoba
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El organismo cuestiona dos pagos por $240.000 otorgados a Claudio Barrelier, acusado por el homicidio de Agostina Vega, de 14 años.

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El Tribunal de Cuentas de Córdoba confirmó que impugnará dos subsidios por un total de $240.000 otorgados a Claudio Barrelier. El anuncio se conoció después de que trascendiera que Barrelier está detenido e imputado por el homicidio de Agostina Vega, de 14 años.

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Los pagos, de $120.000 cada uno, se realizaron entre noviembre y diciembre de 2025 a través del subprograma Emergencias Sociales y Naturales. Según el vocal Beltrán Corvalán, Barrelier ya tenía antecedentes penales al momento de recibir la ayuda.

Corvalán señaló además que Barrelier mantenía un vínculo laboral con la Municipalidad, lo que abre la duda sobre una posible incompatibilidad. "Obviamente que no pueden cobrar del Estado dos veces", afirmó el funcionario, aunque aclaró que el organismo todavía analiza el punto.

El Tribunal de Cuentas de Córdoba confirmó que impugnará dos subsidios por un total de $240.000 otorgados a Claudio Barrelier.
El Tribunal de Cuentas de Córdoba confirmó que impugnará dos subsidios por un total de $240.000 otorgados a Claudio Barrelier.

Pedidos de informes y críticas al control estatal

En paralelo, los legisladores opositores Brenda Austin y Walter Nostrala presentaron pedidos de informes. Buscan que el Ejecutivo provincial explique el procedimiento a través del cual se otorgaron los subsidios.

El caso salió a la luz por una investigación de la organización Ruido, que halló los pagos en el Portal de Transparencia provincial. Sus integrantes señalaron que el sitio ya no permite buscar por nombre o CUIT, por lo que debieron revisar los registros manualmente.

La dificultad para rastrear beneficiarios generó cuestionamientos de organizaciones dedicadas al acceso a la información pública. Advirtieron que estas trabas complican el control ciudadano sobre el destino de los fondos estatales.