Una estructura piramidal liderada por una ex sargento operaba en la Policía y defraudó más de US$ 1 millón.
La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba llevará a debate oral durante la segunda mitad de este año el proceso contra la financiera clandestina "Zoe Azul". La organización, que montó una "cueva" ilegal dentro de la Jefatura de Policía, enfrentará cargos por asociación ilícita y estafas reiteradas. Tras la validación de la Cámara de Acusación en 2025, 10 imputados ocuparán el banquillo de los acusados por una defraudación superior al millón de dólares.
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, determinó que la banda utilizaba un esquema Ponzi tradicional para engañar a camaradas y familiares directos. Los captadores ofrecían retornos mensuales de entre el 7% y el 20% en dólares, utilizando la confianza del uniforme para atraer capitales sin sustento real. La maniobra colapsó cuando los ahorristas intentaron retirar sus fondos, dejando al descubierto la falta de controles en la institución de seguridad.
La abogada y sargento jubilada María Eugenia Zulberti aparece señalada como la mente maestra y organizadora de la estructura delictiva bajo investigación judicial. Entre los procesados figuran los hijos de la represora Mirta Antón, consolidando un entramado de relaciones que facilitaba la captación de nuevas víctimas incautas. Hasta el momento, 6 imputados ya admitieron su responsabilidad en juicios abreviados, recibiendo penas de prisión por su participación activa.
La instrucción del fiscal Gavier permitió separar de la causa a Roberto Carlos Espinosa, quien resultó sobreseído tras permanecer detenido injustamente durante 11 meses. La investigación penal aún mantiene aristas abiertas para determinar si existieron más responsables en este sistema de inversiones piramidales sin valor legal. El juicio expondrá cómo la desidia administrativa permitió que una financiera clandestina operara en el corazón de la lucha contra el delito.
El caso "Zoe Azul" se suma a otros escándalos financieros de la prepandemia, como las causas de Generación Zoe y Adhemar Capital, que afectaron a miles de argentinos. La Justicia busca ahora resarcir a las decenas de denunciantes que entregaron dinero en efectivo y firmaron contratos carentes de cualquier tipo de seguridad jurídica. El proceso judicial es vital para restablecer el orden institucional y penalizar a quienes utilizaron recursos del Estado para beneficios personales.
El debate en la Cámara 10ª contará con testimonios clave de personal policial retirado y en actividad que perdió sus ahorros bajo la promesa de dividendos extraordinarios. La sentencia final deberá ser ejemplar para prevenir nuevas maniobras de engaño que fracturan la confianza en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. La transparencia y el rigor de la ley son las únicas herramientas para desmantelar estas organizaciones que atentan contra la propiedad privada.
