El fútbol venezolano cerró la temporada envuelto en un episodio que excede por completo lo deportivo. Apenas 48 horas después de la final que consagró a Universidad Central (UCV) como campeón del año, el auto de Yender Herrera, el árbitro del partido de ida, apareció incendiado frente a su casa en Maracay. Un ataque que, para muchos dentro del fútbol local, no se entiende sin mirar hacia el palco de poder del club vencedor.
UCV conquistó el título tras imponerse 2-0 en la vuelta ante Carabobo, luego del 1-1 en el duelo inicial disputado en el estadio del Tricolor. Ese primer capítulo tuvo un punto de quiebre: la expulsión de Alexander Gramko Jr., mediocampista del equipo y, sobre todo, hijo del presidente de la institución.
Esa decisión arbitral no tardó en cobrar otra dimensión. Dos días después, el vehículo de Herrera fue hallado completamente calcinado frente a su vivienda. Aunque la investigación aún no determinó responsabilidades, la versión que se instaló con fuerza en el ambiente apunta a un mensaje vinculado a aquella tarjeta roja.
Lo que alimenta esas sospechas es el perfil de Alexander Granko Arteaga, presidente de UCV y figura con peso político en Venezuela. Teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM (un organismo sancionado por Estados Unidos), está señalado por múltiples informes internacionales por violaciones a los derechos humanos, donde lo califican de "torturador". En la órbita de Nicolás Maduro, se lo describe como uno de los hombres de mayor confianza del régimen y un ejecutor directo de su aparato represivo.
