Bullrich apuntó contra la gestión de Jorge Macri por fallas en los controles y exigió aplicar Tribuna Segura
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Un nuevo enfrentamiento se desató entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires luego de que Rafael Di Zeo, líder de la barrabrava de Boca, asistiera a la presentación de Leandro Paredes en La Bombonera, pese a tener prohibición de ingreso a los estadios por tiempo indeterminado.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, intimó oficialmente a la administración de Jorge Macri a través de la Resolución 848/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según el texto, hubo una "grave falla en los controles" por no aplicar el sistema SISEF ni el programa Tribuna Segura, herramientas obligatorias para impedir el acceso de personas con restricciones.
El Ministerio de Seguridad intimó a la gestión de Jorge Macri
"La seguridad no puede quedar librada al desinterés ni a la complicidad", advirtió la cartera nacional. Además, remarcó que actos masivos como la presentación de un futbolista deben recibir el mismo tratamiento que un partido oficial, aplicando los controles correspondientes para garantizar el orden.
Desde Nación recordaron que Di Zeo tiene prohibición vigente desde la Resolución 327/2024, dictada tras un operativo en Córdoba que incluyó a otros 57 barras del club. También criticaron la escasa presencia policial en los accesos, lo que provocó desbordes en el ingreso del público.
Di Zeo tiene una prohibición desde el año pasado
El episodio reaviva la disputa entre Nación y Ciudad sobre las responsabilidades en la seguridad de los estadios porteños. El Ministerio de Seguridad recordó que en junio de 2024 ambas jurisdicciones firmaron un convenio que obliga a implementar de forma conjunta el SISEF y Tribuna Segura. "No vamos a permitir barras en las tribunas", afirmaron.
Este cruce se suma a tensiones previas entre Bullrich y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien en febrero fue criticado por la ministra tras la fuga de presos en la Alcaidía de Caballito. Tras aquella discusión, ambos gobiernos acordaron el traslado de 400 detenidos con condena desde comisarías de la Ciudad a unidades federales, buscando liberar efectivos policiales para tareas de prevención.
La intimación actual busca que el gobierno porteño refuerce los controles y evite nuevas situaciones que favorezcan el ingreso de barrabravas a los estadios.
