El presente institucional de San Lorenzo atraviesa uno de sus momentos más críticos. El club recibió cinco nuevas sanciones de la FIFA, notificadas el 24 de octubre, lo que elevó a once el total de inhibiciones vigentes y lo colocó como el segundo club con más penalizaciones en Sudamérica, solo por detrás de San José de Bolivia.
Las medidas impuestas son por tiempo indefinido y se suman a otras que ya pesaban sobre la institución de Boedo. En este caso, las nuevas inhibiciones se originaron en los reclamos del defensor Rafa Pérez, quien jugó en el club durante 2023, y en un porcentaje del mecanismo de solidaridad correspondiente al pase del delantero Diego Herazo, proveniente de Deportes Tolima en febrero de 2024.
Aunque el monto total de la deuda rondaría los 350 mil dólares, la noticia desató una nueva ola de preocupación dentro del club, ya que llega en medio de una profunda crisis dirigencial y financiera.
Las inhibiciones de San Lorenzo
La situación implica una restricción muy grave: mientras las inhibiciones se mantengan vigentes, San Lorenzo no podrá inscribir jugadores ni utilizar el mercado de pases internacional, lo que impacta directamente en el armado del plantel y en la estrategia deportiva del club.
Ya en julio de este año, la FIFA había advertido al club por múltiples incumplimientos financieros, generando seis sanciones activas. Con las cinco adicionales, el total se duplica y profundiza un problema estructural que la dirigencia debe resolver con urgencia.
Cabe recordar que, en el último mercado de pases, Julio Lopardo había confirmado la decisión de no pagar las deudas para poder mantenerse al día con el plantel. Esto significa que, para poder utilizar el mercado de pases de verano, el club deberá saldar todas las inhibiciones con recursos que, por el momento, no posee.
Además, todo esto ocurre en la antesala de una nueva reunión de Comisión Directiva, en la que varios sectores planean exigir la renuncia del presidente y discutir la posible acefalía del club. Entre la presión económica, los conflictos judiciales y el caos institucional, el futuro inmediato de San Lorenzo aparece más incierto que nunca.
