El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que dependía del Ministerio de Economía.
A partir de ahora, la Secretaría de Obras Públicas absorberá la gestión de los programas y proyectos que estaban bajo su órbita.
Reorganización ministerial y reasignación de funciones
La medida se concretó mediante el Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial. Con esta decisión, la estructura del Ministerio de Economía se reorganiza, quedando conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Todo quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía
La Secretaría de Obras Públicas asumirá varias de las funciones que antes correspondían a Desarrollo Territorial, incluyendo:
Finalización, cierre y transferencia de programas de desarrollo territorial, hábitat y vivienda.
Diseño de estrategias y políticas de integración socio-urbana.
Elaboración y ejecución de la política nacional en integración socio-urbana, considerando las particularidades de cada región.
Proyectos de conservación, construcción y reciclaje de infraestructura y espacio público.
Relevamiento de suelos vacantes o disponibles en articulación con organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Celebración de convenios con provincias, municipios y entidades privadas para la finalización y transferencia de proyectos.
Desarrollo de políticas de regularización del suelo y dominio.
Programas afectados y despidos
Una de las consecuencias directas de la disolución de la secretaría es que quedan sin efecto programas habitacionales estatales, como:
Procrear (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar).
Casa Propia.
Fondo Nacional de la Vivienda.
Desde el ámbito sindical, se advirtió que la medida implicaría el despido de alrededor de 500 ñoquis. Sin embargo, la normativa establece que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 1421/02.
La vivienda dejará de ser potestad del Estado
El Gobierno y su postura sobre la vivienda
El Gobierno de Javier Milei sostiene que el acceso a la vivienda debe ser gestionado de manera privada, a través de créditos personales y sin intervención del Estado.
Esta visión quedó plasmada en el Decreto 1018/2024, mediante el cual el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012.
En dicha normativa, se argumentó que la financiación para la construcción de viviendas es una función propia de los bancos comerciales, tanto públicos como privados, y que no se justifica la intervención estatal en este ámbito.
