Un reciente informe sobre la evolución del empleo público en Argentina vuelve a exponer con claridad una tendencia que marcó el rumbo de la política económica en las últimas dos décadas.
Los datos del gráfico, que salieron del Ministerio de Capital Humano y de organismos como el FMI, revelan que, desde 2003 hasta 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el empleo estatal creció de manera constante, transformándose en una pesada carga para las cuentas públicas.
Esta expansión, presentada entonces como “inclusión laboral”, implicó un aumento significativo del número de empleados públicos asalariados por cada 1.000 habitantes, muchos de ellos contratados con fines político.
Gráfico de empleo público.
La situación no se modificó sustancialmente en los años siguientes. Durante la gestión de Mauricio Macri (2016-2019), se registró apenas una estabilidad relativa o una leve disminución en la cantidad de trabajadores estatales, sin una política firme de recorte que revirtiera el fenómeno heredado.
Sin embargo, el verdadero punto crítico se alcanzó entre 2020 y 2023, bajo la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese período, la tendencia al alza volvió a consolidarse, y el empleo público llegó a su nivel más alto en la historia reciente. La utilización del aparato estatal como refugio de militancia política y mecanismo de contención social derivó en un Estado gigante, más costoso y menos eficiente.
La llegada del presidente Javier Milei
Como se puede ver en el mismo gráfico, el contraste llegó con la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. A diferencia de sus predecesores, el actual gobierno libertario tomó la decisión de revertir el proceso expansivo y avanzar en una reducción efectiva de la estructura estatal.
Javier Milei y Federico Sturzenegger.
Según cifras oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, en los primeros 20 meses de gestión se eliminaron 53.345 empleos estatales, lo que equivale a una reducción del 10,6%. Solo en julio de 2025 se dieron de baja 1.164 puestos.
Los recortes fueron particularmente contundentes en empresas estatales, donde se eliminó el 18,5% de los puestos (16.886 cargos menos), y en la Administración Pública Nacional, con una merma del 15,1% (31.114 empleados menos).
Este ajuste no solo responde a un criterio de achicar el Estado, sino que tiene un impacto directo en las finanzas, ya que el ahorro anual estimado en sueldos asciende a 1.053 millones de dólares, cifra que se eleva a 2.106 millones si se consideran también los gastos en infraestructura laboral, oficinas, equipos y servicios.
La política de Milei marcó un giro histórico frente al modelo kirchnerista de expansión permanente del aparato estatal ya que, mientras que aquel legado dejó como saldo un Estado sobredimensionado y deficitario, lleno de ñoquis y empleados militantes, el actual gobierno busca recortar estructuras innecesarias, con el objetivo de generar un alivio fiscal y, en el mediano plazo, reducir impuestos.
