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Economía

Bolsonaro lo logró: Argentina acepta reducir 10 puntos el Arancel Externo Común del Mercosur

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Después de largas tensiones entre Brasil y Argentina, finalmente Bolsonaro gana la pulseada y las autoridades argentinas aceptaron la propuesta que ya tenía aval brasileño, uruguayo y paraguayo para avanzar hacia una reducción de tarifas.

Después de varios meses de presión por parte del presidente brasileño Jair Bolsonaro, finalmente hubo un acuerdo con Argentina para reducir los aranceles del Mercosur. Bolsonaro ya había logrado el apoyo de Lacalle Pou (Uruguay) y de Abdo Benítez (Paraguay), pero Alberto Fernández estaba ejerciendo su veto para no avanzar en una flexibilización del bloque regional.

A partir de una gran influencia y semanas de negociación de parte del cuerpo diplomático de Brasil, la Cancillería argentina dio el okey y el Mercosur se prepara para una reducción del 10% en el Arancel Externo Común (AEC).

En este sentido, el canciller brasileño Carlos França expresó su optimismo por el nuevo avance hacia la modernización de la región, la mayor competencia en vista al mundo y la llegada de nuevas oportunidades.

Actualmente el promedio arancelario dentro de la región ronda el 13% del valor nominal de las importaciones, pero la tasa más alta alcanza el 35% para una cantidad muy grande de productos. La baja acordada con Argentina reduciría este monto máximo hasta dejarlo en el 31,5% en 2022, y 28,4% en 2023.

Si bien es una baja pequeña, el hecho que Argentina haya cedido en este punto donde en vez de bajar querían aumentar indica un cambio en la percepción del Mercosur y puede ser el primer paso a llegar a un AEC máximo del 10%, que es lo que quiere el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes.

Desde la asunción de Alberto Fernández la Argentina había mantenido una posición extremista y abiertamente proteccionista, negándose a cualquier tipo de flexibilización de las reglas de juego dentro del bloque económico. Sin embargo, las tensiones no solo se limitaban a Brasil, sino que también quedaban explicitadas por Paraguay y Uruguay.

El acuerdo convenido implicará una reducción arancelaria para una amplia gama de productos que mantenían la alícuota más elevada dentro de la estructura externa común del bloque.

Guedes había planteado inicialmente una meta mucho más ambiciosa que pretendía acordar una rebaja del 50% en el AEC, dejándolo en el 17,5%. Esta posición fue prácticamente irreconciliable para Alberto Fernández. Posteriormente se propuso una nueva concesión y se buscó una baja del 20%, pero tampoco una respuesta favorable por parte de las autoridades argentinas.

Brasil alertó sobre la situación aislacionista que sufren los mercados latinoamericanos, alegando que el promedio arancelario en el mundo oscila entre el 4% y 5%. De esta forma, la región mantiene casi el triple de protección nominal con respecto al promedio mundial.

En países como Argentina la protección total es incluso más elevada considerando las restricciones que impone el control de cambios sobre el uso de divisas para comprar importaciones, y las numerosas licencias y controles cuantitativos sobre el volumen comercial.

Paulo Guedes, actual ministro de Economía de Brasil nombrado por Bolsonaro y principal impulsor de la apertura económica del Mercosur.

Economía

“Impuesto a las Ganancias No Realizadas”: De qué se trata el nuevo impuesto que quiere introducir Biden

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A pesar de que ya se grava la renta financiera, los demócratas buscan aprobar otro impuesto sobre las ganancias contables percibidas por la tenencia de acciones, bonos y bienes raíces, las llamadas “ganancias no realizadas”.

La administración Biden anunció este lunes sus intenciones de lanzar una nueva tasa impositiva que incluirá en el texto del Presupuesto 2022, el llamado Impuesto sobre las Ganancias de capital No Realizadas. Esto supone establecer un gravamen sobre aquellos resultados contables que surgen del aumento en el precio de activos financieros, como acciones, bonos y bienes raíces, a pesar de no haberlos vendido.

Esto implicará un doble impuesto a las ganancias, ya que luego cuando se vende el activo a un precio mayor al que fue adquirido, se debe pagar el clásico impuesto a las ganancias de capital, que actualmente se grava en torno al 23,8%, número establecido durante la gestión de Barack Obama.

La secretaria del Tesoro Janet Yellen defendió el proyecto de ley que actualmente está siendo redactado por el senador demócrata Ron Wyden, en coordinación con el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca, que también estudia un posible aumento de la tasa máxima sobre las ganancias de capital de largo plazo, del mencionado 23,8% a un 43,4%, que sería la alícuota más alta de la historia en tiempos de paz.

El gobierno plantea aplicar este impuesto sobre “los ricos”, sea cualquier persona con una ganancia anual computada en los US$ 100 millones durante tres años consecutivos, o bien US$ 1.000 millones en ingresos anuales.

Se espera una repercusión negativa sobre el ahorro, el sistema inmobiliario y las expectativas plasmadas en los mercados bursátiles.

La secretaria del Tesoro Janet Yellen anunciando la propuesta para un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas.

Las medidas fueron inspiradas en la narrativa “Tax the Rich”, formulada y popularizada por la diputada comunista Alexandria Ocasio-Cortez, quien cada vez tiene mayor influencia en la legislación del Partido Demócrata.

De todos modos, los norteamericanos deben sentirse contentos, ya que la propuesta original de Ocasio-Cortez era mucho más agresiva, y suponía aplicar este impuesto a toda la población estadounidense.

La formulación final del proyecto de ley recibió críticas por parte del llamado “Bloque Progresista” del Partido Demócrata, que lidera Ocasio-Cortez, que esperaba sancionar un impuesto mucho más generalizado.

Esta facción del partido hoy concentra casi el 40% del total de las bancas demócratas en el Congreso, y ejerce un enorme poder sobre las decisiones de Joe Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi.

Las medidas formuladas buscan cubrir al menos una parte de la brutal expansión del gasto federal a partir del programa “Build Back Better”, un masivo programa de estímulo económico muy poco ortodoxo. Según estima el ‘Comité para un Presupuesto Federal Responsable’, la estrafalaria política fiscal de los demócratas producirá un desequilibrio fiscal de US$ 1,1 billones a lo largo de la próxima década.

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Guzmán, sobre la deuda: descartó una devaluación y pidió terminar con la dependencia del FMI

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El ministro de Economía aseguró que se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración del crédito por US$ 45.000 millones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre aseguró el crédito por US$ 45.000 millones que el gobierno conducido por Mauricio Macri selló con Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario considero que “que esté el FMI en la Argentina es un gran problema”. Además dijo que “acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”, y que se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea “absolutamente innegociable”.

Al respecto, recordó que el exdirector por Estados Unidos en el FMI (Mauricio Clave Carone) en aquel entonces reconoció públicamente que aquel programa fue un “apoyo político” a su campaña electoral y que es “ahora el pueblo argentinos el que lo está pagando”.

“Nosotros estamos tratando de refinanciar esa deuda en cuotas, de modo que que no impida el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo”, apuntó Guzmán este domingo sobre las negociaciones que se están llevando con el organismo, en el marco de un panel titulado “Cómo salir de la trampa de la deuda eterna” del que participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz.

Guzmán: «Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía» |  Diario Primera Linea

“Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. Que esté el FMI en la Argentina es un gran problema desde la construcción de la política económica desde la soberanía. Por eso negociamos una solución de una forma que ese principio sea absolutamente innegociable”, señaló el funcionario.

Guzmán recordó las dificultades que debió atravesar el Gobierno actual para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con lo acreedores privados en 2020, dado que “cuando uno negocia con Wall Street está negociando con los acreedores más poderosos del mundo”.

“Hay un campo muy complicado donde lo que abunda es el lobby y se ve todo el tiempo en al comunicación pública. Todo el mundo está empujando al acuerdo rápido a cualquier valor, que busca asustar y que contribuye a que los acuerdos no sean buenos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que gracias a resistir las presiones se pudo alcanzar un acuerdo “sano” para el país que le permitió ahorrar unos US$ 35.000 millones en el plazo de 10 años, además de un recorte de capital de casi el 2%.

De cara a lo que se está negociando con el organismo internacional, Guzmán aseveró que “el problema de la balanza de pagos hoy es el FMI y lo trajo Macri” y que, para saldar ese problema, “estamos buscando un acuerdo sobre nuestra programación económica”.

“Buscamos un acuerdo que a la larga sea sostenible. Ahora, es tan grande la deuda que va a llevar distintos pasos poder ir resolviendo este problema”, destacó.

Y se preguntó: “¿Se puede patear el tablero? ¿Decir la deuda se acabó, fuera el FMI? Hay que entender que el rival también juega y estamos hablando de una relación entre un Estado nación y el resto de los estados nación del mundo, de la integración de la Argentina al mundo, que favorezca las oportunidades de desarrollo de nuestra economía real”.

“Un mal acuerdo, que socave las posibilidades del pueblo argentino y que le generen un problema de credibilidad al Estado sería lo que le pasó al gobierno de Juntos por el Cambio. Hubo tanto optimismo en 2016 en parte del mundo que después, con el colapso del modelo económico, la decepción fue proporcional al daño que le provocó al pueblo argentino”, dijo Guzmán.

Sobre el cierre de su exposición, Guzmán recordó que “el Gobierno conduce pero es importante que los distintos sectores del poder económico acepten la premisa de nuestro gobierno de buscar un acuerdo que funcione, no cualquier acuerdo”.

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Por la conflictividad de los sindicatos, Loma Negra cierra su principal fábrica en el país

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En el día de hoy la empresa Loma Negra se vio obligada a cerrar las puertas de su planta en Olavarría a causa de los conflictos perpetuados por la AOMA. La acción del sindicalismo destruyó la inversión y la generación de puestos de trabajo.

Después de un largo conflicto sindical entre la Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA) y los proveedores de piedra caliza, la empresa Loma Negra se vio ogligada a cerrar su fábrica L’Amalí en Olavarría ante la falta de insumos para producir. La planta de L’Amalí concentraba hasta el 70% de la producción total de la empresa, representando el 45% de la producción que se consume en todo el país.

La importante empresa de cemento dejará de producir clinker en la localidad, un insumo necesario para desarrollar su actividad económica principal. La empresa proveedora de materias primas, Minerar, no pudo cumplir con las entregas pertinentes de insumos debido al constante bloqueo del sindicalismo, que se encargó de paralizar todas las operaciones y restringir las horas extra de trabajo.

Los reclamos de la AOMA pretendían alzas salariales no justificables por diferenciales de productividad, y paso a planta permanente de una cierta cantidad de trabajadores tercerizados. Sin embargo, el cierre de la fábrica implica la destrucción de los puestos de trabajo y la anulación de cualquier tipo de remuneración. La acción del sindicalismo demostró ser completamente inútil a la hora de mejorar la situación de los trabajadores en la fábrica.

El Ministerio de Trabajo no ofreció ningún tipo de solución y se desentendió de las extorsiones perpetuadas por los sindicatos. La parálisis de la producción es tan relevante que se espera incluso un impacto sobre el abastecimiento general en el mercado de la construcción, fuertemente dependiente del cemento.

Si esta situación no se normaliza, la falta de stock de cemento podría generar un freno generalizado sobre todo el sector de la construcción, afectando a miles de puestos de trabajo y paralizando cientos de obras.

La empresa llevaba a cabo una inversión por US$ 350 millones para ampliar la capacidad instalada y agilizar el proceso productivo, ampliando también la planta de personal. Sin embargo, y de forma contraproducente, la acción de los sindicatos fulminó la generación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía.

La falta de estabilidad jurídica genera un pésimo clima para la inversión privada, y el Estado no garantiza un marco legal moderno para desarrollar la producción. Las autoridades de Loma Negra demandaron acciones al Gobierno para garantizar los derechos de propiedad y favorecer un mínimo clima para la inversión productiva.

Sergio Faifman, el director de la empresa, aseguró que las inversiones intensivas en bienes de capital y capacidad instalada son las que actualmente más necesita el país, y la acción de los sindicatos ante la falta de seguridad jurídica impide el crecimiento y la generación de puestos de trabajo.

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