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Brasil

Bolsonomics: Las reformas estructurales que transformaron la economía de Brasil en cuatro años de gestión

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El presidente Bolsonaro llevó adelante la transformación más importante de Brasil desde la década de 1990, de la mano del ministro de Economía Paulo Guedes. El modelo económico garantizó la disciplina fiscal, la eficiencia impositiva, la privatización y la desregulación de la economía. 

Los cuatro años de la administración del presidente Jair Bolsonaro sentaron las bases para la transformación económica más importante de Brasil desde la década de 1990. Las reformas estructurales postuladas sobre la base del Consenso de Washington habían sido completamente abandonadas desde la llegada del PT al poder en 2003, y el rumbo solo pudo ser recuperado 16 años después. 

El trabajo del ministro de Economía Paulo Guedes, reconocido por sus posturas ortodoxas y educado de la Universidad de Chicago, se transformó en un elemento crucial para el lanzamiento de la transformación económica de Brasil. 

El modelo económico instaurado tras los cuatro años de gestión persiguió los siguientes lineamientos: la reforma del Estado y la privatización de las empresas públicas, la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, la desregulación de la economía y la apertura comercial.

Reducción del Estado y disciplina fiscal

La administración de Bolsonaro se comprometió con la eliminación del régimen de “dominancia fiscal” que arrojaba presiones inflacionarias sobre los precios. El modelo económico recuperó la base del equilibrio fiscal primario desde el año 2022, un sendero que se había mantenido como una constante desde 1991 pero que fue deliberadamente perdido durante la última administración de Dilma Rousseff. 

El déficit primario del Gobierno federal fue completamente erradicado a partir de enero de 2022, y desde junio se registró un superávit cercano al 1% del PBI, la cifra más importante desde octubre de 2014. Esto se consiguió incluso eliminando el efecto nocivo provocado por la pandemia en 2020, que había llevado a un rojo de casi 10 puntos del producto. 

El déficit financiero consolidado a nivel nacional disminuyó del 7% del PBI en enero de 2019 al 4,15% en octubre de 2022, una reducción de casi 3 puntos del producto a pesar de la pandemia. 

Bolsonaro y Guedes impulsaron la reducción de la participación del Estado en la economía. Las erogaciones primarias (sin intereses) cayeron del 19,4% del PBI al 18,7% en 4 años de gestión, eludiendo todo el efecto provocado por la pandemia. Esto se debe a que el gasto cayó casi 8 puntos del PBI entre noviembre de 2020 y octubre de 2022, un drástico ajuste fiscal en tiempo récord.

Finanzas públicas de Brasil entre 2014 y 2022.

Reforma tributaria

El Gobierno modernizó y simplificó el sistema impositivo de Brasil para eliminar distorsiones sobre las decisiones de inversión en la economía, y fomentar las llamadas “políticas de oferta” como motor del crecimiento. 

Se aprobó una actualización del mínimo no imponible sobre el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) por encima de la evolución de los precios. Esto provocó que millones de personas dejaran de pagar el impuesto (hasta 16 millones solo en 2021), y una rebaja que afectó más que proporcionalmente a los sectores de ingresos bajos y medios. 

La reforma tributaria también afectó a las empresas, y se dispuso de una exención de R$ 20.000 para el pago del impuesto a las Ganancias sobre utilidades y dividendos. El sistema unificó el tratamiento tributario para el pago de dividendos y salarios. 

Se reformó el impuesto a las Ganancias de capital (renta financiera), y se eliminaron las tasas progresivas por la cantidad de tiempo de dinero retenido en el sistema financiero, la más alta alcanzaba el 22,5%. La reforma introdujo una tasa única del 15% para todas las empresas para 2021, 12,5% para 2022 y presupuesta una alícuota del 10% para 2023 (ahora puesta en duda tras la elección de Lula da Silva).

Se impulsaron dos rebajas sobre el impuesto interno a los productos industrializados, una primera del 25% en abril de 2021 y más tarde otro 35% en agosto de 2022. Se trata de un impuesto extremadamente distorsivo y con sesgo anti-exportador, que grava los bienes domésticos con tasas que varían de entre el 0% y el 300% sobre más de 9.000 categorías. Su reducción supuso un gran impulso a la oferta agregada del país. 

Bolsonaro aprobó una histórica reducción del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), en el segmento aplicado a combustibles, energía, telefonía e internet. Antes de la reforma, cada Estado local podía imponer una alícuota del ICMS entre el 18% y el 35%, y después la reforma el margen quedó fijado entre 17% y 18%

Asimismo, el Gobierno federal eliminó el impuesto al gas licuado de petróleo (GLP) desde marzo de 2022. Las medidas permitieron una histórica rebaja en el precio de los combustibles y un ordenamiento de los precios relativos en la economía, incluso soportando los sucesivos shocks de oferta por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Disciplina monetaria

Bolsonaro firmó la Ley de Autonomía del Banco Central en febrero de 2021, dándole así a la autoridad monetaria del país las herramientas necesarias para controlar la inflación con independencia del poder político de turno.

Los mandatos del Presidente del banco central fijados por la ley no se ajustan a los mandatos políticos. De esta manera, se garantiza que cada jefe de Estado tenga que convivir con un liderazgo del banco central heredado de su predecesor, y este condicionante deberá ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar la política fiscal. Se prohíbe explícitamente el despido de un Presidente del Banco Central sin causa.

Las mayores garantías legales para la independencia monetaria y la fuerte responsabilidad fiscal por parte del Gobierno, permiten que Brasil no tenga riesgos de dominancia fiscal. La inflación respondió positivamente, ya que se potenció el efecto de la política monetaria del banco central al verse fortalecida su reputación. 

Los precios minoristas dejaron de subir a partir del mes de julio, promediaron un aumento mensual promedio del -0,09% hasta noviembre, y la inflación interanual se derrumbó del 12,1% en abril de 2022 al 6% en el mes de noviembre. Las metas del banco central se volvieron creíbles y la inflación se acerca al target de 5% para diciembre.

Inflación y tasa SELIC de política monetaria en Brasil desde 2012.

Privatizaciones

El Gobierno concretó la exitosa privatización de cientos de empresas públicas, un saldo de hasta 115 entidades sólo hasta agosto de 2021, y el proceso continuó sin interrupción a lo largo del 2022.

La gigante eléctrica Eletrobras fue transferida a manos privadas en junio de 2022 por un monto de US$ 6.855 millones. Fue la privatización más importante de la historia de Brasil en 30 años, vendiéndose hasta el 55% del paquete accionario de la empresa. 

Se aprobó la privatización de Correios, una de las empresas más grandes del país y de Sudamérica en su rubro. Fueron privatizadas hasta 30.400 hectáreas de parques nacionales, el Ministerio de Infraestructura celebró la venta de 28 aeropuertos a lo largo y ancho de Brasil con plazos de concesión de 30 años

Las autoridades portuarias de Brasil fueron privatizadas, y el Ministerio de Economía implementó contratos de concesión de 35 años en las subastas celebradas con las empresas interesadas en la inversión. 

Bolsonaro dio luz verde para la histórica privatización de la empresa Petrobras, pero la operación fue detenida tras los resultados electorales y la falta de confianza de los inversores por una casi segura reversión tras la asunción de Lula da Silva en 2023. 

Desregulación de la economía

El Presidente llevó adelante la desregulación general de los mercados, como así lo indica el índice de Calidad regulatoria del Banco Mundial. La desregulación más importante fue llevada a cabo sobre la legislación laboral.

Bolsonaro introdujo modalidades flexibles de contratación para impulsar la formalización del trabajo. El Régimen Especial de Calificación e Inclusión Productiva (REQUIP) apuntó al empleo de personas jóvenes, eliminó la obligatoriedad del aguinaldo y el aporte obligatorio al seguro de desempleo.

El Programa Primera Oportunidad y de Reinserción en el Empleo (PRIORE) apuntó a las personas jóvenes y mayores de 55 años. Se creó una modalidad flexible que elimina cargas sociales por hasta el 25% de la dotación de personal de una empresa promedio. Los beneficios aumentan cuanto más pequeña es la empresa. 

La tasa de desempleo desestacionalizada cayó al 8,5% en octubre, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos 7 años. Solamente desde el lanzamiento de la reforma se acumuló una caída de más de 4 puntos porcentuales.

Tasa de desocupación de Brasil entre 2012 y 2022.

Apertura Comercial

La administración impulsó la apertura de la economía a través de la eliminación de barreras no arancelarias. Se eliminaron las licencias no automáticas de importación sobre 600 posiciones arancelarias, y se eliminó el uso del “precio de referencia” para la aplicación de todas las licencias restantes, un elemento que en la práctica funcionaba como una barrera antidumping informal.

También se permitieron exenciones impositivas sobre bienes alimenticios y de primera necesidad, acorde a la flexibilidad de la nomenclatura del Mercosur, y se presionó una rebaja del 10% sobre el Arancel Externo Común del bloque comercial

Crecimiento económico y desarrollo social

Las reformas permitieron la recuperación de la actividad económica a su nivel más alto desde el año 2014. Se acumuló un crecimiento del 3,8% sobre el índice IBC-Br entre enero de 2019 y octubre de 2022, el indicador de actividad que elabora el Banco Central de Brasil. 

En 2020 se arribó a la tasa de pobreza extrema más baja desde el año 1980 según las estimaciones del Banco Mundial, sobre un umbral de US$ 2,5 por día ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). 

La tasa de pobreza extrema en Brasil cayó del 5,39% en 2019 al 1,95% para el año 2020, y la cantidad de personas que cayeron bajo esta línea fue de 4,14 millones en el año 2021, frente a las 11,37 millones que había en 2019. La gestión de Bolsonaro logró que más de 7 millones de brasileños pudieran salir de la indigencia.

Evolución del PBI mensual de Brasil en los últimos 10 años.

Brasil

El Congreso de Estados Unidos insta a Alexandre de Moraes a explicar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Brasil

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La Cámara de Diputados de Estados Unidos le dió 10 días al juez de la Corte Suprema aliado de Lula para que explique sobre una serie de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.

Este 21 de junio, el Congreso de Estados Unidos le pidió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, que explique las denuncias que tiene en su contra por violaciones a los derechos humanos en su país, en medio de una investigación a la persecución política de opositores brasileros.

Es por eso que este jueves, el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el republicano Chris Smith, envió una carta directamente al juez Moraes, instándole a contestar, en un plazo máximo de 10 días, una serie de preguntas relacionadas con todas las denuncias que fueron expuestas durante una audiencia, llevada a cabo el mes pasado en el Congreso estadounidense.

El 7 de mayo presidí una audiencia pública de la subcomisión titulada ‘Brasil: ¿Una crisis de democracia, libertad y Estado de Derecho’?”, comienza relatando la carta de Smith. “El objetivo de esta audiencia era debatir los alarmantes informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por funcionarios brasileños, entre ellas la mala conducta judicial, la persecución de la oposición política, la supresión de la libertad de expresión y el silenciamiento de los medios de comunicación de la oposición”, continúa. 

Los testimonios ofrecidos en la audiencia aportaron hechos y pruebas creíbles y fundamentadas sobre estos problemas, y dibujaron un panorama profundamente inquietante del estado de la democracia y los derechos humanos en Brasil. La audiencia ha suscitado gran preocupación entre los miembros del Congreso de Estados Unidos por el estado de la democracia en Brasil”, sentencia la misiva. 

En la audiencia a principios de mayo, testificaron cuatro personas, tres de las cuales fueron víctimas de las políticas de censura llevadas a cabo por el juez aliado de Lula. Entre ellos se encontraba el periodista Michael Shellenberger, quien investigó a fondo el tema de la censura en Brasil durante años e hizo viral la evidencia revelada en los Twitter Files a través de un extenso hilo en X a principios de abril.

También testificaron en contra de Moraes el periodista brasilero Paulo Figueiredo, exiliado actualmente en Estados Unidos por haber sido muy crítico contra el gobierno de Lula, que le valió una fuerte censura por la Corte Suprema en todas sus plataformas de redes sociales, además de que su patrimonio fue bloqueado.

A su vez, Christopher Pavlovky, empresario dueño de la plataforma de videos canadiense Rumble, que fue bloqueada en Brasil en 2023 por orden del STF por publicar contenido disidente del gobierno; y el académico brasileño Fabio de Sa e Silva, profesor en la Universidad de Oklahoma, quien está diseñando una investigación comparativa sobre cómo los autócratas en ascenso utilizan la ley para amasar poder y qué se puede hacer para detener sus movimientos.

El presidente del Subcomité expresó que “debido a la gravedad de las cuestiones, y con el fin de garantizar que las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se lleven a cabo sobre la base de información precisa”, le solicita a De Moraes a responder siete preguntas relacionadas con: la existencia actual de censura; la emisión de órdenes para el cierre o suspensión de medios de comunicación en Brasil; y la existencia de medidas de procesamiento o investigación contra parlamentarios opositores al actual gobierno.

También pide respuesta acerca de la observancia del debido proceso legal en investigaciones y procesamientos, incluyendo notificaciones adecuadas a residentes en EE.UU.; el conocimiento de represión transnacional utilizando agencias estadounidenses o internacionales, como el FBI contactando a residentes estadounidenses por órdenes brasileñas; la emisión de órdenes contra empresas o individuos fuera de Brasil; y la exigencia a empresas o personas estadounidenses de cumplir órdenes cuestionables según la legislación brasileña, incluyendo amenazas de acciones legales o bloqueos en Brasil a empresas estadounidenses, como Twitter.

Le ruego respetuosamente que me proporcione una respuesta en el plazo de diez días hábiles, ya que actualmente estoy trabajando en legislación relacionada con este asunto con otros miembros de la Cámara”, concluye la carta de Smith.

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Brasil

Se profundiza la dictadura en Brasil: El juez Moraes ordenó monitorear redes sociales y rastrear usuarios opositores

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La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

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Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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